Javier Milei encabezó la reunión de gabinete en la que hubo dos temas excluyentes: la pulseada con los piqueteros y el mega decreto

La tercera reunión de gabinete de la semana, que fue encabezada por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, fue de las más breves desde que comenzó el nuevo gobierno. Duró poco más de una hora y tuvo dos temas excluyentes en la agenda: la manifestación que agrupaciones piqueteras vinculadas a la izquierda protagonizarán por la tarde, en lo que será el primer desafío callejero a la gestión, y el megadecreto con la reorganización de distintas áreas del Estado que el Presidente presentará por cadena nacional, a las 21.

“Fue una reunión acotada por las circunstancias del día. Analizamos la situación sobre el operativo de seguridad sobre lo que ocurra hoy, y además se definió la publicación del decreto y la cadena nacional de Javier Milei”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni ante la consulta de LA NACION, en la conferencia de prensa posterior al encuentro entre el Presidente y sus ministros, en el que solo faltó la canciller Diana Mondino, de gira oficial por Francia.

Sin dar mayores precisiones sobre el DNU-afirmó que “no habrá ningún detalle” oficial hasta que hable el Presidente-, Adorni centró sus dardos en el Polo Obrero y otros grupos de izquierda combativa que manifestarán su rechazo a las primeras medidas de la gestión, a las que le aplicarán el protocolo anti-piquete anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Los motivos de la convocatoria (se vinculan con) el temor a que pierdan el negocio. Las organizaciones que convocan son las que actúan de intermediarios entre el plan social y los beneficiarios, entendemos que hay un gran negocio”, fustigó el vocero presidencial. Y dio como ejemplo concreto al Polo Obrero, “que maneja una caja de “5461de pesos, extorsionando, o maltratando a la gente que necesita estos planes”, detalló.

Adorni recordó que “el que corta no cobra”, tal como lo advirtiera el lunes la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a cargo del vínculo con las organizaciones sociales a través de la secretaría de Desarrollo Social, donde ubicó a Pablo De la Torre. Enfático, Adorni recordó que hasta las 10.30 se habían recibido unas 8900 denuncias “de aquellos que consideran que están siendo extorsionados” con la quita de su plan, por parte de dirigentes con nombres y apellidos que evitó precisar “hasta terminar de procesar todas las denuncias”.

“Se va a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para pulverizar este tipo de acciones por parte de los que se quedan con el negocio de la política, utilizando a quienes necesitan”, dijo Adorni en el final de su también breve conferencia de prensa, que duró 15 minutos.

“Somos un gobierno de diálogo abierto”, dijo Adorni cuando le consultaron por las críticas de la CGT a las modificaciones a la ley laboral que contiene el decreto que verá la luz hoy y que será publicado horas después en el Boletin Oficial. “Tienen el derecho de judicializar lo que consideren, la secretaría de Trabajo está en comunicación con los gremios”, destacó Adorni, ante las amenazas de algunos dirigentes sindicales de judicializar eventuales medidas.

Vínculos con el peronismo

En relación al comunicado crítico de los gobernadores peronistas, luego de la reunión de ayer con el Presidente, Adorni destacó a LA NACION que “la reunión fue en excelentísimos términos, y la vocación al diálogo estuvo en todos”. De todos modos, sostuvo que “cada uno tiene que expresar lo que siente, y hay que seguir avanzando sobre los puntos en los que no hay un cien por ciento de acuerdo. Entiendo se limarán las diferencias que pudiesen ocurrir”, afirmó.

Según pudo saber LA NACION, cerca de gobernadores peronistas, como el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, se quejaron por el tono crítico del comunicado conjunto, en el que fustigaban la devaluación del peso y la propuesta de volver a bajar el piso para el pago del impuesto a las ganancias. “Fueron Axel (Kicillof) y Gildo (Insfrán), que están en otra pelea”, susurraron cerca de mandatarios peronistas que pretenden mantener buenos vínculos con el nuevo gobierno nacional, al menos en sus primeros días de gestión.

Convencido de las dificultades que tendrá para gobernar en un contexto de crisis, el gobernador bonaerense ya mostró los dientes en dos direcciones. Ayer por la mañana, instruyó a su funcionario de confianza, Carlos Bianco, para que pida públicamente $10.000 millones al Gobierno para paliar los efectos del desastre climático, en un pedido que hasta el momento no tuvo eco positivo. Por la tarde, según fuentes provinciales, fue el promotor del comunicado crítico sobre las primeras medidas del gobierno. “Sacan fondo del conurbano, sacan el fondo educativo, el fondo de fortalecimiento institucional, las obras, los ATN. Sin todo eso la provincia a duras penas solo paga sueldos”, expresó uno de los miembros del gabinete bonaerense, para justificar la postura de su jefe político.

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