
La acción de D Elía causa inquietud en Corrientes
La venta de tierras a un extranjero abrió un fuerte debate
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CORRIENTES.- La polémica desatada por la apertura forzosa de tranqueras en los campos del norteamericano Douglas Tompkins, en el corazón de los Esteros del Iberá, halla raíz en la sospecha que abrigan muchos sectores de la sociedad correntina, convencidos de que el inversor forma parte de un proceso de extranjerización de los recursos naturales de la Argentina, con daños colaterales como el aislamiento en el que se encuentran los pobladores del paraje Yahaveré.
El subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, Luis D Elía, cortó cadenas y candados de cuatro tranqueras como respuesta al reclamo que hace tiempo vienen haciendo las 150 familias radicadas en la zona, impedidas de utilizar caminos vecinales históricamente abiertos para el tránsito de los lugareños.
Pero también los empellones del funcionario ex piquetero aparecen enlazados con la cuestión de fondo: el debate que mantienen legisladores, productores y entidades intermedias de Corrientes acerca de si las más de 200.000 hectáreas adquiridas por Tompkins se convertirán en una reserva natural declarada patrimonio de la humanidad por las Naciones Unidas, o terminará en manos de corporaciones extranjeras interesadas en explotar los millones de litros de agua dulce que guarda el Acuífero Guaraní.
Lo de D Elía fue más un golpe de efecto para estimular el debate en el orden nacional, dado que piensa presentar un proyecto de ley para expropiar tierras a extranjeros de intenciones dudosas, como es considerado Douglas Tompkins. En ese plan, la defensa del derecho a circular por caminos abiertos dentro de las estancias es un punto más de la estrategia, que tiene muchos adeptos en Corrientes.
Argumentos
Una de ellas es la diputada nacional Araceli Méndez, del Partido de la Victoria. "Nadie discute que Tompkins sea dueño de los campos, pero sí objetamos que cierre los caminos que históricamente fueron utilizados por las familias humildes de la zona, porque existe una ley de servidumbre de uso, que obliga al propietario de una estancia a permitir el tránsito vecinal cuando se presentan situaciones como la de Yahaveré, que está en su propiedad pero funciona como una comunidad autónoma, con cementerio y todo", dijo a LA NACION.
El apoderado de Tompkins en Corrientes, Jorge Leconte, negó que el paraje Yahaveré se encontrara en los dominios del empresario norteamericano, pero los legisladores que entienden en el problema aseguran lo contrario. En realidad, la Dirección de Catastro de Corrientes tiene tantos datos confusos en sus registros que hasta resulta difícil saber dónde termina una finca y dónde empieza otra.
El gobernador de Corrientes, Arturo Colombi, prefirió no atender a D Elía en su paso por la provincia, pero la voz del gobierno local se oyó de todos modos.
El subsecretario de Municipios, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, Bernardo Quetglas, señaló a LA NACION que la realidad de los pobladores de Yahaveré sólo podría destrabarse mediante una concienzuda consulta a los archivos de catastro de la provincia, pero también con la intervención de la Justicia, que "debería definir si en el caso que es noticia por estos días se puede aplicar la servidumbre de uso".
La controversia por ahora parece no tener fin. Desde el momento en que adquirió las tierras, Tompkins enfrentó la resistencia no solamente de los pobladores pobres "encerrados" en sus campos, sino también de ganaderos y arroceros a los que intenta expulsar con la ayuda de organizaciones ecologistas.
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