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La Cámara Federal revisa 38 procesamientos y analiza la labor del juez Federico Villena
Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi tomarán decisiones de fondo en la causa que investiga maniobras ilegales desarrolladas en la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri
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LA NACIONHugo Alconada Mon
A un año del estallido del escándalo por el espionaje ilegal que desarrolló la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, la Cámara Federal porteña se apresta a tomar decisiones de fondo sobre los procesamientos de los espías dispuestos en Lomas de Zamora e, incluso, sobre la labor del primer juez a cargo de la investigación.
El primer paso deberá darse este jueves, cuando los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi mantendrán una audiencia con las defensas como paso previo a revisar los 38 procesamientos que dictó en febrero el segundo juez que tramitó la causa en Lomas, Juan Pablo Augé, antes de enviar la investigación a los tribunales de Comodoro Py.
Esa audiencia, sin embargo, podría postergarse a pedido de algunos procesados, según adelantaron sus defensas a LA NACION, mientras que la Cámara Federal evalúa los procesamientos de los entonces titulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y de decenas de agentes de la ex-SIDE y del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
En primera instancia, mientras tanto, otros dos procesados por espionaje, Leandro Araque y Facundo Melo, plantearon la nulidad de la causa desde su origen mismo, en un nuevo intento de derribar la investigación. Ahora será el turno del fiscal federal Franco Picardi de fijar su posición.
Por su parte, los camaristas también deberán revisar el procesamiento de la entonces coordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, y la falta de mérito que alcanzó a uno de los secretarios privados del entonces presidente Macri, Darío Nieto, quien impulsó el planteo para que la pesquisa pasara de Lomas de Zamora a Comodoro Py.
Llorens y Bertuzzi intentarán así ordenar un expediente que incluye como víctimas a algunos de los nombres más relevantes de la política –entre otros, los de Cristina Fernández de Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta-, del Poder Judicial, del sindicalismo y de la Iglesia Católica, además de exfuncionarios kirchneristas y periodistas. Pero que afrontó serios cuestionamientos por la actuación presuntamente irregular del primer juez a cargo de la investigación en Lomas de Zamora, Federico Villena.
En esa línea, los camaristas tienen previsto analizar la actuación del juez Villena, quien también afronta una investigación ante el Consejo de la Magistratura tras una denuncia del titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona, por sobreseer y devolverle casi medio millón de dólares y 600.000 pesos a una hija de Hugo Moyano en una causa de narcotráfico que tramita en otro Juzgado.
Una vez apartado Villena de la causa sobre espionaje ilegal por “falta de imparcialidad”, en tanto, esa investigación quedó en manos del juez Juan Pablo Augé, quien convalidó en febrero de este año los pedidos de procesamientos que a fines de diciembre habían presentado los fiscales federales Incardona y Santiago Eyherabide.
Para los fiscales, Arribas, Majdalani y un grupo integrado por decenas más “formaron parte de una organización ilícita” que entre 2017 y 2019 “se dedicó a la obtención, análisis, intercambio y almacenamiento de información sobre distintas personas, por el solo hecho de sus opiniones políticas, su calidad de dirigentes o exfuncionarios del Estado”.
Las ramas del espionaje
El juez Augé procesó entonces a Arribas, Majdalani, el entonces titular del SPF, Emiliano Blanco, Susana Martinengo y otros 34 acusados de integrar esa asociación ilícita destinada al espionaje. Entre ellos, a Alan Ruiz, Juan De Stefano, Diego Dalmau Pereyra, Jorge Sáez, Leandro Araque, Facundo Melo y Emiliano Matta.
Esa red ilegal espió a Fernández de Kirchner y Rodríguez Larreta, junto a decenas de más. Entre otros, a Florencia Macri, Diego Santilli, Graciela Caamaño y Luis Barrionuevo, Hugo y Pablo Moyano, Omar “Caballo” Suárez y Juan Pablo “Pata” Medina, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Waldo Wolff, el camarista federal Martín Irurzun, Cristóbal López y Fabián de Sousa, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Báez, Julio de Vido, Roberto Baratta y José María Olazagasti, Amado Boudou, Carlos Zannini, y el obispo Jorge Lugones, entre otros.
Tras dictar esos 38 procesamientos, Augé remitió el expediente a Comodoro Py, donde por orden de la Cámara de Casación Penal quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Picardi, quien también investiga el pago de coimas en el soterramiento del tren Sarmiento y la llamada “mesa judicial” del gobierno de Cambiemos.
Pero eso no es todo. En paralelo, la Cámara Federal también recibió la semana pasada un conflicto de competencia entre dos jueces de Comodoro Py. Deberá definir si la investigación centrada en el presunto espionaje a periodistas antes de las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del G-20 continúa en manos del juez Julián Ercolini o si debe acumularse a la causa que tramita Martínez de Giorgi.
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