Embestida judicial del Gobierno: la cumbre secreta en la que se pergeñaron las dos denuncias por la filtración de audios de Karina Milei

El viernes a última hora de la tarde, en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada, el Gobierno habilitó una mesa de estrategia judicial para intentar reorientar la conversación pública en la semana previa a la elección bonaerense. La gestión libertaria quiso aprovechar los primeros audios atribuidos a la voz de Karina Milei divulgados ese mismo día por el canal de streaming Carnaval (y la promesa de difusión de más material inédito de la hermana del Presidente) para cambiar la narrativa.

Luego de casi dos semanas en las que, a partir de los audios de Diego Spagnuolo, el Poder Ejecutivo quedó sospechado por corrupción con fondos públicos del sector de Discapacidad, la cúpula libertaria quiso cambiar el encuadre y exhibirse como víctima de una supuesta operación de espionaje ilegal.

Por esa mesa circularon, entre otros, Santiago Caputo; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio (cercano al asesor presidencial); el vocero Manuel Adorni y el apoderado de La Libertad Avanza (LLA), Santiago Viola, los últimos dos del riñón de Karina Milei. Asomaron dos objetivos. Por un lado, el de visibilizar una presunta “operación de servicios ilegales” para ensuciar al Gobierno en el marco del proceso electoral.

Para eso se pergeñó una denuncia penal que pusiera a todos los audios (los de Spagnuolo y los de Karina) como parte de una misma trama, si bien el origen y el contenido de unos y otros son bien distintos: la grabación al extitular de la Andis -en una conversación que parece grabada en un ámbito público, como un restaurant- se refiere a supuestos pedidos de coimas en el Gobierno (un asunto de interés público), mientras que la voz atribuida a Karina, presuntamente grabada en su despacho de la sede de gobierno, hasta ahora, no alude a un posible ilícito.

Por otra vía -y a pedido de la secretaria general de la Presidencia- se puso en marcha un operativo para proteger personalmente a Karina y frenar la difusión de nuevo material con su voz. De esto se ocupó Viola, que además de abogado del partido ya había representado a la hermana de Milei en una vieja causa por presunta venta de candidaturas en la campaña de 2023.

El mismo viernes, alrededor de las 22, ese abogado presentó un escrito en el fuero Civil y Comercial Federal y pidió una medida cautelar para prohibir a todos los medios que difundan “cualquier chat, audio, foto o video” anunciados por Carnaval así como también para impedir que hagan referencias a Karina Milei “en cualquier medio de comunicación masiva en forma directa o indirecta” y “en relación con dichos audios”, que se aprestaban a salir a la luz.

El escrito de Karina Milei se apalancó en tres argumentos. Señaló que los audios entrañarían un riesgo para su “honor”; habló de un posible daño grave a su “familia” y se refirió a una afectación a la “seguridad nacional”, dado que las grabaciones se habrían hecho en un despacho de la Casa Rosada, en la que se tratan asuntos sensibles.

Tal como publicó LA NACION, el escrito, firmado por la hermana del Presidente y por Viola, requirió que se ordene al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que comunique la prohibición de difusión “bajo pena pecuniaria”. El pedido se hizo bajo carácter reservado y se solicitó la habilitación de días inhábiles (el fin de semana) para hacer lugar a la medida de forma urgente.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, no obstante, no tramitó el pedido a través de un juzgado de guardia, fuera del horario hábil de los tribunales. El pedido lo tramitó el lunes el juzgado N° 5 a cargo de Alejandro Patricio Maraniello, que hizo lugar a la cautelar pasado el mediodía. El juez ordenó “solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno, anunciados el día 29/08/2025 -como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.

Maraniello hoy tiene ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de las cuales son por casos de acoso sexual contra sus empleadas.

Según fuentes oficiales, en principio, no está previsto que Karina Milei apele la medida de Maraniello para solicitarle que la prohibición abarque un criterio más amplio. De hecho, esta mañana el canal de streaming uruguayo Dopamina difundió un nuevo audio en el que la voz atribuida a la hermana del Presidente menciona a “Martín” (se referiría a Martín Menem).

El fragmento fue replicado y reproducido en redes sociales de medios y usuarios argentinos y tanto el titular de Diputados como Patricia Bullrich señalaron que se trataría de una conversación que se dio en la Cámara baja y que fue registrada de manera clandestina. Este fragmento no estaría alcanzado por el fallo de Maraniello, ya que no se circunscribe a audios “grabados en la Casa de Gobierno” y que fueron “anunciados el día 29/08/2025″.

