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La Coalición Cívica denunció a Alberto Fernández por comparar a Luciani con Nisman y le tocó a Daniel Rafecas
Diputados del partido de Elisa Carrió acusaron al Presidente; el fiscal de la nueva causa será Ramiro González; Rafecas fue el candidato de Fernández para la Procuración
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LA NACION
La Coalición Cívica denunció hoy a Alberto Fernández por los delitos de amenazas y sedición, tras comparar a Diego Luciani con Alberto Nisman, el fiscal que fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero. Por sorteo, el caso les tocó al juez federal Daniel Rafecas y al fiscal federal Ramiro González.
“Alentar la idea de que le puede pasar a Luciani lo que le pasó a Nisman... hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani”, expresó el mandatario anoche en declaraciones con el canal Todo Noticias.
En su texto, los diputados opositores apuntan que los dichos de Fernández “representan una clara amenaza contra los fiscales para que no continúen con su tarea de acusación a fin de evitar que formulen cualquier otro impulso del expediente que tienen a su cargo” y sostienen que el mensaje conlleva, además, “un claro amedrentamiento a quienes investigan delitos graves contra el poder político” dado que el Presidente es la “persona a cargo de amplios poderes formales que puede materialmente desviar”.
En ese sentido, recuerdan que el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, también era funcionario cuando Nisman fue encontrado muerto. “Es importante mencionar que el actual ministro de Seguridad de la Nación es Aníbal Fernández, Secretario General de la presidencia de la Nación al momento del magnicidio del fiscal Nisman. Quien en su oportunidad hemos pedido que se investigue su rol en aquellos hechos”, señalan.
“El análisis completo de la entrevista referida y especialmente las declaraciones temerarias y amenazantes del Presidente de la República, sobre el homicidio del Fiscal Nisman, tienen por objeto impedir la ejecución de las resoluciones de los funcionarios públicos como son los jueces”, plantea la denuncia firmada por los diputados Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Juan Manuel López, Mariana Zuvic y Waldo Wolff.
La denuncia, por sorteo, recayó en el juzgado federal 6, que está vacante y es subrogado por Rafecas, el juez a quien Alberto Fernández propuso como candidato a Procurador General de la Nación. Esa postulación no prosperó porque era necesario el apoyo de dos tercios del Senado para su nombramiento y el Gobierno no lo consiguió. Primero la oposición y después el kirchnerismo duro se negaron a darle los votos; este último grupo, luego de que Rafecas dijera que él no asumiría como procurador si se flexibilizaban los requisitos para su designación.
Ayer a la noche, referentes del partido repudiaron vía Twitter su comparación y adelantaron que denunciarían al Presidente. ”Mañana desde la Coalición Cívica vamos a denunciar al Presidente de la Nación por instigación al suicidio y amenaza de asesinato mafioso al Fiscal Luciani y amenaza a los jueces del Tribunal Oral Federal 2″, indicaron en un texto unificado.
El presidente de la Coalición Cívica ARI y diputado nacional Maximiliano Ferrari fue uno de los primeros en publicarlo, luego también se sumó la diputada Mariana Zuvic, entre otros legisladores.
El diputado nacional Juan Manuel López expresó en diálogo con LN+: “Las declaraciones del Presidente @alferdez son temerarias, amenazantes, desubicadas. Espero que se retracte, que pida disculpas, que se reinterprete a sí mismo. Además de que no lo puede aseverar, ni amenazar a un fiscal”. Después, sumó en su cuenta de Twitter: “Está jugando con el miedo de los tres jueces que tienen que dictar sentencia contra Cristina Kirchner. Lo vamos a denunciar”. Su mensaje fue compartido por la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió.
En Twitter, miles de usuarios calificaron los dichos de Alberto Fernández de ser “gravísimos”. También, algunos sostuvieron que se trató de una “amenaza” en vivo hacia el fiscal que investiga en la causa Vialidad.
Este lunes, el fiscal Diego Luciani pidió que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de cárcel e inhabilitarla de por vida para ejercer cargos públicos. Solicitó también decomisar sus bienes por al menos 5321 millones de pesos, la consideró jefa de una asociación ilícita y de defraudar al Estado; reclamó una condena de 10 años para De Vido, de 10 años para José López y de 12 para Báez.
Luciani argumentó que, desde ese rol de jefa de la organización, Cristina Kirchner mantuvo un mecanismo de corrupción institucional durante 12 años. Sostuvo además que la estructura la montó su esposo, Néstor Kirchner, cuando se aseguró de convertir a Lázaro Báez, exempleado bancario, sin experiencia en la construcción, en el contratista al que le iban a dar la obra pública santacruceña por miles de millones de pesos. Señaló que, luego, parte de ese dinero, una vez blanqueado mediante el pago de supuestos contratos de alquiler hotelero, regresó al patrimonio presidencial.
“Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, dijo Luciani, y señaló que “los imputados sustrajeron los fondos del erario en provecho particular adoptando las medidas para efectuarlo en condiciones de impunidad, desactivando los mecanismos de control”.
Y enfatizó: “La corrupción fue la regla, el Estado de derecho quedó rezagado y este desequilibrio debe restaurarse en este juicio con una sentencia justa. Es el Estado de derecho y el respecto a la Constitución la regla, no al corrupción”.
LA NACION
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