
La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cossio
El ex titular de la DGI fue responsabilizado por administración fraudulenta
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La Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento y embargo del ex titular de la DGI Ricardo Cossio, del ex presidente de la filial argentina de IBM Ricardo Martorana y de otros 14 ex funcionarios y ejecutivos por irregularidades cometidas en la millonaria contratación de un sistema informático para el organismo recaudador durante el gobierno de Carlos Menem.
Los camaristas Raúl Vigliani y Martín Irurzun ratificaron los procesamientos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado reiterada que dictó el 10 de agosto de 2001 el entonces juez y ahora camarista federal Gabriel Cavallo.
También dejaron firme un embargo de 2,5 millones de pesos trabado sobre los bienes de Cossio y los $ 2 millones impuestos sobre los de Martorana, el ex vicepresidente de operaciones de IBM Gustavo Soriani y el ex directivo de Consad Juan Carlos Cattáneo, entre otros.
Los acusados en el affaire IBM-DGI quedaron así a un paso del juicio oral y público, aunque algunos intentarán cambiar su suerte en la Cámara de Casación o en la Corte Suprema, dijeron fuentes judiciales.
Profundizar la pesquisa
En una extensa resolución, los magistrados ordenaron que "se profundice la investigación respecto de conductas de quienes cumplieron funciones en representación del Estado, jerárquicamente superiores a las personas procesadas en esta oportunidad". Los contratos investigados se celebraron en 1994 y 1995, cuando Domingo Cavallo estaba al frente del Ministerio de Economía.
La Justicia ya constató el mismo modus operandi en las causas en que se investigan los contratos de IBM con el Banco Nación y la Anses, también celebrados durante el gobierno menemista.
La causa se inició el 29 de mayo de 1996 con una denuncia de los entonces diputados Carlos Alvarez, Horacio Viqueira y Alfredo Bravo, y estuvo a cargo del ex juez federal Carlos Liporaci, hasta que renunció, en febrero de 2001, y el juzgado federal N° 3 quedó, primero, a cargo de Cavallo y luego, del juez Rodolfo Canicoba Corral.
Los funcionarios "contrajeron obligaciones abusivas utilizando fondos públicos en perjuicio del Estado", destacaron los camaristas, que señalaron que para realizar las maniobras "se contó con la imprescindible participación de IBM Argentina, que resultó adjudicataria de los sistemas informáticos".
El 12 de abril de 1994 Cossio adjudicó, mediante un sistema de contratación directa, el proyecto para la administración del sistema de jubilaciones y pensiones (Sijyp) a la Unión Transitoria de Empresas IBM-Banelco por un monto de 425.088.000 dólares y al año siguiente, el 7 de julio de 1995, la informatización del sistema de recaudación tributaria (Sitrib) por 88.547.000 dólares.
Los camaristas también confirmaron el procesamiento de los directivos de las empresas Segurex y Consad porque en la causa se acreditó que la empresa IBM, que fue contratada por la DGI, pagó a la firma Segurex (vinculada con Cossio) 531.000 pesos por un trabajo de "asesoramiento" que nunca fue realizado y "la firma Consad (proveedora de IBM) desvió, al menos, un total de 4.721.241 pesos del circuito normal" de la compañía.
"Los encargados de administrar los fondos públicos ejercieron funciones de manera irregular, violando los deberes que tenían a su cargo, ejecutando actos carentes de transparencia y difícil justificación", concluyeron los camaristas.
Fraude millonario
Ricardo Cossio
- El ex titular de la DGI seguirá procesado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, reiterada en dos hechos, por irregularidades en dos contratos celebrados en 1994 y 1995. La Cámara Federal también confirmó el embargo de $ 2,5 millones. El siempre defendió su gestión y rechazó los cargos.
Procesados
- Ricardo Martorana. El ex presidente de IBM Argentina también seguirá procesado. La Justicia consideró probado que, “con la imprescindible participación” de la compañía, el Estado pagó un precio desproporcionado (US$ 521.263.481) por un sistema informático.
- Juan Carlos Cattáneo. El procesamiento y embargo por $ 1,5 millón del ex directivo de la empresa Consad, proveedora de IBM, también fue confirmado por la Cámara Federal. La firma “desvió, al menos, US$ 4.721.241 del circuito normal de la empresa”.


