Jueces removidos: la demora en resolver daña la reputación de la Corte Suprema

El caso de los jueces designados para desempeñarse en la Cámara Federal con competencia penal en esta ciudad y removidos de esos cargos por el Poder Ejecutivo, previa intervención del Senado, pende de decisión de la Corte Suprema hace ya semanas. Esto no favorece la consideración del Tribunal por parte de la sociedad. Veamos.

Los involucrados, considerando que el caso posee una gravedad extrema, acudieron hace semanas a la Corte y le solicitaron que resolviera su situación de manera urgente, como permite hacer la legislación vigente.

Al presente, la Corte no ha solucionado el conflicto. Pero en el ínterin, se han adoptado nuevas medidas desde el Poder Ejecutivo y la Cámara de Casación que avanzaron en dirección a la remoción de los jueces de los puestos que ocupaban.

Es decir que, el transcurso del tiempo sin que la Corte decida el asunto ha permitido la acumulación de otras decisiones que funcionan como vallas en una carrera de obstáculos. Cuantas más vallas se levantan, más complicado se hace el recorrido procesal para llegar a solucionar el conflicto.

En este sentido, se lo quiera o no, el solo hecho de la demora en resolver el asunto juega claramente en favor de una de las partes –en este caso el gobierno nacional, que desplazó a los magistrados–, pues a cada día que pasa ve consolidar su maniobra al adoptarse otras resoluciones administrativas y judiciales que son consecuencia de la remoción.

Por otro lado, si hiciera lugar al pedido de los magistrados, la Corte debería correr todos y cada uno de los obstáculos que se fueron alzando en todo este tiempo para finalmente restituir a los jueces a los puestos en los que revistaban. Y, eventualmente, hasta podría ver frustrada esa restitución, como ya le ocurrió en el pasado, en el caso del Procurador General de Santa Cruz.

Aquí no juegan las teorías acerca de la virtud del Alto Tribunal en autocontenerse para no inmiscuirse en temas que la Constitución ha delegado a los órganos políticos. Tampoco juegan las doctrinas construidas en torno del momento oportuno para tomar una decisión u otras relacionadas con esa evitación. Pues dichas teorías tienen en claro que hay decisión: la de resolver que el Tribunal no es quien tiene que decidir esos temas o no es este el momento para hacerlo o el caso traído no es de aquellos que la Constitución le ha confiado.

Aquí, el problema es que no hay decisión en ningún sentido: por las razones que sean, el caso no se ha resuelto.

Entonces, si volvemos al tiempo que la Corte ha dejado transcurrir sin resolver este grave conflicto advertimos que esa demora tiene otras consecuencias dañosas.

A mi ver, esa demora –que se suma a otras, como la falta de decisión del caso de la inconstitucionalidad de la ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que lleva años sin resolver y que contrasta con los nueve días que le tomó resolver el pedido de la Presidenta del Senado para sesionar virtualmente– facilita que, entre tanto, la opinión pública especule, como lo hace, acerca de las razones por las cuales todavía no se ha decidido la cuestión. Y esto no le hace bien al más alto tribunal federal del país puesto que esas especulaciones generalmente envuelven a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en consideraciones políticas, versiones de todo tipo (hasta las más abyectas) que deterioran la credibilidad y la legitimidad del cuerpo y las de las decisiones que él adopte.

Ese deterioro, vale recalcarlo, trasciende la siempre contingente persona de sus integrantes y lesiona gravemente al Tribunal. Por ello urge que se adopte una decisión de fondo de una buena vez. La demora, las cavilaciones y las especulaciones a que ella da lugar están produciendo mucho daño a la reputación de la Corte que, de persistir, puede erosionar, inclusive, la decisión misma que mañana adopten, sea cual fuere.

*El autor es constitucionalista