Consultado por LA NACION, un colaborador de la Casa Rosada cercano a Karina apuntó: “Es difícil determinar qué es lo prohibido y qué no justamente porque la cautelar hace referencia a cuestiones posibles y futuras. Pero el pedido de cautelar fue en base al anuncio puntual que hizo Carnaval el viernes y en alusión a ese contenido específico. Así se solicitó a la Justicia y así lo concedió el juez”.

Y agregó: “Consideramos que la prensa no deberían publicar audios que no tienen interés público o periodístico y que se obtuvieron de manera ilegal. Pero no es lo que dice la resolución de Maraniello ni lo que decía el pedido de la cautelar que presentó Karina”.

La otra denuncia

La denuncia penal que el Gobierno promovió en Comodoro Py, en cambio, fue más allá porque reclamó que la Justicia solicite una batería de medidas de prueba. Entre otras, allanamientos en las oficinas y estudios de “Carnaval Stream”. La presentación corrió por cuenta de un abogado con funciones en el Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, que sostuvo que existió “una operación de inteligencia no institucional ilegal, cuidadosamente planificada para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”. Este expediente recayó en el juez Julián Ercolini y en el fiscal federal Carlos Stornelli.

En el escrito, Soto pidió que se investigue una línea específica, que partiría de presuntos sectores de la “oposición kirchnerista” y llegaría hasta el canal de streaming Carnaval, donde trabajan los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. Involucró, a su vez, a otros actores, como el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino y el abogado Franco Bindi. “La trama revela una red viscosa y pestilente, que comprendería a operadores políticos y a esferas de inteligencia no institucionales”, denunció el Poder Ejecutivo a través del escrito de Soto, que es director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales del ministerio que conduce Patricia Bullrich.

El escrito corrió por cuenta del Ministerio de Seguridad porque, según fuentes oficiales, estaba “comprometida la seguridad nacional” y “para que tuviera más fuerza”. Si bien la presentación oficial fue firmada por Soto, en su elaboración participaron otros equipos técnicos de abogados y hubo opiniones divergentes de las espadas judiciales del Gobierno.

En el seno del Gobierno se debatió si la denuncia debía ser más acotada, de pedido de averiguación de delito a partir de la simple descripción de los hechos (la difusión de los audios). O si se debía requerir a la Justicia que investigue un delito puntual, siguiendo una pista específica y con medidas de prueba de alto impacto (como los allanamientos a periodistas). Finalmente, primó la mirada más dura.

En el escrito de Soto, el Gobierno omitió aludir al contenido de los audios de Spagnuolo y a la causa por presuntos sobornos en la Agencia de Discapacidad. Apuntó directamente al “mensajero” y señaló que el streaming Carnaval “se creó con el único objeto de molestar y chantajear a los integrantes de la actual gestión de gobierno”. Afirmó, sin pruebas documentales, que “su dueño es Toviggino, mano de derecha del Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y opositor declarado del Gobierno”. La presentación del Ministerio de Seguridad, también apuntó que Bindi sería un “abogado ligado a agentes inorgánicos de inteligencia” además de la pareja de la diputada Marcela Pagano, que acaba de escindirse de LLA.

El escrito dice que los hechos denunciados “forman parte de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno nacional”, en referencia a Karina Milei, y que fueron “mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520″. Lo consideraron “parte de una trama más amplia, que involucra a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación para derrocar al gobierno”.

Parte de la oposición y un grupo de constitucionalistas coincidió en señalar que las denuncias del Gobierno buscan un “acto de censura” y violan “la libertad de expresión”. El diputado Maximiliano Ferraro (CC), por caso, apuntó: “Es censura previa, prohibida por la Constitución, en un fallo exprés a medida del Gobierno, con una cautelar sin plazo alguno. Como si eso fuera poco, Patricia Bullrich pide allanar medios y periodistas. ¿Qué sigue? ¿Quemar imprentas?”.

Stornelli ya impulsó la denuncia del Gobierno pero aclaró que en su investigación no violará el secreto de las fuentes de los periodistas ni sus domicilios con allanamientos.

Pese a que el debate público puso sobre relieve el ataque a la libertad de expresión, el Gobierno no retrocederá. Luego de que un medio uruguayo difundiera un nuevo audio de Karina Milei, Bullrich advirtió que irá por más. “El audio que publicaron hoy fue grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, otro poder del Estado democrático violado”, dijo la ministra. Y advirtió: “Ampliaremos la denuncia: porque si las hacés, las pagás”.

Por Maia Jastreblansky

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