Investigarán los aportes a la campaña de Cambiemos

Los tribunales federales de Comodoro Py abrieron ayer dos expedientes para investigar si hubo aportantes falsos declarados en las listas de Cambiemos en las últimas elecciones de legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires.

El origen de los dos expedientes fue una nota del periodista Juan Ignacio Amorín en El Destape. De acuerdo con esa publicación, "Cambiemos utilizó el nombre de beneficiarios sociales para blanquear dinero en la campaña". Según la nota, Cambiemos usó al menos a 205 personas que reciben planes sociales (planes Ellas Hacen y Argentina Trabaja) o que están por debajo de la línea de la pobreza y aparecen financiando la campaña oficialista.

Una de las causas se inició por una denuncia de Lucas Schaerer, de la fundación La Alameda (que lidera Gustavo Vera), y le tocó por sorteo al juez Sebastián Casanello ; la otra, la abrió por su cuenta el fiscal federal Jorge Di Lello, el único de los fiscales de Comodoro Py con competencia electoral.

Los denunciados son Esteban Bullrich y Gladys González , que fueron los candidatos a senadores nacionales, y Graciela Ocaña y Héctor Flores, que eran los primeros candidatos a diputados.

Casanello recibió la denuncia ayer y la envió a la fiscalía de Carlos Stornelli para que dictaminara si corresponde abrir una causa.

En cuanto a Di Lello, él decidió iniciar una "investigación preliminar", Le tomó declaración testimonial ayer a Amorín y podría citar a alguno de los supuestos aportantes falsos. Este caso difícilmente se quede en la fiscalía de Di Lello. Por una cuestión de competencia, lo más probable es que, de avanzar, los dos expedientes se unifiquen en la Justicia Federal con competencia electoral de La Plata.

Según El Destape, los aportes sospechados son todos por montos bajos, de 300 a 1500 pesos, y corresponden a aportantes de "Quilmes y otros partidos de la zona Sur y oeste del Gran Buenos Aires".

Fuentes de Cambiemos respondieron ayer que están revisando todos los documentos y que colaborarán con la Justicia. Según dijeron, todos los aportantes cuestionados son afiliados de Pro y no hay ilegalidad alguna en que tuvieran planes sociales, que -afirmaron- les fueron otorgados antes de la llegada de Cambiemos al Gobierno.

Sostuvieron que la ley no exige cruzar aportantes con beneficiarios de planes sociales y dijeron además que el oficialismo dio cuenta en esa campaña de aportes por 86 millones de pesos y que los aportantes cuestionados sumarían cerca de 400.000 pesos.