La Cámara de Diputados no se repone del escándalo de la última sesión y hay riesgo de parálisis hasta fin de año

Diciembre se escabulle y la Cámara de Diputados finaliza el año parlamentario envuelta en un clima de crispación inusitada del que no logra sobreponerse. El escándalo de insultos y acusaciones cruzadas que protagonizaron oficialistas y opositores en la última sesión laceró los códigos de convivencia más elementales, a tal punto que toda la actividad del cuerpo quedó paralizada y sin atisbos de reanimarse.

Hasta ahora los gestos de acercamiento han sido tibios. El martes pasado, Germán Martínez, jefe del bloque oficialista, y su par del radicalismo, Mario Negri, se reunieron en un intento por deponer las armas. Ni al oficialismo ni a la oposición les sirve la imagen de una cámara paralizada por el estigma del escándalo. Martínez propuso celebrar una sesión el miércoles próximo con un temario consensuado: una tregua para apaciguar los ánimos. Negri desconfía: quiere garantías de que el kirchnerismo no usará la sesión para victimizar a Cristina Kirchner por el fallo judicial que la condenó por fraude al Estado. La mecha podría encenderse otra vez en el recinto y todo podría volar nuevamente por los aires, advirtió.

“Me resulta difícil imaginar que en la primera sesión después de la condena a Cristina todos en el kirchnerismo se queden calladitos en sus bancas. ¿Qué nos garantiza que no va a aparecer un [Rodolfo] Tailhade o cualquier otro para acusarnos a nosotros de confabularnos con jueces y fiscales para proscribir a Cristina? Germán tiene la mejor intención, pero el clima está muy tenso; nadie controla”, se sinceró Negri cuando comentó la reunión a sus pares del interbloque de Juntos por el Cambio.

Martínez no se resigna y cree posible –aunque difícil– avanzar en una agenda consensuada si se colocan bajo un paraguas los conflictos no resueltos. Uno de ellos es el que provocó el fallo del juez Martín Cormick al objetar la designación de la diputada radical Roxana Reyes al Consejo de la Magistratura. Acto seguido, la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, suspendió sin plazo el nombramiento de Reyes y de los otros tres representantes del cuerpo al Consejo, lo que desató una ola de repudio de Juntos por el Cambio: para los opositores estaba clara la connivencia entre Moreau y Cristina Kirchner para paralizar el funcionamiento del organismo que designa y sanciona a los jueces.

La reacción estalló de la peor manera, con insultos y acusaciones de tal violencia en el recinto que casi termina a los golpes. Moreau no pudo ser reelegida como presidenta del cuerpo y si bien el reglamento le habilita a que continúe en funciones hasta que no se convoque a una nueva sesión preparatoria, su autoridad quedó irremediablemente mellada, aseveran en la oposición. El Frente de Todos la sostendrá a viento y marea.

Audiencia a la Corte Suprema

Aun ante el riesgo de parálisis parlamentaria, el oficialismo no dará marcha atrás en su decisión de mantener suspendidas las designaciones de los cuatro diputados en el Consejo de la Magistratura. Ante esta resistencia, el bloque radical presentó un amparo para declarar nula la resolución de Moreau. En el ínterin, la conformación del Consejo de la Magistratura quedó trunca sin los ocho representantes de ambas cámaras del Congreso.

Sin embargo, lo que hasta la semana pasada parecía una estrategia exitosa del oficialismo para paralizar el Consejo y dejar de manos atadas a su presidente, Horacio Rosatti –en la mira de Cristina Kirchner–, finalmente resultó no ser tal.

“Queremos que el Consejo de la Magistratura se integre cuanto antes y funcione como corresponde”, reclamaron al unísono diputados y senadores oficialistas en una conferencia tras conocerse el fallo condenatorio a la vicepresidenta. ¿Moreau dará marcha atrás con el freno a la designación de los cuatro representantes al Consejo? La respuesta es, por ahora, negativa. Martínez lo explica: “Hay un fallo del juez Cormick que no podemos desoír. Por eso pedimos una audiencia con los jueces de la Corte Suprema”. El diputado entiende que debe ser el supremo tribunal el que defina qué criterio impera a la hora de constituir la representación parlamentaria en el Consejo. “Si no lo hace, el Consejo continuará paralizado como así también la Cámara de Diputados”, advierte.

En la agenda parlamentaria hay temas de relativa urgencia que el oficialismo quiere aprobar. Uno de ellos es el proyecto del Poder Ejecutivo que propone actualizar la ley de lavado de activos para adaptarlos a los estándares internacionales del GAFI, que el año próximo enviará una delegación para revisar el cumplimiento de la normativa en nuestro país. También está pendiente una nueva moratoria previsional –la actual vence el 31 de este mes–; si el Congreso no reacciona, el Gobierno podría apelar a un nuevo decreto de prórroga.

La mayor urgencia, en rigor, está focalizada en el nuevo blanqueo de capitales que planea instrumentar el año próximo el ministro de Economía, Sergio Massa, luego de firmar el acuerdo de intercambio de información tributaria con los Estados Unidos. Ávido por conseguir dólares que robustezcan las reservas del Banco Central, Massa apuesta a poner en marcha el blanqueo cuanto antes. El proyecto todavía no está listo, anticipan desde el Ministerio de Economía, pero esperan enviarlo en los primeros días del año próximo. Sin embargo, mientras oficialistas y opositores no depongan su confrontación y logren restañar las heridas, esta iniciativa se acumulará entre las tantas que siguen pendientes de aprobación en el Congreso.

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