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La Corte confirmó la condena a cuatro años del industrial Juan Carlos Lascurain y debería ir a la cárcel
El extitular de la UIA está sentenciado por desviar fondos en 2015 para construir una ruta en Yacimientos Carboníferos, en Río Turbio, Santa Cruz
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LA NACIONHernán Cappiello
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cuatro años de prisión del empresario Juan Carlos Lascurain, quien fuera titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) entre 2008 y 2010; y del asesor Juan Marcelo Vargas, a raíz del desvío de fondos destinados a construir una ruta de acceso a Yacimientos Carboníferos, en la localidad de Río Turbio, a fines del 2015.
En otra resolución, la Corte dejó firme la absolución del excoordinador de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Miguel Ángel Larregina, quien estaba imputado en la causa.
A través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los recursos de las defensas de Lascurain y Vargas, y de la fiscalía contra la absolución resuelta en la Cámara Federal de Casación Penal en favor de Larregina.
La condena del exintendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna, quien se encuentra detenido, ya había quedado firme en la Corte Suprema en 2021, por falencias en la presentación formal (incumplimiento de acordada 4/2007).
El tribunal oral había dispuesto que todos los implicados fueran presos una vez que la condena quede firme. También que se restituyera el dinero más los intereses, unos 50 millones de pesos a valores de 2015. Por eso ahora Lascurain debería ir a prisión a cumplir su pena.
Fue el primer juicio oral por presuntas irregularidades en Río Turbio. Hay otro debate ordenado por el desvío de fondos destinados a realizar obras en la mina de carbón de Río Turbio por al menos 264 millones de pesos contra funcionarios encabezados por el exministro de Planificación Julio De Vido, pero aún no se realizó.
Se trata de la causa por la que De Vido perdió sus fueros en 2017 y quedó detenido por primera vez. Como parte de esa investigación, una primera parte fue elevada a juicio. Allí se investigó el desvío de fondos para la construcción de 7 kilómetros del trazado de la “Avenida de los Mineros” entre Río Turbio y la localidad de 28 de Noviembre que nunca se hizo.
La empresa que debía hacer la obra era Fainser, de Lascurain, y estaba presidida por Romina Mercado, sobrina de la expresidenta Cristina Kirchner e hija de la luego gobernadora Alicia Kirchner.
En el juicio oral, que se realizó en 2019, el Tribunal Oral Federal 7 dio por probado que Pérez Osuna, Larregina, Vargas y Horacio Matías Mazu -fallecido intendente de la municipalidad de Río Turbio- y Lascurain tomaron parte en la sustracción de fondos públicos.
Los fondos fueron tomados de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios de Punta Loyola y Río Gallegos, al desviar 50 millones de pesos a la empresa Fainser S.A., a través del pago de tres cheques. Dos de los cheques fueron librados el 30 de noviembre y el restante el 9 de diciembre de 2015, cuando cambiaba el Gobierno Nacional.
Durante el juicio, el empresario reconoció haber cobrado ese anticipo y dijo que lo gastó en contratación de personal y en la puesta en marcha de la futura obra, mientras que Pérez Osuna sostuvo que “hubo una decisión política de este gobierno de no querer hacer esta obra”.
Los jueces Germán Andrés Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero -los mismos que juzgan el caso de los Cuadernos de las coimas- condenaron a los acusados por el delito de peculado e impusieron la pena de cuatro años de cárcel para Lascurain, Pérez Osuna, Larregina, el fallecido Mazú, y el exasesor Vargas. También ordenaron devolver el dinero.
En 2023, la Cámara Federal de Casación Penal –con la firma de los jueces por Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques- confirmó las condenas para todos, salvo para Larregina.
Las defensas de Lascurain y Vargas presentaron recursos extraordinarios en queja ante la Corte Suprema de Justicia, que hoy fueron desestimados. En el mismo sentido, el máximo tribunal desestimó el planteo del Ministerio Público contra la absolución de Larregina. Ahora, con el fallo firme, los condenados deberían cumplir sus penas en prisión.
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