La Casación no avanzó con la propuesta de Carlos Mahiques de regular la relación de los jueces con la prensa

Las autoridades de la Cámara Federal de Casación se reunieron para tratar la propuesta presentada la semana pasada por el camarista Carlos Mahiques para regular la relación entre los jueces y la prensa, y acordaron no avanzar con ninguna de las iniciativas planteadas por el juez, aunque difundieron una gacetilla en la que dijeron que iban a “continuar el debate”.

El martes pasado, en un documento dirigido al presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, el padre del ministro de Justicia de Javier Milei, Juan Bautista Mahiques, repudió lo que llamó una “incesante promoción y difusión en los medios audiovisuales de información y publicaciones falsas, distorsionadas o erróneas vinculadas con la magistratura y sus integrantes”, y propuso medidas institucionales drásticas para blindar al Poder Judicial frente al discurso mediático. En primer lugar, sugirió la “instalación de una vocería” del tribunal para que la ciudadanía reciba información de una “fuente rigurosa, confiable y oficial”. Pero además propuso establecer como una “grave falta el intercambio de información o de ‘favores’ [entre jueces y periodistas] que luego son utilizados por el periodismo como ‘fuentes judiciales’ no revelables”.

En la reunión de camaristas de hoy, Mahiques expuso sus ideas con un tono mucho menos beligerante, según informaron fuentes al tanto de lo conversado a puertas cerradas. Terminado el encuentro, los presentes acordaron difundir una gacetilla que dice que Mahiques explicó que su objetivo no era “cuestionar la legitimidad de la actividad periodística o poner en discusión la libertad de expresión”, sino mejorar “la comunicación de las resoluciones judiciales”. El camarista se mostró disconforme con cómo se había interpretado públicamente su propuesta.

La reunión de hoy fue un “Acuerdo de Superintendencia”, del que participaron Mahiques, representantes de cada una de las cuatro salas de la Casación (Mariano Borinsky, Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Gustavo Hornos) y el presidente del tribunal, Diego Baroetaveña.

El comunicado que firmaron dice que Mahiques “explicitó ante el Acuerdo las motivaciones de su presentación, que estuvo dirigida a dialogar, al interior del cuerpo, acerca de tópicos relativos al mejoramiento de la comunicación de las resoluciones judiciales y no a cuestionar la legitimidad de la actividad periodística o poner en discusión la libertad de expresión”. Y anuncia: “El Tribunal tomó razón de lo expuesto y se decidió continuar el debate en aras a una mejor y más objetiva comunicación de las decisiones jurisdiccionales”.

En diálogo con LA NACION, distintos magistrados del tribunal habían advertido, antes de la reunión, que la iniciativa que había presentado Mahiques implicaba un avance sobre la libertad de prensa y que solo cabía archivarla. Pero otro de los camaristas se había mostrado abierto a analizar la posibilidad de crear una vocería. En este punto, la propuesta de Mahiques tiene otro problema: roza a la Corte Suprema, creadora del Centro de Información Judicial (CIJ), alertaron en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py, sede de la Casación.

La nota de Mahiques de la semana pasada había sido muy dura: denunció una “promiscuidad informativa” y un “periodismo oportunista y mercenario” que debe ser enfrentado por un interlocutor judicial formado que “desmonte el fácil argumento de ‘buenos y malos’, la intolerancia maniquea y extrema, y que desenmascare a los inquisidores morales de doble estándar”.

El juez, a quien recientemente el Senado le dio acuerdo para continuar en el cargo más allá del tope de los 75 años de edad, sostuvo que el resguardo de una información pública “recta y objetiva” es una exigencia republicana que se está viendo vulnerada por un tratamiento mediático que privilegia el impacto emocional por sobre el análisis fáctico.

