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La Corte le dijo no a Rodríguez Saá
La Corte Suprema nacional desdobló las elecciones puntanas: a pedido del intendente de la ciudad de San Luis, Alfonso Vergés (Frente para la Victoria), la provincia no podrá organizar una consulta popular el mismo día de las elecciones convocadas por el municipio, que fijó la fecha de comicios para el 5 de agosto.
Vergés es el favorito en los comicios locales y el gobernador Alberto Rodríguez Saá, que impulsa la candidatura para intendente de la justicialista Alicia Lemme, quiso hacer coincidir la fecha de la consulta sobre la ley del cine con los comicios municipales. De esa forma, los Rodríguez Saá buscaban arrastrar votos en favor de Lemme, que está 10 puntos abajo en las encuestas.
Firman el fallo los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda. En disidencia votó Carmen Argibay.
El municipio había convocado a elecciones locales para el 29 de julio de 2007 y constituyó el Tribunal Electoral Municipal.
Según el gobierno local, que contó con el patrocinio del constitucionalista Alberto García Lema, la provincia primero entorpeció el funcionamiento de ese tribunal. Luego, convocó a una consulta popular para la misma fecha de las elecciones locales, el 29 de julio.
Para evitar esa situación, el municipio cambió la fecha de los comicios para el 5 de agosto y, ante un nuevo intento de la provincia, Vergés presentó una demanda ante la Corte nacional.
Cuestión de competencia
El caso fue planteado por Vergés en la instancia originaria de la Corte. Por mayoría, el tribunal declaró que el asunto resulta de su competencia originaria.
La municipalidad puntana arguyó que pretendía resguardar el régimen de autonomía municipal garantizado en los artículos 5 y 123 de la Constitución nacional, que denuncia que ha sido vulnerado por las leyes locales VIII-0558-2007, VIII-0561-2007 y XI-0560-2007. Esas disposiciones, según se expresa en la demanda, habrían sido dictadas con el único propósito de interferir.
El máximo tribunal del país decidió que el tema es de su competencia originaria y, también, ante la proximidad de la fecha de los comicios, se pronunció en favor de admitir la medida cautelar solicitada por el municipio.
Argibay, en disidencia, consideró que no se configuran los presupuestos para habilitar la competencia de la Corte Suprema de la Nación, porque el tema corresponde a la justicia local.
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