Juicio por YPF: el jefe de los abogados del Estado durante el macrismo se refirió a la decisión de la jueza Loretta Preska

“A mí no me gusta. No me gusta que se entre a la intimidad de funcionarios argentinos que están tomando decisiones relevantes para el país”. De ese manera, el exprocurador del Tesoro durante el macrismo, Bernardo Saravia Frías, se refirió al pedido de la jueza Loretta Preska de acceder a chats y conversaciones de altos funcionarios en el marco de la causa por la expropiación de YPF en 2012. “Sé también que hay que cumplir las órdenes de la justicia”, matizó el abogado.

Fue durante su paso como orador invitado en un almuerzo organizado por el tradicional Rotary Club en el centro porteño. El exfuncionario expuso sobre el caso YPF que tramita en los Estados Unidos, contó su experiencia como jefe de todos los abogados del Estado durante el macrismo y sostuvo que el país, en este momento, debe dirigir sus esfuerzos en delinear una estrategia que apunte a reducir los más de 16.000 millones de dólares que impuso como indemnización la jueza Preska y a deslindar a la petrolera del Estado, para evitar embargos.

“La causa en primera instancia está perdida. Creo que no tenemos que perder ni energía en este momento con la jueza Preska. Nuestra energía tiene que estar en la Cámara de Apelaciones”, dijo Saravia.

El exfuncionario ofreció un discurso cuidado, que mezcló altas dosis de pragmatismo con aspectos técnicos y cierta luz de esperanza, por lo que considera son “errores técnicos” y de “actualización” en la determinación del monto a pagar.

“El tipo de cambio que aplica la jueza es el del momento del dictado a la sentencia y no el del momento del incumplimiento. Hay una diferencia sustancial que le hace achicar el monto enormemente”, advirtió, y agregó: “Si se aplica adecuadamente el tipo de cambio, por más que nos condenen, no estamos hablando de esa cifra sideral”.

“Se suma algo que hace reducir más el monto, que es la tasa aplicable. Son dos argumentos muy simples, pero tan potentes, que por lo menos nos llevarían a otra situación”, sumó.

“Boca cerrada”

La última decisión de la jueza Preska de acceder a conversaciones entre funcionarios se dio en el marco de un discovery, una instancia judicial de amplia apertura de pruebas. Corrió en línea con la estrategia del fondo Burford, que apunta a demostrar que las empresas argentinas carecen de autonomía operativa y financiera y se comportan como una extensión del Estado.

El fondo adquirió ante la Justicia española una parte de los derechos para litigar del grupo Petersen -perteneciente a la familia Eskenazi- en el marco de un proceso de quiebra, luego de que YPF dejara de girar dividendos tras la expropiación. La intención de Burdford es poder embargar activos soberanos.

“Son dos sociedades separadas”, contrastó Saravia Frías. “El Estado, si bien es accionista y tiene incluso el control mayoritario, es [distinto] a una empresa que cotiza en bolsa”, dijo respecto a YPF. “Es una cuestión independiente. El problema es que ya la jueza ha dado una orden de entregarle el 51% a la acción”, explicó.

“No hay varitas mágicas, ni ábrete sésamo. La concentración y la estrategia debe estar en los alegatos. Es allí donde se va a definir el destino del juicio, y créanme que soy optimista”, dijo, aunque advirtió que durante el desarrollo de pleito hay que “mantener la boca callada”, en alusión indirecta a posibles declaraciones públicas que puedan chocar con esta estrategia.

“Es un proceso en curso y uno no puede descuidar el objetivo principal que, a mi gusto, tiene que ser reducir el monto de esta sentencia, porque son 16.000 millones de dólares...”, remarcó en varios tramos de su discurso.

Al ser consultado por la periodista Clara Mariño −quien ofició de moderadora− sobre los responsables del derrotero judicial adverso, el exfuncionario se refirió de modo elusivo a la “tercera fase” del proceso histórico que delineó en su introducción, donde describió el proceso de expropiación por parte del “kirchnerismo” en 2012, cuando se incumplió con un artículo del estatuto de la compañía que establece que si alguien compraba más del 15% de la empresa, debía realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el resto de las acciones, algo que no ocurrió.

“Ahí está la responsabilidad técnica jurídica, técnica económica y política”, se limitó a señalar. El entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, que no fue nombrado por Saravia Frías, en un debate sobre el proceso de expropiación sostuvo que hubiese sido “estúpido” respetar el estatuto de la empresa. Sus declaraciones forman ahora parte de los elementos presentados por el fondo Burford.

El exfuncionario también ofreció una respuesta lacónica a la pregunta por la marcha de la causa penal en la justicia local, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo. “Digamos que avanza lentamente, para ser elegantes”, devolvió, despertando una corta ola de aplausos entre los comensales.

Saravia Frías dejó buenas sensaciones entre los más de 100 rotarios que lo escucharon en un salón del Hotel Libertador. Algunos destacaron su poder de “síntesis” para bosquejar un recorrido histórico de la empresa; otros su “sólida” formación jurídica; y algunos, incluso, su “gracia salteña” para exponer, condición que el propio Saravia Frías confesó intentar utilizar a su favor ante la jueza Preska, durante su primer encuentro. “Intenté hacer unos mayores despliegues de libre simpatía salteña”, deslizó.

Durante su charla, el exfuncionario fue crítico respecto al impacto que tuvo el ingreso de la familia Eskenazi a la compañía -cuyos recursos fueron redireccionados- aunque evitó machacar sobre los presuntos errores no forzados del pasado y puso el foco en gestionar los daños. “Uno tiene que despojarse de eso y poner la cabeza en evitar que la sentencia sea completa condena. En este caso y en muchos otros casos se trata de defender al Estado argentino, que va más allá de los gobiernos”, indicó sobre el cierre.

Por Federico González del Solar

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