Mahiques denunció un proceso de “acoso mediático” contra los integrantes del Poder Judicial y puntualizó que los temas judiciales han sido objeto de “innumerables comentarios, artículos o editoriales en portales digitales y -con particular virulencia en la grilla televisiva y on line de la empresa S.A. La Nación+-”.

En su presentación del 2 de junio, denunció que un grupo de comunicadores, a los que calificó peyorativamente como “epígonos”, se dedican a deslizar sospechas y afirmar falsedades sobre los magistrados. Mahiques acusó a estos sectores de aludir a los jueces —incluyéndose a sí mismo— “con términos y calificaciones pretendidamente sarcásticas o caricaturescas cuando no decididamente injuriosas”.

Para el magistrado, no se trata de hechos aislados, sino de un patrón de hostilidad protagonizado por lo que llama “nuevos sicofantes” que montan operaciones contra el Poder Judicial. Mahiques advirtió que estos ataques tienen un “efecto corrosivo ocasionado a la imagen, la dignidad y la legitimidad de la Justicia como un poder del Estado”.

En aquella nota, anunció incluso que analiza tomar medidas legales en lo que respecta a lo que se escribe o dice sobre él: “De mi parte habré de evaluar si ese hostigamiento pretendidamente informativo, por su encono y sesgo descalificador, tiene relevancia en el ámbito civil o penal como merecedor de reparación o de sanción a sus responsables físicos o jurídicos”.

Se declaró víctima de desprotección: “Los jueces y funcionarios, Sr. Presidente, carecemos de toda protección legal frente a la crítica exacerbada, el escarnio y el escrache, pues todo suele quedar impune bajo el tinglado protector de la libertad de expresión o de la garantía de ‘preservación de las fuentes’”.

Mahiques, de 75 años, fue ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires en la gestión de María Eugenia Vidal. Renunció después de seis meses. Fue nombrado camarista en la Casación ordinaria (tribunal que trata delitos comunes, como homicidios y robos) y desde allí fue trasladado, con la firma de Mauricio Macri, a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país.

Mahiques fue uno de los magistrados que quedó envuelto en el caso Lago Escondido, en 2022, por un viaje que hicieron con empresarios y lobbistas a la estancia de Joe Lewis, en la Patagonia, y por la difusión de presuntos chats que daban cuenta de cómo los integrantes de ese viaje intentaron que los detalles de la invitación no trascendieran. Estuvo imputado -junto con su hijo que hoy es ministro- cuando la causa estaba en el Sur, pero luego el caso pasó a los tribunales de Comodoro Py, donde la causa fue anulada y todos los acusados fueron sobreseídos sin que la fiscalía apelara.

En febrero pasado, su nombre quedó asociado a las investigaciones de la AFA, cuando LA NACION reveló que había celebrado su último cumpleaños en la quinta de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la federación de fútbol. Su hijo, exfiscal general porteño, juró como ministro de Justicia en marzo y en una de sus primeras medidas envió al Senado el pliego para que su padre siga en el cargo cinco años más (lo que fue aprobado el 19 de mayo).

En el cierre de su presentación de la semana pasada, Mahiques citó al juez italiano Giovanni Falcone (asesinado en 1992 en un atentado explosivo de la Cosa Nostra): advirtió sobre la aplicación de una “lógica mafiosa” por parte de los poderosos que buscan condicionar a la Justicia para obtener resoluciones favorables a sus intereses. Según la nota, el método consiste en un proceso de degradación pública: “Primero los ensucian, luego los aíslan, y finalmente los matan”.

Mahiques concluyó que, en el caso de los medios de comunicación, este ataque representa una “muerte lenta por desgaste personal y erosión simbólica” de los jueces. Por ello, consideró urgente “re-institucionalizar el debate entre los jueces y los medios” y hallar un modo de “mesurar la desmesura” antes de que el Poder Judicial sea reducido a un simple “servidor del discurso mediático”.

Ayer, su tono fue otro, relataron fuentes judiciales.

Por Paz Rodríguez Niell

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