
La Corte declaró inconstitucional la decisión de Milei de permitir que las prepagas fijen libremente el valor de sus cuotas
El máximo tribunal confirmó un fallo de la Cámara Federal de La Plata contra dos artículos del DNU 70; ahora, la Superintendencia de Salud deberá controlar los aumentos
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La Corte Suprema declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70, de Javier Milei, que permitían a las empresas de medicina prepaga fijar libremente los valores de sus cuotas.
Por unanimidad, el máximo tribunal confirmó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata y declaró la inconstitucionalidad de los artículos del DNU que habían barrido con el control estatal respecto de los valores de los planes prestacionales de servicios de salud.
La Corte resolvió el caso de una mujer que afirmó que la cuota de su plan de salud había aumentado un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 cuando, de haberse aplicado una resolución anterior del Ministerio de Salud de la Nación, el aumento de la cuota para el mes de enero de 2024 habría sido del 6,26%.
La causa llegó a la Corte por los recursos interpuestos por la empresa de medicina prepaga y por el Estado Nacional. El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, confirmó parcialmente la sentencia. Mantuvo la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, pero revocó lo dispuesto por la cámara en cuanto ordenó a la empresa de medicina prepaga demandada limitar los aumentos de las cuotas al porcentaje que arrojase el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El efecto de la sentencia de la Corte de hoy es que la Superintendencia de Salud deberá reasumir sus competencias en cuanto a la revisión de los valores de las cuotas y sus modificaciones y al deber de fiscalizar y garantizar la razonabilidad de los aumentos, que tienen que estar fundados “en variaciones en la estructura de costos” y en un “razonable cálculo actuarial de riesgos”.
En su fallo, la Corte recordó los límites que tienen las facultades legislativas que ejerce el Poder Ejecutivo, que son excepcionales. Dijo que en este caso, de los considerandos del decreto no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones al sistema. Sostuvieron que no es suficiente la mera afirmación de que existe una “crisis del sistema de salud” que exige “aumentar la competitividad del sistema”, para lo cual “se deben liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga”.
Esas consideraciones genéricas, según la Corte, no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley. A juicio del máximo tribunal, tampoco se acreditó que existiera una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación.
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