Juicio a la cúpula de Luz y Fuerza en Córdoba: el fiscal pidió penas de hasta 10 años por un perjuicio de US$220 millones
Los líderes del sindicato están acusados de integrar una asociación ilícita que realizaba estafas y lavado de activos; era dinero de una caja para jubilados y pensionados
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, Carlos Casas Nóblega, pidió 10 años de prisión para el exsecretario general de Luz y Fuerza-Córdoba Gabriel Suárez y nueve años y medio para el actual titular, Jorge Molina Herrera. Ambos están acusados de encabezar una asociación ilícita dedicada a desviar fondos sindicales, estafar al sindicato y lavar activos entre 2011 y 2019.
Después de los alegatos que comenzarán los próximos días, la sentencia llegaría la primera semana de diciembre. Para la Fiscalía, el perjuicio económico rondó los US$220 millones.
Para Suárez, además, la Fiscalía pidió ocho años de inhabilitación y multa de $15,6 millones y para Molina Herrera, el mismo plazo de inhabilitación y multa de $67,5 millones. Para Fernando Navarro, quien manejó las arcas del sindicato en el período cuestionado, la pena requerida es de 9 años y 6 meses de prisión, inhabilitación por ocho años y multa de $12,6 millones.
Para el resto de los acusados -Daniel Edgardo Lozano, Roque Daniel Tapia, Alexis Daniel Fidelbo, José Ramón Galván y Yanina Victoria Molina- los pedidos de pena van entre 5 años y seis meses, y tres años.
Casas Nóblega, en su alegato, planteó que “existió un desvío intencional de cheques para obtener retornos”. Los imputados usaron dineros del Fondo Compensador para jubilados y de la Obra Social, a través de cheques que libraban ellos, emitidos a proveedores verdaderos y ficticios que, con los endosos, perdían la trazabilidad. Eran cobrados en el Banco de Córdoba y el Banco Nación.
El Fondo Compensador nació en 1975 cuando la Epec (empresa provincial eléctrica de Córdoba) absorbió personal de lo que era Obras Sanitarias. Entonces se diseñó ese esquema para atender las diferencias remuneratorias entre las jubilaciones de unos y otros.
El plan se fue extendiendo en el tiempo y nunca se deshizo, aunque ya no quedan activos exObras Sanitarias. La discusión de que se mantenga el fondo no se dio nunca: se nutre de aportes de los empleados y de la empresa. En 2018, el sindicato dejó de pagar compensaciones a los jubilados aduciendo que no quedaba más dinero.
La causa judicial se inició a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que derivó en una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Habían detectado “movimientos financieros sospechosos” desde 2012 por parte de integrantes del Sindicato de Luz y Fuerza. En 2021, la Justicia ordenó el procesamiento.
En el caso del lavado de activos, en la causa quedaron bajo la lupa inversiones inmobiliarias, compras de autos y de divisas. Un punto clave de la investigación fue cuando Molina Herrera, en 2012, compró fichas en casinos por $13 millones.
Cuando la causa se elevó a juicio, Casas Nóblega equiparó la situación a la del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), intervenido en febrero de 2020. Sus líderes Mauricio Saillén y Pascual Catrambone estuvieron detenidos y están acusados de asociación ilícita y administración fraudulenta.
Para la Fiscalía, “los imputados, valiéndose de sus funciones y facultades legales conferidas para administrar y distribuir los saldos del Fondo, habrían desviado dichos fondos hacia diferentes destinos, perjudicando a los jubilados y los pensionados que deberían haber recibido ese dinero”.
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