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La Argentina condenará violaciones de derechos humanos en Irán y Venezuela en las Naciones Unidas
El representante argentino en el Consejo de Derechos Humanos avalará el viernes un informe que acusa al régimen de Teherán por “crímenes contra la humanidad” que afectaron a mujeres y niños; la semana que viene también habrá condena para el régimen de Maduro por detener opositores
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LA NACIONJaime Rosemberg
En solo cinco días, la diplomacia argentina sentará posturas de condena a Irán y Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra. Según pudo saber LA NACION, el representante argentino, Carlos Foradori, avalará este viernes el lapidario informe de una comisión especial de investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno iraní desde 2022. El martes próximo, la representación argentina también mostrará una postura crítica con Caracas, antes de los comicios del 28 de julio en los que Nicolás Maduro buscará un nuevo período en el poder.
En coincidencia con el día internacional de la Mujer, y a días de cumplirse un nuevo aniversario del atentado terrorista contra la embajada de Israel en Buenos Aires, una comisión independiente del Consejo, integrada por tres diplomáticos-uno de ellos, la argentina Viviana Krsticevic-, concluyeron luego de un complicado trabajo de campo que en Irán “se cometieron graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional, perpetrados sobre todo contra mujeres y niñas” durante y después de las protestas que comenzaron el 16 de septiembre de 2022 en el contexto del movimiento “Mujer, Vida, Libertad”, que brega por la vida y los derechos de la mujer y las minorías en Irán. Será ese el informe que Foradori avalará en su ponencia, el viernes.
El informe, llevado a cabo fuera de los límites de Irán-que no permitió el ingreso de la comisión a su territorio-incluye conclusiones “sobre la muerte bajo custodia de Jina Mahsa Amini” y otras graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen iraní “contra manifestantes y otras personas, incluso sobre el uso de la fuerza, los arrestos y detenciones, el trato en detención, espacio digital y procesos judiciales relacionados con las protestas”. El texto, al que accedió LA NACION, concluye con una evaluación de la “responsabilidad” del Estado iraní por las violaciones encontradas y recomendaciones, incluidas una rendición de cuentas y reparaciones económicas.
Sin la mínima cooperación de Irán,-el informe detalla que se enviaron veinte cartas solicitando permiso para desarrollar la tarea-la comisión (que también integraron Sara Hossain, de Bangladesh, y Shaheen Sardar Ali, de Pakistan), sin respuesta alguna. También aclara, a modo de descripción del contexto, que las “restricciones impuestas por el gobierno iraní “que afectan a las redes fijas y móviles”, tuvieron como objetivo la “vigilancia electrónica y acoso e intimidación de víctimas, testigos y sus familias dentro y fuera del país”, hecho que provocó “un miedo generalizado que disuadió a muchas personas de comprometerse con la misión”. En julio del año pasado, Irán y el vecino Bolivia firmaron un amplio acuerdo “de cooperación en el ámbito de la seguridad y la defensa”, que precisamente y según trascendió incluía asesoramiento en el área de comunicaciones, lo que motivó pedidos de informes de la oposición al entonces gobierno de Alberto Fernández. El avance de ese acuerdo preocupa al gobierno de Javier Milei.
Cabe recordar que el vínculo entre la Argentina e Irán está reducido al nivel de encargados de negocios. Irán jamás respondió a los requerimientos de Interpol y la justicia argentina para que ex y actuales miembros del gobierno expliquen su participación en el atentado a la AMIA, de julio de 1994, perpetrado según la Justicia por Hezbollah, grupo terrorista financiado por Teherán.
