La Ciudad ya resigna $150 millones diarios y pide que la Corte defina rápidamente la cautelar

El gobierno porteño espera que, en "cuestión de semanas", la Corte Suprema le dé la razón y frene "lo antes posible" el drenaje de fondos de coparticipación federal que ya no ingresarán en las arcas de la Ciudad, como consecuencia del decreto que desvió esos fondos para atender los aumentos salariales de la policía bonaerense. El reclamo le llega a una Corte consciente de la gravedad del conflicto que tiene entre manos, pero dominada por tensiones internas.

El monto que se descuenta a diario de manera automática de la cuenta del Banco Nación donde la Ciudad recibe la coparticipación es de unos $150 millones, dijeron fuentes del gobierno porteño a LA NACION. Es como un reloj de taxi que solo la Corte puede detener.

Se trata del fallo político más relevante que debe dictar el máximo tribunal desde que asumió Alberto Fernández y que la obligará a tener que tomar posición entre la Nación y la Ciudad, de signos políticos opuestos.

Los fondos coparticipables que recibe la Ciudad cada día fluctúan de acuerdo con la carga de la recaudación de los impuestos coparticipables, pero los funcionarios del gobierno porteño estiman que hasta el jueves pasado ascendían a unos 450 millones de pesos diarios. Hasta entonces, el porcentaje de coparticipación que recibía el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta del 3,5 por ciento. Pero desde el viernes pasado, con el decreto de Fernández, ese porcentaje se redujo a 2,32, lo que equivale a unos 300 millones de pesos diarios. El cambio de reglas de juego le representa a la Ciudad una pérdida de unos 13.000 millones de pesos hasta fin de año.

El plateo que efectuará la Ciudad esta semana pretende que la Corte dicte una medida cautelar "de inmediato" que haga cesar los descuentos y que les permita, además, recuperar esos fondos con intereses. Luego, más a largo plazo, espera que los jueces firmen una sentencia de fondo en la que digan que es inconstitucional el decreto presidencial y que lo anulen.

El escrito del procurador de la Ciudad, Gabriel Astarloa, buscará ingresar el lunes. Primero, la Corte debe analizar su admisibilidad. La Corte ya asimiló -en un fallo del 3 de abril de 2019- a la Ciudad con una provincia cuando resolvió que un conflicto entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba debía tramitar de manera originaria en la Corte (la Constitución establece la competencia originaria de la Corte en los casos entre provincias o entre una provincia y el Estado Nacional). Con los precedentes del tribunal, no habría razones para rechazar el caso. Con esto se ahorra tiempo, sin necesidad de que el caso ingrese por un juzgado de primera instancia y llegue mediante un recurso extraordinario.

Sin embargo, esto no garantiza un trámite veloz. La Corte maneja sus tiempos. El proceso ahora indica que, luego de que ingrese el caso, la Corte debería tomar la demanda de la Ciudad y darle traslado a la Nación. Le corresponderá así contestar a la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, para exponer sus argumentos y las razones por las cuales rechaza la pretensión de la ciudad de Buenos Aires. La Corte también podría, antes de resolver, dar vista al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para que dictamine. Con estos escritos en su poder, la Corte ya estaría en condiciones de decidir, al menos sobre la medida cautelar que busca frenar el descuento de fondos. Esos traslados y vistas pueden llevar al menos dos o tres semanas.

Los argumentos de la Ciudad incluyen que cuando se aprobó la ley de coparticipación Buenos Aires no era autónoma. Por eso, la ley prevé recursos coparticipables para las provincias (sin la ciudad de Buenos Aires) y la Nación. De estos fondos es de donde vienen los recursos que se transfieren a la Ciudad. Por eso, las modificaciones a la coparticipación que recibe la Ciudad se realizan por decreto. Hasta que no haya una ley de coparticipación, como previó en 1994 la Constitución reformada, la Ciudad no se asimila a una provincia a estos efectos.

Vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a defender con todos nuestros recursos jurídicos la autonomía y los derechos de la Ciudad

Los abogados porteños analizan los números para rechazar la idea de una falta de solidaridad: señalan que la Ciudad es la que más aporta y la que menos recibe. Aporta el 22% de los fondos y retiraba el 3,5%. Ahora, el 2,32%, con el nuevo decreto de Alberto Fernández. De todos los recursos de la Ciudad son propios un 75%; el 25% restante son producto de la coparticipación.

En la Ciudad apuestan a una decisión rápida. "Esperamos una sentencia, no en días, pero sí en semanas", dijo un alto funcionario porteño que trabaja en la estrategia judicial del gobierno de Rodríguez Larreta.

Hay antecedentes de la Corte, que ya intervino en casos de conflictos por puntos de coparticipación y falló siempre en beneficio de las provincias. "Es un viento a favor que nos da esperanzas. Es ganable", dijo un funcionario porteño. "Esperemos que podamos tener una respuesta rápida" afirmó el colaborador de Rodríguez Larreta.

El antecedente de Macri

En Juntos por el Cambio desempolvan, como antecedentes, los fallos de la Corte del año pasado, cuando la Corte le marcó al gobierno de Mauricio Macri que con la reducción del IVA y ganancias no podía afectar los fondos coparticipables de las provincias.

La demanda de la Ciudad aterriza en una Corte donde dominan los recelos y la desconfianza. La pandemia no ayudó. Tampoco la larga feria judicial extraordinaria, que mantuvo paralizados los tribunales al comienzo de la cuarentena. Durante gran parte de este año, Carlos Rosenkrantz, el presidente, estuvo en Buenos Aires, al igual que Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, pero Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti se instalaron en Santa Fe.

Esta Corte es la que está destinada a decir la última palabra en conflictos institucionales que crecieron al calor de la pandemia: está en sus estrados un recurso de per saltum por el traslado de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y se vislumbran eventualmente planteos relacionados con la reforma judicial y con la embestida del gobierno contra el procurador Casal.

Pero este caso actual es la primera oportunidad que va a tener la Corte para posicionarse frente al Gobierno y la oposición en una causa que le demanda soluciones urgentes.