La dispar doctrina de la persecución ideológica
Cristina Kirchner agregó otro renglón a la deuda que ha venido acumulando con el juez Ariel Lijo. La Cámara Federal revocó la prisión preventiva que él había dictado contra Amado Boudou, por injustificada. Para el kirchnerismo fue la corroboración gozosa de un axioma: existe una persecución política, enmascarada en expedientes judiciales. La Cámpora acaba de ofrecer esa bandera a Hugo Moyano. Hay una moda. En Ecuador, Venezuela y, sobre todo, en Brasil, la penalización de la corrupción es presentada por la izquierda como hostigamiento ideológico. La peculiaridad argentina es que esa tesis se ve facilitada por el comportamiento de los jueces.
La liberación de Boudou podía preverse desde que Lijo dispuso su encarcelamiento. Las rejas obedecían más a la situación del juez que a la del imputado. La ex cuñada de Lijo había declarado en el Consejo de la Magistratura que su ex marido Alfredo Lijo, un gestor judicial ligado a Julio De Vido, era socio del camarista Eduardo Freiler en empresas no declaradas. Y que también compartía con su hermano, el juez Lijo, el haras La Generación. Cuando los consejeros citaron a Alfredo Lijo, su hermano, el juez, aprovechó la bien ganada mala fama de Boudou y lo puso tras las rejas. Se ve que Lijo se sentía muy amenazado porque ordenó que el apresamiento fuera filmado y se impidió que fuera difundido por los medios.
La conducta del juez Lijo responde a una estrategia general. Conscientes de que la complicidad con la corrupción del gobierno anterior los exponía de la peor manera ante la opinión pública, varios magistrados, en distintos niveles, intentaron refrescar su imagen. Al principio, recurrieron a un método en boga: conseguir una foto con el Papa. Jorge Bergoglio, en otra demostración de que la política no es su fuerte, aceptó retratarse con los hermanos Lijo, que enseguida panfletearon la postal. Pero la receta fue insuficiente. Los jueces se atemorizaron por la investigación sobre Freiler y por una insólita declaración de Mauricio Macri, quien se preguntó por qué no avanzaban contra De Vido.
En Tribunales contrataron asesores de imagen y diseñaron otro escudo. Apalancados en un pronunciamiento del camarista Martín Irurzun, los jueces comenzaron a ordenar prisiones preventivas con el argumento de que quienes fueron funcionarios tienen más recursos para entorpecer a la Justicia. Así se mandó a la cárcel a De Vido, sobre quien pesa una sospecha sobre destrucción de pruebas en la causa por la construcción de la usina de Río Turbio. En el kirchnerismo están convencidos de que hubo una manipulación: se preguntan por qué el juez Luis Rodríguez fue misericordioso con los directivos de Isolux, empresa involucrada en esa obra, que vendió su parque eólico a la familia Macri, que a la vez ganó una fortuna revendiéndolo.
Con muchos menos argumentos que los que complicaban a De Vido, el juez Lijo encarceló a Boudou. La Cámara Federal de feria, integrada por Eduardo Farah, Leonardo Bruglia y Rodolfo Pociello Argerich, anuló esa prisión preventiva porque no existía indicio alguno de entorpecimiento de la Justicia. El fallo es meritorio porque repone un principio jurídico esencial: las garantías fueron inventadas para gente que, como Boudou, resulta sospechosa y está muy desprestigiada.
La cárcel de Boudou sirvió poco para Lijo. El oficialismo del Consejo de la Magistratura, liderado por Pablo Tonelli, abrió una causa contra el juez. Ya están en examen sus declaraciones juradas. Aun así, el binguero Daniel Angelici sigue haciendo gestiones en su favor con el enigmático argumento de que "es amigo". En el juzgado de Lijo navega el expediente por la deuda del Correo, de la familia Macri. Y trabaja un sobrino de Angelici. ¿Quién representa al Presidente? ¿Angelici o Tonelli? Los dos. También en materia institucional el Gobierno es gradualista.
Boudou debe estar agradecido a los camaristas, que le permitieron ayer asistir al nacimiento de sus hijos (las redes sociales son crudelísimas: el tuitero @gmicele, por ejemplo, se preguntó si los pondría a nombre suyo o de Núñez Carmona). Pero tal vez esté más reconocido con Lijo, gracias a cuya arbitrariedad pudo decir que el kirchnerismo estaba siendo castigado por su gestión nacional y popular.
El insólito argumento de Boudou está muy difundido en América Latina. El próximo miércoles, un tribunal de Porto Alegre decidirá si confirma o revoca la condena a nueve años y medio de prisión que el juez Sergio Moro dispuso contra Luiz Lula da Silva. El expresidente está acusado de haber recibido un tríplex en Guarujá como coima de la constructora OAS. Lula es hoy el principal candidato para las presidenciales de octubre, con 35% de intención de voto. El PT, su partido, alega que la prisión sería un fraude electoral. Pero lo más probable es la prisión.
