La Cámara Federal apartó a la UIF de la causa judicial por Papel Prensa

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18 de julio de 2014  • 12:52

La Unidad de Información Financiera(UIF), que dirige José Sbattella, no podrá ser querellante en la causa por Papel Prensa, según lo resolvió la Cámara Federal, al ratificar la decisión del juez federal Julián Ercolini, a cargo del caso. También avaló el rechazo de Ercolini a imponer un "embargo preventivo" pedido por la UIF a los imputados en la causa.

Según la resolución, la UIF "no indicó cuáles serían esas pruebas" en base a las cuales imponer el embargo "ni cuál sería el monto que debía quedar afectado a la diligencia, ni identificó el suceso concreto ni el peligro en la demora qu ela justificaría con carácter previo a una resolución sobre la situación procesal de quienes fueron imputados en la causa".

"Tampoco proporcionó precisiones respecto de las personas que -a todo evento deberían soportar los embargos pretendidos", sostuvieron los camaristas Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.

"Para mayor perplejidad, a la hora de formular el petitorio" la UIF"requirió que se conceda el recurso de apelación, que se revoque el auto impugnado y que se lo tenga por parte querellante, pero nada dijo sobre este particular punto de la controversia", establece la resolución a la que tuvo acceso LA NACION.

Por ello, la Cámara declaró "mal concedido" el recurso de apelación en lo referido al embargo. Y sobre la pretensión de ser querellante, avaló a Ercolini cuando rechazó el pedido. "El recurrente omitió especificar cuál sería la maniobra concreta de lavado de activos de origen ilícito -que asu juicio- respaldaría la pretendida intervención en el expediente", consideró la Cámara.

En medio de una fuerte pelea con Clarín y LA NACION, en 2009, el Gobierno lanzó una fuerte embestida y acusó a los directores de Clarín y de LA NACION de haber cometido delitos de lesa humanidad para comprar la planta donde se fabrica papel para diario. La operación de compraventa de Papel Prensa se concretó en noviembre de 1976, tras dos meses de negociaciones entre abogados del Grupo Graiver y de los diarios Clarín, La Razón y LA NACION. Al momento de realizarse la adquisición, la familia Graiver estaba libre y sólo fue secuestrada por la dictadura en marzo de 1977.

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