La Corte evalúa el plan en un clima más difícil que en 1990

En 1990, la Corte Suprema avaló el plan Bonex, creado por un decreto de necesidad y urgencia. Ahora, doce años después, si el Gobierno se decide a repetir la experiencia, un tribunal mucho más débil está puesto en la necesidad de respaldar esa medida para enfrentar una crisis extrema.

El contexto político y económico es distinto. Por eso, para aprobar un remozado plan Bonex, la Corte necesita que los legisladores lo creen por ley. O bien, recurrirá a un camino elíptico: en una audiencia que se fijará en los próximos días, el tribunal oficialmente propondrá al Estado nacional y al Banco Nación que le paguen a San Luis parte de los 247 millones de dólares que le adeudan por coparticipación mediante un bono en esa moneda. Una señal para el Gobierno.

La situación de 1990 y la actual presentan algunas similitudes, pero no son idénticas. Menem había llegado al poder en julio de 1989 y la inflación se había disparado. En enero de 1990 dictó el decreto 36, por el que compulsivamente se les entregaron a los titulares de los plazos fijos -unos 3000 millones de dólares- bonos externos.

Casi un año después, el 27 de diciembre, la Corte que Menem había ampliado convalidó la medida mediante el fallo del caso Peralta, una de las más distintivas y cuestionadas del tribunal.

Conviene recordar esa decisión, en la que la Corte adscribió a la doctrina de la emergencia:

• Convalidó el decreto 36/90, que era de necesidad y urgencia, a pesar de que la Constitución no toleraba medidas de esta naturaleza antes de 1994. Ahora, desde el punto de vista formal, un nuevo decreto de necesidad y urgencia sería suficiente. Pero fuentes del tribunal dijeron a LA NACION que políticamente sería más aceptable una ley..

• La Corte dijo entonces que se vivía una situación de "grave riesgo social", que calificó de "descalabro económico generalizado", por lo que era necesario asegurar "la continuidad y supervivencia" de la Nación, o la "subsistencia del Estado".

• "Cuando por razones de necesidad -aseguró en 1990- una norma no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales ni les niega su propiedad, y sólo posterga temporalmente la percepción de tales beneficios, no hay violación del artículo 17 de la Constitución nacional", que tutela el derecho de propiedad.

En suma, el tribunal admitió que la postergación por diez años de la devolución de los depósitos era una restricción razonable del derecho de propiedad.

El contexto de la sentencia

¿En qué contexto dictó la Corte esa sentencia?

Aquel año se cerraba con una inflación del 1300 por ciento. Pero, cuando se dictó el fallo, en diciembre, ya hacía un año que los bonos estaban en la calle; cotizaban en el mercado secundario al 57 por ciento de su valor nominal y el índice de precios al consumidor registraba sólo 4,7 por ciento de aumento, la marca más baja desde 1988.

Firmaron ese fallo Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Carlos Fayt (el redactor de la sentencia), Ricardo Levene (h.), Mariano Cavagna Martínez y Rodolfo Barra. De ellos, sólo los tres primeros permanecen en el tribunal. En disidencia, con argumentos procesales, votaron el fallecido Julio Oyhanarte y Augusto Belluscio, que continúa en su poltrona. Enrique Petracchi, que sigue en su cargo, se abstuvo.

Si ahora se sancionase un nuevo plan Bonex, Nazareno -aunque con ciertas dudas-, Moliné y Fayt podrían respaldarlo. Guillermo López y Antonio Boggiano podrían aportar los dos votos necesarios para la mayoría. Belluscio podría definirse en algún sentido y habría que ver si Enrique Petracchi, Gustavo Bossert y Adolfo Vázquez, que se alejaron de los casos del corralito, mantienen esta postura.

La situación actual

Los fundamentos del fallo Peralta podrían reproducirse hoy sin dificultad. Sin embargo, hay diferencias que merecen ser atendidas.

• Duhalde es un presidente más débil que Menem. Y la Corte, ahora, está cuestionada y enjuiciada.

• Hoy, el Estado está en default y no puede aguardar que la Corte demore un año en convalidar el plan, a la espera de que suba -si es que sube- la cotización de los títulos. Por eso, una señal indirecta, vía el caso San Luis, puede ser adecuada.

• En 1990, cuando la Corte convalidó la entrega de bonos, ningún ahorrista había sacado un peso del corralito. Ahora, la recuperan con los amparos.

La lábil situación actual compromete el desarrollo de la solución.

Según pasan los años

Menem: creó el plan Bonex seis meses después de llegar al Gobierno, mediante un decreto de 1990. Fue un intento para controlar la inflación. Pero como se preveía la restitución a cada ahorrista de un mínimo en australes, para pagarlo se emitió dinero. Esto generó inflación durante los tres primeros meses del año, que finalizó con una tasa de 1300 por ciento.

La sentencia: en diciembre, sin embargo, cuando la Corte dictó el fallo Peralta y respaldó ese plan económico, el índice de precios al consumidor había descendido al 4,7 por ciento y los bonos, que habían sido entregados compulsivamente, cotizaban en alza. Además, los ahorristas no tenían otra forma de recuperar el dinero, pues sólo fueron admitidos muy pocos amparos.

Fundamento: el fallo se fundó en la doctrina de la emergencia y se refirió al "grave riesgo social", para la "subsistencia del Estado". Los argumentos parecen aplicables hoy.

La crisis actual: ahora, el país está en default; no se sabe a cuánto cotizarán los bonos, y la Corte y el Gobierno viven una situación política más delicada.

Por Adrián Ventura

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