1
La falta de información pública es el principal obstáculo de hoy
Aunque ya empieza a haber conciencia, faltan los recursos legales para controlar al Estado
1 minuto de lectura'
¿Puede el ciudadano controlar el gasto del Estado? ¿Cómo obligar al Estado a rendir cuentas de su desempeño ¿Puede el ciudadano demandar al Estado por malgastar o dilapidar lo que paga en concepto de impuestos? En definitiva, ¿tiene armas reales - más allá del voto- para controlar el uso que el Estado hace de los recursos de "todos"?
"En la Argentina el ciudadano puede patalear, pero no creo que tenga recursos legales para controlar el gasto del Estado. En los Estados Unidos se publica el presupuesto y su ejecución en Internet, y hay un acceso al proceso de gasto de los recursos. Como en Europa y en especial en los países escandinavos, hay un fuerte control a nivel municipal o local. Tanto el gasto como el control que se hace están muy descentralizados", afirma el politicólogo Guillermo O´Donnell desde los Estados Unidos, donde vive y trabaja desde hace varios años.
En oposición al escenario planteado por O´Donnell, en la Argentina el principal problema para controlar el gasto es la falta de información "porque el Gobierno no la genera y cuando lo hace, no están dadas las condiciones para que el ciudadano pueda acceder libremente y sin obstáculos burocráticos a esa información", sostiene Christian Gruenberg, director del Area de Control de Corrupción de Poder Ciudadano y director de Transparencia Internacional en la Argentina.
Tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, Poder Ciudadano -una fundación apartidaria sin fines de lucro nacida en 1989- implementó un monitoreo de esta capacidad para generar, recolectar y transferir información y los resultados fueron negativos: "En muchos organismos la información no está; en otros la información está, pero no la dan a conocer; en otros está, pero los funcionarios no saben cómo darla ni cómo atender al público, y en la mayoría de los organismos de la Ciudad de Buenos Aires el funcionario ni siquiera sabe de la existencia de la ley 104 que lo obliga -con excepción de casos muy específicos que exigen confidencialidad- a transmitir la información requerida", enfatiza Gruenberg.
Por eso, para Roberto de Michele -director de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción- no es solamente una cuestión de acceso a la información sino de efectividad de la legislación. "El Estado argentino no tiene desarrollada la gestión de la información. Es un problema de diseño de estructura y de proceso para atender al cliente. Dar información es otorgar un producto, y todavía no estamos entrenados", concluye de Michele desde el organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El acceso a la información es una tarea complicada aún para la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira. "Los funcionarios deben darme la información que les pido porque tengo facultades parajudiciales -aclara la defensora-. Si el proceso se vuelve una lucha infinita, hago acciones de amparo y hasta ahora las he ganado todas." En su caso, sólo ante la amenaza de ir a la Justicia los funcionarios acceden a hacer pública la información.
Autoritarismo y discrecionalidad
A diferencia de lo que sucede en el ámbito de la ciudad, en el nivel nacional no existe ninguna ley al estilo del "Freedom of Information Act" de los EE.UU., que incluye una oficina de atención al público en donde se capacita al ciudadano para acceder a la información requerida.
La ausencia de información pública y las fallas en los sistemas de control no son características exclusivas de la Argentina sino de todos los países que han padecido regímenes autoritarios y que han hecho del secreto, el hermetismo y la discrecionalidad sus principales banderas. "El difícil acceso a la información es casi una regla en todos los países en vías de desarrollo institucional", afirma Gruenberg, y sostiene que en las democracias que vienen de gobiernos autoritarios como la Argentina y casi todo el resto de Latinoamérica, el Estado se organiza de acuerdo con una altísima discrecionalidad y muy baja transparencia.
A pesar de ciertas reformas modernizadoras en el sector público, subsisten enclaves autoritarios en las estructuras estatales, sistemas altamente permeables a actos de corrupción, y "estilos" de gestión más emparentados a gobiernos de facto que a gobiernos democráticos, con gobernantes y funcionarios con baja tendencia al recorte de su poder y a ser responsables ante la ciudadanía.
La ausencia de información pública y de políticas de transparencia, la falla en los sistemas de controles, la existencia de "cajas negras" y el Estado como espacio de negocios privados de "servidores públicos" confirman la desconfianza ciudadana respecto de las cualidades administrativas del Estado. A modo de ejemplo, Oliviera sostiene que en estos momentos está investigando los graves problemas de infraestructura escolar que hay en varias escuelas de la zona sur a las que no le llegan las partidas presupuestarias asignadas para hacer los arreglos necesarios. "La mitad de la plata se queda en el camino o se desvía. Y también debe haber sobrefacturaciones", agrega.
Entonces, ¿cómo diseñar políticas de prevención de la corrupción y sistemas de fiscalización verdaderamente eficaces? Según Roberto de Michele -encargado de diseñar políticas de transparencia- no se puede tener una estrategia de prevención y control de corrupción general porque no existe la fórmula para resolver este problema. "Este problema tiene tantas formas como formas tienen la administración pública. Lo ideal es que haya un sistema general y a su vez sistemas específicos para cada una de las operaciones." A diferencia de lo que el ciudadano pueda suponer, según de Michele la manera más eficiente de controlar no es a través de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), ni la Auditoría, ni la Oficina Anticorrupción sino desde la propia gestión: "Por ejemplo, en una empresa privada son los propios gerentes los que tienen que controlar, no el auditor. Esto requiere tiempo y que la gente sepa que el control principal no está en organismos como éste sino en la propia gestión".
La forma republicana de gobierno - establecida en la Constitución Nacional- cuenta entre sus características a la publicidad ("los actos de gobierno deben ser dados a conocer") y la responsabilidad ("todos los funcionarios son responsables civil, penal, administrativa y políticamente"). Ninguno de estos rasgos tiene plena vigencia en la Argentina del año 2000. A 17 años de restauración democrática aún quedan muchas asignaturas pendientes. Y la Argentina, qué dudas cabe, tiene un largo camino por recorrer.
Últimas Noticias
Revés para la CGT. La Justicia rechazó la medida cautelar contra algunos puntos de la reforma laboral
Inusual posteo. Karina Milei se metió en el caso AFA y le respondió al abogado de la entidad: "Si son culpables tendrán que pagar"