En Ecuador, Rafael Correa asistió a la deposición de su hombre en la vicepresidencia, Jorge Glas, por su vinculación con Odebrecht. Después emitió un tuit: "La judicialización de la política. El mismo libreto en todos lados: Dilma, Lula, Jorge Glas, Cristina. (...) El verdadero 'delito': haber dado justicia y dignidad".
El argumento es curiosísimo. Porque Pedro Pablo Kuczynski, en Perú; Juan Manuel Santos, en Colombia, y Macri están bajo la lupa por el escándalo Odebrecht. En el caso de Macri, no sólo su primo Ángelo Calcaterra está siendo investigado, y Elisa Carrió dijo que debe ir preso. También se abrió una causa por el decreto que, el 16 de junio de 2016, asignó al soterramiento del Sarmiento, que todavía operaban Odebrecht y Calcaterra, $45.000 millones. Sin embargo, ni Kuczynski, ni Santos, ni Macri figuran entre las víctimas por las que clama Correa. En el caso de estos miserables neoliberales está actuando la justicia independiente.
No es la única traición a la lógica. ¿O el kirchnerismo aceptará que, con los mismos argumentos con que se liberó a Boudou, podrían salir de la cárcel muchos militares que están en prisión preventiva sin que haya indicio alguno de que pueden perturbar a la Justicia? Es verdad: son acusados de delitos de lesa humanidad. Pero las convenciones de derechos humanos son categóricas: la prisión preventiva no tiene vinculación con la gravedad del crimen que se imputa. Es antipático, pero algún día habrá que determinar si los militares son seres humanos.
El último capítulo de la doctrina de la persecución ideológica es su extensión al sindicalismo. La Cámpora ofreció a Hugo Moyano que se guarezca debajo de esos argumentos. La relación con la familia Moyano está a cargo de Máximo Kirchner. La ventaja sería mutua. Los Moyano, acusados de lavado de dinero y con problemas para explicar algunas transferencias para OCA, encontrarían un respaldo político. Y la ex presidenta fortalecería su rama sindical en un año conflictivo por la importancia de las negociaciones salariales para la política económica. Cristina Kirchner fortalecería su narrativa: Macri la persigue porque ella dificulta su ajuste ortodoxo. Quedaría mejorada la coartada de Boudou: no los castigan por haber hecho lo bueno, sino por impedir que se haga lo malo. Los camiones serían útiles para esta narración.
A Cristina Kirchner nunca le importó si su montaje retórico coincide con la realidad. Es probable que sus infortunios judiciales no se deban tanto al Gobierno como a la interna peronista. Entre Comodoro Py y el PJ poskirchnerista hay un acuerdo. Los jueces liquidan la interna peronista condenando a la cúpula anterior y el peronismo poskirchnerista impide las condenas en el Consejo de la Magistratura. Varios feligreses de la señora de Kirchner entendieron que la apostasía suministra libertad. Aníbal Fernández denunció a su jefa por no apreciar al peronismo. Sigue libre. Igual que Ricardo Echegaray, muy próximo a esta estrategia judicial. Guillermo Moreno elogió la nueva fórmula de actualización jubilatoria y no conoce el calabozo. Al revés: Carlos Zannini debería preguntarse si no debe su prisión al exsenador Nicolás Fernández, su enemigo oculto, crucial en esta trama.
Si la conducta de los jueces es una variable de la interna peronista, Moyano está frente a un dilema. Los magistrados han sido complacientes con él. El caso más notorio es el de Claudio Bonadio. Este juez dictó la prisión de Héctor Timerman sin considerar que impediría su tratamiento en los Estados Unidos por una grave enfermedad. Como la cámara hizo con Lijo, el juez Sergio Torres revisó la decisión. Pero en el caso de Moyano, el implacable Bonadio archivó un tórrido expediente sobre su obra social. Y llamó a declarar al funcionario de la UIF que involucró a gremialistas por lavado de dinero. Si los camioneros se asociaran a Cristina Kirchner, ¿cambiaría su suerte en Tribunales?
Es lógico que Cristina Kirchner descrea de la imparcialidad de los jueces. Lijo, el verdugo de Boudou, hacía gestiones en marzo de 2015 para evitar que las causas judiciales impidieran el triunfo de Daniel Scioli. Y cajoneó durante años la investigación sobre los aportes de traficantes de efedrina a la campaña presidencial de 2007. La expresidenta también es deudora de Bonadio. El látigo de Dios sobreseyó en 2011 a dos de sus secretarios privados en una escandalosa causa por enriquecimiento ilícito. ¿Cómo pensar que hoy son independientes aquellos que dependieron tanto de ella? Esos jueces, como tantos otros, escenifican una de las más graves patologías del país. Un sistema minado por la corrupción está incapacitado para impartir justicia. Se trate de absolver o de castigar.
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