La caída en la recaudación agrava la crisis del PAMI

Hay un punto de coincidencia que, sea cual fuere el interés o la línea interna a que pertenezcan, muestran todos los funcionarios del Gobierno que tienen o han tenido que ver con el PAMI: la obra social de los jubilados, que alberga a 5,4 millones de afiliados, es “deficitaria por definición”. Nunca será viable. De hecho, nunca lo fue: siempre necesitó de la asistencia del Tesoro, incluso durante la administración de Javier Milei, que le destinó unos 800.000 millones de pesos entre letras y aportes convencionales.

Es una verdad irrevocable. Y más desde que se eliminó el impuesto PAIS, que destinaba el 70% de lo que recaudaba al PAMI y a la Anses y, si hubiera seguido vigente, habría suministrado este año a la obra social 2,8 billones de pesos, muy lejos de los 1,6 billones que suman los aportes del Tesoro en 2026. Este desfase general, cuya etapa más visible empezó en noviembre pasado, en sintonía con la caída general de la recaudación, fue planteado semanas atrás en una reunión entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y su par de Economía, Luis Caputo, y de la que participaron varias personas. ¿Hay manera de darle al PAMI 40% más de presupuesto, que es lo que necesitaría para funcionar?, preguntaron del lado de Lugones, y la respuesta del jefe del Palacio de Hacienda fue que no.

Por eso Santiago Caputo, jefe político de toda el área de Salud, responsabiliza internamente a Carlos Guberman, secretario de Hacienda, encargado de ejecutar el ajuste pisando pagos de múltiples áreas. Un modo elegante de señalar al ministro, tío segundo suyo y jefe de Guberman en el organigrama. Es cierto que la encerrona excede largamente el ámbito familiar porque da en el centro del modelo de Javier Milei: si el ministro cediera el 40% de presupuesto que pretende Lugones, ese monto adicional equivaldría al 0,44% del PBI, es decir, se comería entero el 0,3% de superávit financiero que tiene la Argentina.

El PAMI es, por lo tanto, otra manta corta para una administración cuya principal fortaleza, la caída en la inflación, se sustenta en el equilibrio fiscal. De ahí el enorme desafío que tienen por delante Esteban Leguízamo, director ejecutivo, y Carlos Zamparolo, subdirector, que estuvieron a principios del mes pasado muy cerca de renunciar como consecuencia de desacuerdos internos y fueron contenidos por el ministro de Salud. Hasta ahora.

La salida no está a la vista. Aunque haya sectores libertarios que la vienen buscando hace tiempo. Quisieran, por ejemplo, que el PAMI hiciera con algunos gobernadores acuerdos análogos a los que firmó para las obras de vialidad: transferirles los recursos y que sea la provincia la encargada de la atención. Ya tienen algo parecido con Chubut y Catamarca. Ideas que han trascendido desde el sector de Santiago Caputo, enfrentado con los Menem y Karina Milei y donde aceptan el ajuste, pero con objeciones de aplicación: dicen que es lógico que el Ministerio de Economía lleve a veces al límite pagos a proveedores o gastos corrientes, pero que la lógica no debería ser la misma cuando se trata de asuntos tan sensibles como la salud.

Al igual que con el sistema previsional, la pirámide poblacional tampoco ayuda. Por algo que empieza en un aspecto positivo de la realidad, que los seres humanos vivan cada vez más -el PAMI tiene 6000 afiliados de más de 100 años-, pero que incluye al mismo la dificultad estructural de mantener el sistema con los aportes tradicionales: el instituto se nutre del aporte del 3% de los trabajadores activos y de una suma de entre el 3 y el 5% de los jubilados que varía según el monto del haber.

Por eso tantos desacuerdos internos, a los que en el sector de la salud atribuyen las dos renuncias de esta semana: se fueron la síndico general y virtual interventora, María Florencia Zicavo, y Juan Cruz Montero, coordinador ejecutivo. Ambos venían del Ministerio de Justicia durante la gestión de Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, dejaron sus respectivos cargos con la llegada de Juan Bautista Mahiques a esa cartera y recalaron en el PAMI apadrinados por Santiago Caputo. El único reemplazo designado hasta ahora, Verónica Pérez, que ocupará el cargo de Montero, fue dispuesto también por el asesor de Milei. “Sacó Santiago y puso Santiago”, resumieron en el PAMI.

Pero todo indica que varias de las diferencias generales persisten y van a seguir. En la pretensión y en el uso de los recursos, por lo pronto. El presupuesto del PAMI subió desde que asumió Milei un 37,5%, algo irrisorio si se lo contrasta con la inflación, que fue desde entonces de 329%, y lo mismo pasa con los nomencladores, la tarifa que la obra social les reconoce a clínicas, sanatorios, hospitales y prestadores en general, que aumentó este año apenas 8% frente a un IPC del 19%.

¿Cómo no va a haber encontronazos con prestadores como el Sanatorio de Concordia, que tiene 15.000 pacientes afiliados al PAMI y que el fin de semana pasado decidió enviar a las autoridades del instituto una carta documento en la que anticipaba el fin de la atención a ese universo? El PAMI siempre ha tenido, además, históricamente, un área de cobertura superior a la del resto de las obras sociales. Así, por ejemplo, si en una operación con prótesis de rodilla cualquier entidad sindical asume el costo de la intervención más la opción de prótesis más económica y el honorario de médicos para los que con frecuencia recurre al copago, el PAMI asume en cambio el 100% de todo: la operación, el ingreso del profesional y las cinco opciones de prótesis.

Es lógico que esta crisis se sienta en distintos puntos del país y desencadene protestas. La semana pasada, por ejemplo, varias clínicas y sanatorios dejaron de atender entre jueves y viernes, una medida muy similar a la que habían tomado una semana antes durante 24 horas los centros de salud de Río Negro, Chubut, Neuquén y La Pampa. Son conflictos en cuya solución debería considerarse el modo en que están configurados los repartos de poder: las 38 unidades de gestión local y las más de 600 agencias que el PAMI tiene en todo el país están conducidas en muchos casos por autoridades que responden menos a los criterios sanitarios que a los acuerdos de armado territorial libertarios. Es decir, de ese universo que funciona bajo las órdenes de Karina Milei e incluye a Martín y a Eduardo Lule Menem.

Es la razón por la cual del lado de Santiago Caputo miran a veces con desconfianza los paros en las prestaciones. Difícil avanzar o tomar decisiones cuando no está clara ni siquiera la naturaleza de lo que se está discutiendo.

Por Francisco Olivera

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