La “deep fake” contra Negri: confirman que es delito el uso de videos falsos en las campañas electorales
La Cámara Electoral ratificó el procesamiento de la empleada de una agencia de publicidad que contrató los espacios en Facebook para perjudicar al dirigente radical
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LA NACIONHernán Cappiello
La Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento de una empleada de una agencia de publicidad por haber subido a Facebook dos videos falsos en contra del entonces precandidato a senador radical cordobés Mario Negri, en el cierre de la campaña para las PASO de 2021.
Se trata de un fallo por el uso de lo que se denomina “deep fakes”, es decir, noticias falsas construidas con técnica de edición de audio y video que simulan una imagen real y que impiden diferenciar si se trata de un video falso o no.
La procesada, que se expone a una sanción de entre dos meses y dos años de prisión, es María Victoria Villaver, empleada de una empresa que se dedicaba a la comercialización de avisos en Facebook.
El fallo fue firmado por los jueces Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía, según su voto.
El delito por el que fue procesada está previsto en el Código Electoral como inducir con engaños al elector a sufragar de determinada manera y se castiga con hasta dos años de cárcel.
En los videos de 2021 se mostraba la imagen de Negri, con una voz que no era la suya, mientras decía que había financiado su campaña electoral con el sueldo retenido a sus empleados en la Cámara de Diputados.
Negri presentó la denuncia y el juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freytes procesó a Villaver el 14 de octubre del 2024. Ahora, la Cámara Nacional electoral confirmó ese procesamiento.
La defensa de Villaver dijo que es trabajadora en relación de dependencia de la agencia Ignis M&C SA, que contrata espacios en Facebook. Y que el cliente para el que se abrió la cuenta era P&P Social Media SRL, que tenía los poderes para administrarla.
Las páginas de Facebook mostraban dos entrevistas a Negri con dos periodistas, editadas. El audio del video pretendía construir un diálogo entre el legislador y los periodistas sobre una supuesta captura de pantalla de WhatsApp en la que el diputado le habría pedido un porcentaje de sus sueldos a sus empleados para financiar la campaña.
Sin embargo, el diálogo se habría construido a partir del montaje de las voces de los periodistas con una entrevista mantenida con el diputado Alberto Asseff, y la voz de Mario Raúl Negri extraída de otra nota.
En un segundo video había un texto que iba pasando sobre la imagen y decía: “En una galaxia muy cercana un político llamado Mario Negri acaparó el poder por más de 40 años, desde 1976 al día de hoy vive de tus impuestos, de tu esfuerzo y de tu trabajo mientras se sienta en una banca, cobra cientos de miles de pesos y además mete a su familia en el sector público para seguir robando”.
Negri en ese momento publicó un comunicado donde dijo que se trataba de “basura” difundida dos días antes de las elecciones, cuando ya era imposible bloquearla, y que es una conducta “impropia de nuestro espacio”, en referencia a la UCR y Juntos por el Cambio.
Los camaristas encuadraron este asunto en un caso de “violencia electoral” y en “la distorsión del debate público” que adquiere mayor importancia en las redes sociales y otros entornos digitales.
Consideraron que las redes sociales, así como facilitan el debate público, también “son ámbitos en los que se generan mensajes de odio, hostigamiento e intimidación, mayormente facilitados por la posibilidad de utilizar cuentas falsas, anónimas o sin la identificación real del usuario”.
Los jueces describieron cómo funciona esta estrategia de engaño y difusión de “fake news”. Señalaron que se usan perfiles falsos de dirigentes políticos y noticias falsas construidas para crear corrientes de opinión en determinado sentido, “a las que se aplican algoritmos y motores de búsqueda que garantizan una alta visibilidad y en consecuencia, una enorme repercusión en las redes”.
Esa información, agregaron, es “multiplicada en diversas plataformas, mediante la acción de comentaristas pagos que utilizan perfiles falsos, conocidos como trolls, y de cuentas denominadas bots, que actúan en coordinación de modo automatizado y programado para amplificar tal información”.
Los videos se publicaron en la página Primero Córdoba y Facebook informó que la responsable era Villaver. Al rastrearse los IP de las publicaciones, se determinó que Villaver las realizó desde la casa de su madre, según la acusación.
Un video tuvo entre 400.000 y 450.000 impresiones, con un costo de 85.730 pesos, y el otro obtuvo entre 350.000 y 400.000 impresiones, con un valor de 90.671 pesos.
Los jueces instaron a que continúa la investigación y se ahonde para seguir ascendiendo en la escala de responsabilidades de los que contrataron los avisos.
“La gravedad de los eventos denunciados exige que se continúe con la pesquisa a fin de alcanzar los máximos estándares de verdad, diligencias cuya materialización deberá ajustarse a la premura que exige el caso, en tanto su investigación y juzgamiento por parte del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial incide en el ejercicio del derecho a la participación política y en la libertad de elegir a los representantes”, señalaron.
Negri instó la denuncia en 2021, dos día antes de finalizar la campaña electoral, y siguió con la causa como querellante.
La página habría sido realizada por encargo, para afectar la imagen de Negri, precandidato a senador nacional por la alianza Juntos por el Cambio, durante la campaña electoral de las PASO de 2021.
Competían allí por la senaduría en Juntos por el Cambio el propio Negri, Luis Juez, Dante Rossi y Javier Bee-Sellares, ligado al radical Ramón Mestre.
La Cámara Nacional Electoral sostuvo que, “de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos en materia de elecciones, los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona −garantizados por múltiples tratados internacionales con jerarquía constitucional− tienen singular relevancia cuando surgen tensiones en contextos electorales”.
Asimismo, explicó que “el ejercicio del derecho a la participación política supone que aquellos derechos humanos fundamentales se encuentren garantizados, de modo tal que los electores y los candidatos puedan expresar sus ideas y opiniones sin factores que, como la violencia, la intimidación o la desinformación en línea, interfieran en su libertad de votar y de ser votados”.
Como así también, que “las directrices para los Estados sobre la aplicación efectiva del derecho a participar en los asuntos públicos requieren expresamente medidas para proteger la seguridad de los candidatos que corran riesgo de sufrir violencia e intimidación, incluida la violencia de género, durante el proceso electoral”.
Hay un antecedente reciente del uso de otra fake news en la campaña electoral porteña, induciendo al engaño en favor de los candidatos de Javier Milei: un video apócrifo difundido por cuentas libertarias mostró a Mauricio Macri anunciando que daba de baja la candidatura de Silvia Lospennato y llamando a votar por Manuel Adorni.
Hubo denuncia ante el Tribunal Electoral de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero sin resultados.
El Presidente defendió la publicación de la fake news como un ejercicio de la libertad de expresión. Sus funcionarios y su entorno digital de cuentas en redes sociales dijeron que era una broma y le restaron entidad.
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