Jueces trasladados: la escalada del caso que agudizó las internas en la Corte Suprema y puso en alerta al Gobierno
El destino de tres jueces trasladados se convirtió en un problema para la Corte Suprema. El tema agudizó sus internas y escaló hasta ponerla en el centro de la escena política más que ningún otro caso de los últimos tiempos.
Generó, además, una reacción airada de Alberto Fernández, que el viernes no solo cuestionó a Carlos Rosenkrantz, el presidente, detrás de quien dice ver la sombra de Mauricio Macri, sino que golpeó también a la principal aliada del Gobierno en la Corte, Elena Highton, con el tema que dentro del tribunal ella asumió como propio: el trabajo por la igualdad de género. "Innecesario", admiten hoy dentro del Gobierno. Highton fue la única ministra que asistió a la presentación del proyecto de reforma judicial de Fernández, un acto en el que el Presidente anunció además la puesta en marcha de la comisión de juristas que tiene como mandato analizar "el funcionamiento de la Corte" y sus "problemas".
La crítica de Fernández no iba dirigida a ella, sino a Rosenkrantz, dicen en el Gobierno. Se quejan de que nunca respondió una nota que la ministra Elizabeth Gómez Alcorta le envió hace meses. Fue Highton, sin embargo, quien elaboró el viernes un comunicado recordando todo el trabajo de la Corte en materia de género. Se lo entregó para que lo difundiera a la presidencia de la Corte; es decir, a Rosenkrantz. Otra ministra, Marcela Losardo, a quien Highton llama su "polla" porque fue su discípula en la facultad, tuvo que oficiar en las últimas horas de gestora de un diálogo entre la jueza y el Presidente para enterrar el episodio.
El problema del Gobierno es con Rosenkrantz, sobre todo después de la jugada extrema del juez del martes pasado. El Presidente de la Corte pretende que el tribunal dé una respuesta en el caso de los camaristas trasladados, pero no podía conseguir siquiera dos votos más para poner el tema sobre la mesa.
Su presidencia, cada vez más vaciada de poder, se había vuelto insostenible. El martes pasado usó una de las pocas atribuciones de su rol y les hizo llegar al correo de sus cuatro colegas la convocatoria oficial a una reunión para tratar el caso de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, trasladados por Mauricio Macri a cargos estratégicos en Comodoro Py y devueltos a sus puestos originales por Alberto Fernández, previa decisión del Senado, donde Cristina Kirchner impuso su mayoría.
El dilema es cómo impactará esta jugada individual en las delicadas relaciones internas de la Corte. Lo único que se garantizó Rosenkrantz es que el martes el tribunal tendrá un foco sobre sí. Ya es público que ese día debe debatir el asunto.
La Corte podría rechazar el per saltum y exhortar a la Cámara en lo Contencioso a resolver el recurso de los jueces (si la Cámara no lo hizo el lunes; en ese caso cambiaría el escenario porque el per saltum se volvería abstracto). Pero la Corte también puede no decir nada. Las facultades del presidente se agotaron en el llamado a la reunión.
A la tensión en las relaciones entre los ministros se suman los problemas logísticos de la pandemia, con dos jueces trabajando desde el Palacio de Justicia (Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda); Highton, desde su casa; Lorenzetti, desde Rafaela y Rosatti, desde Santa Fe. Los fallos se firman sobre papel y el chofer va y viene con los expedientes. Cuando algún documento quedó sin firmar debió retroceder cientos de kilómetros en el tour Buenos Aires-Rafaela-Santa Fe. Todo en medio de intrigas y sospechas.
Maqueda, coinciden dentro y fuera del tribunal, busca mantenerse al margen de los conflictos internos. Fue el único que respaldó a Lorenzetti en la votación en la que Rosenkrantz le ganó la presidencia. Ese triunfo, que dañó la histórica relación de Lorenzetti con Highton, marcó el momento de mayor poder de Rosenkrantz en la Corte. Con Lorenzetti enfrente, el momento duró poco.
La presidencia no había cumplido tres meses cuando Lorenzetti, Maqueda y Rosatti resolvieron que las decisiones administrativas de la Corte iban a dejar de estar en manos del presidente y debían contar con las firmas de al menos tres de los cinco ministros. Durante los once años de la gestión de Lorenzetti al frente del tribunal, estas facultades habían estado en su poder: contrataciones, temas de mantenimiento, vacaciones, licencias.
Pero además, el administrador de la Corte, Héctor Marchi, siguió respondiendo a Lorenzetti. "A Rosenkrantz le cuesta que Marchi le atienda el teléfono", dicen en el Palacio de Justicia y juran que no es figurado.
Si no hubiera dispuesto la Corte esta desconcentración de poder, las últimas presentaciones de los jueces trasladados (consultas de adónde debían ir a trabajar y pedidos de licencia) hubieran sido resueltas con la sola firma de Rosenkrantz y es posible que otra fuera hoy la suerte de los tres.
Lo único claro en el panorama actual es que el silencio de la Corte les juega en contra a Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que ya están fuera de sus cargos. Eso explica tal vez la fuerza del ataque de Fernández a Rosenkrantz. En la Corte, además, da los primeros pasos un caso que puede complicar a la Casa Rosada: la demanda de Horacio Rodríguez Larreta por el recorte de la coparticipación.
En el Gobierno se muestran esperanzados, sin embargo, con el resultado final del caso de los trasladados. Creen ver además, en el fallo de esta semana que dejó firmes las condenas por la tragedia de Once, una señal. "¿Por qué trataron Once ahora? La Corte envía el mensaje de que no es kirchnerista. Puede ser el clásico: una de cal y una de arena", especulaban desde un despacho oficial, con más optimismo que certezas.
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