Volviendo al informe, la comisión recuerda que quienes protestaron contra el régimen iraní eran considerados “alborotadores” o “agentes del enemigo”, y de esa manera fueron tratados. Considera, según fuentes propias, que “una cifra creíble” es de 551 personas asesinadas, “entre ellos hasta 49 mujeres y 68 niños”, como respuesta ante las manifestaciones de protesta. ¿Detenidos? El informe cita a organizaciones de derechos humanos, para afirmar que el número de personas detenidas durante las protestas “pueden llegar a 60.000″. Y detalla que, según las propias autoridades iraníes, la edad promedio de los detenidos fue de 15,7 años. El “arresto de niños”, detalla el informe, alcanzó al centenar, sufriendo muchos de ellos abusos comprobados, sin pruebas en su contra, y en muchos casos sin dar aviso a sus padres. “La misión encontró varios casos de muertes bajo custodia como resultado de torturas”, sostienen los firmantes del informe, que será presentado ante el plenario del Consejo-que integran los 47 países miembro, entre ellos la Argentina-entre el viernes 15 y el 18 de este mes. Allí, Irán tendrá la posibilidad de defenderse y dar sus puntos de vista, según informaron a este diario desde Naciones Unidas.
La defensa no será, por lo visto, sencilla. Luego de detallar los repetidos casos de violencia sexual contra las detenidas, el informe recuerda el uso de la pena de muerte por parte de las autoridades iraníes para repeler las protestas civiles. “Si bien el Gobierno no ha proporcionado información sobre el número de sentencias de muertes impuestas a manifestantes, hay información creíble de que hasta enero de 2024, los tribunales habían dictado sentencias de muerte contra al menos 28 personas en relación con las protestas. De esos 28 individuos, 9 jóvenes fueron ejecutados en diciembre de 2022, enero, mayo, noviembre y diciembre de 2023 y enero de 2024, mientras que, según se informa, al menos otros 6 hombres seguían condenados a muerte, y algunos corrían riesgo de ejecución inminente”, describe el informe en su punto 61.
Mujeres, estudiantes, profesores, abogados y periodistas fueron objetivos de la represión estatal. En este último caso, el informe de la ONU detalla que más de cien periodistas fueron detenidos, arrestados y juzgados, por el mero hecho de cubrir las protestas. “Los periodistas, en particular las mujeres periodistas, se enfrentaron a una intensificación de la difamación, el acoso y los ataques en línea”, concluye el informe. El misterioso envenenamiento de decenas de adolescentes en escuelas estatales, muy activas en las protestas, también es mencionado, acompañado de una evaluación de la “falta de transparencia” de las autoridades educativas al momento de explicar estos sucesos.
“La misión también ha establecido que muchas de las graves violaciones de derechos humanos descritas en el presente informe constituyen crímenes de lesa humanidad, específicamente asesinatos, encarcelamientos, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, persecución, desapariciones forzadas y otros actos inhumanos. que se han cometido como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, concretamente mujeres, niñas y otras personas que expresan su apoyo a los derechos humanos”, concluye el terminante informe, que pide a Irán brindar “justicia, verdad y reparaciones a las víctimas” de las repetidas violaciones a los derechos humanos.
Al no ser vinculante, no habrá votación ni condena efectiva en el Consejo al momento de debatirse el informe, aunque sí se decidirá si la comisión extiende sus tareas por un tiempo más. Desde la ONU afirman que un cambio en la actitud del régimen iraní parece, a estas alturas, poco factible.
Contra Maduro
En relación a Venezuela, el mes pasado otra comisión investigadora expresó su “profunda preocupación por la suerte de un activista de derechos humanos detenido por las autoridades el viernes, e instó al Gobierno a poner fin a una ola de represión contra opositores que se está intensificando en todo el país”. Se referían a la detención de Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, mientras intentaba abordar un vuelo junto a su hija en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, y que lleva más de un mes presa.
La comisión, también integrada por una diplomática argentina, en este caso Patricia Tappatá, se mostró preocupada por las “detenciones y amenazas de detención de miembros de la Comisión Nacional de Primarias, así como de militantes del partido político Vente Venezuela, ganador de las elecciones primarias de oposición, y la inhabilitación para cargos públicos de líderes políticos, incluida la líder opositora María Corina Machado”.
La adhesión argentina a ese informe sumará otro punto en la ya complicada relación del gobierno de Javier Milei con el de Maduro, que prohíbe desde hace una semana el paso de aeronaves argentinas por espacio aéreo venezolano, en respuesta al decomiso del avión de Emtrasur hacia Estados Unidos, con sospechas de haber sido utilizado para acciones de terrorismo.
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