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La Corte resolvió sobre la jueza Arroyo Salgado en el caso Scapolán
Rechazó un pedido de uno de los acusados que buscaba revertir el apartamiento
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LA NACION
La Corte Suprema rechazó un planteo que buscaba revertir el apartamiento de la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en la causa que investiga al ex fiscal de San Isidro Claudio Scapolan por liderar una asociación ilícita junto a policías que se dedicaban a negociar con narcotraficantes y arreglar causas.
El máximo tribunal desestimó el recurso porque la presentación no cumplía con los trámites formales.
Las investigaciones judiciales en torno a Scapolan descubrieron que en los operativos se había robado droga, armado causas, encubierto delitos, amenazado testigos y desvalijado pertenencias en los allanamientos policiales.
El recurso de queja había sido presentado por el letrado de los querellantes, Sergio Leandro Santellan y Federico Gastón Bravo, de la Comisión Provincial de la Memoria, contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín que hizo lugar a la recusación promovida por el defensor de Maximiliano Jarisch, uno de los imputados, y apartó a la magistrada de la causa.
En el expediente, el fiscal Federico Domínguez y la jueza Salgado Arroyo pudieron determinar que entre 2012 y 2015, partidos del conurbano bonaerense (como San Isidro, Moreno y San Martín) fueron el epicentro de operaciones de una organización criminal conformada por funcionarios judiciales (además de Scapolán, participaban el secretario de su fiscalía, Maximiliano Jarisch, y el auxiliar letrado Gustavo Sanvitale) y funcionarios policiales pertenecientes en general al área de drogas ilícitas.
Se estableció que se valieron de su posición de funcionarios públicos y que usaron esa situación de manera corrupta con el objeto de beneficiarse personalmente de la regulación y el gerenciamiento del narcotráfico, al que estaban obligados a combatir, mediante el despliegue de una variada gama de conductas delictivas.
Asimismo, participaban de esa trama expolicías, personas que habían estado privadas de su libertad o incluso con pedido de captura vigente y abogados que instaban a arreglar mediante el pago de coimas.
Un hecho paradigmático de esta investigación judicial es el caso Anacona. Se trata de un procedimiento encabezado por Scapolán en 2014, cuando autorizó un allanamiento de urgencia en una jurisdicción ajena a su competencia territorial para interceptar una camioneta que trasladaba una cantidad aproximada de 1000 kilos de cocaína.
El vehículo fue interceptado en el peaje instalado en el Camino del Buen Ayre a la altura de la Ruta Panamericana.
Pese a encontrar mil kilos de droga, sólo fue declarada formalmente en el expediente la mitad: 500 kilos. El resto fue instalado en el mercado ilegal para su comercialización, obteniendo importantes sumas de dinero por su venta en la costa atlántica durante la temporada de verano y, posiblemente, enviada a Europa y Brasil.
En octubre de 2021, Arroyo Salgado procesó a Scapolán y trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 2000 millones de pesos.
En el fallo, además, la magistrada le pidió a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, la formación del proceso de enjuiciamiento y consecuente remoción y/o desafuero. Poco después, la Cámara Federal de San Isidro la apartó por “falta de imparcialidad”.
En abril del 2023, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires decidió por amplia mayoría, destituir de su cargo de Scapolán.
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