
La historia argentina vivió varios controles, siempre sin resultado
Lo intentaron Perón, Bignone y Alfonsín
1 minuto de lectura'
La experiencia argentina de los últimos treinta años muestra varios intentos de control de precios para frenar la inflación y la caída del poder adquisitivo de la población.
En 1973, bajo la tercera presidencia de Juan Domingo Perón (1973-1974), el ministro de Economía, José Ber Gelbard, firmó un acuerdo llamado Acta de Compromiso Nacional entre la CGT y la entonces poderosa Confederación General Económica (CGE), mediante la cual se convenía mantener estables los precios y los salarios durante un plazo de dos años. Sin embargo, a los 10 meses hubo que revisar tal medida porque los empresarios adelantaron sus precios, previendo el triunfo del peronismo, recuerda el historiador Roberto Cortés Conde en su libro "Progreso y declinación de la economía argentina".
El aumento de los precios y las pujas salariales motivaron la salida de Gelbard, reemplazado por Alfredo Gómez Morales, que más tarde dejó su lugar a Celestino Rodrigo. El autor del célebre "Rodrigazo", en 1975, dispuso una devaluación que duplicó el valor del dólar y elevó las tarifas públicas y los combustibles más del 100 por ciento.
El 10 de marzo de 1976, pocos días antes del golpe militar, el último ministro de Economía de Isabel Perón, Emilio Mondelli, anunció el estado de "emergencia económica", que incluyó nuevos precios tope para el pan, fideos, quesos, manteca, leche en polvo y aceite. La medida rigió hasta el comienzo del gobierno militar.
El control de precios volvió el 13 de septiembre de 1982, con Reynaldo Bignone en la presidencia y Jorge Wehbe como ministro de Economía. "Rige un nuevo control de precios", tituló LA NACION al día siguiente. Entre los argumentos se cita la necesidad de "resguardar el salario real", amenazado por una "estructura industrial monopólica", argumentos sorprendentemente parecidos a los que se esgrimen hoy. Esta medida puso bajo control del Gobierno los productos de 675 empresas.
El 13 de diciembre de 1983, el recién asumido Raúl Alfonsín y su ministro de Economía, Bernardo Grinspun, anunciaron un nuevo sistema de regulación de precios. Este plan estableció márgenes máximos en la comercialización de alimentos. En el caso de los mayoristas, el margen no podía exceder el 20%, mientras que en los minoristas, el tope era del 40%. Los aumentos debían ser aprobados por la Secretaría de Comercio, que publicaba las listas con los precios indicados para los productos de la canasta básica familiar.
A diferencia de la actualidad, la situación fiscal era muy complicada, lo que llevó a la inflación "a magnitudes inéditas", refiere Cortés Conde en su libro. "En 1984 los precios habían trepado a más del 600% anual", señala.
En febrero de 1985, Grinspun es reemplazado por Juan Vital Sourrouille, que en junio anunció el Plan Austral, que congeló los precios, los salarios y los servicios públicos. También se publicaban listas con precios máximos de los productos. Nueve meses después de lanzado el plan, el Gobierno decidió abandonar el congelamiento. En julio de 1987 la inflación fue del 12%; en septiembre se anunció el Plan Primavera, que estableció un nuevo acuerdo.
La hiperinflación se desató en julio de 1989; el 8 asumió la presidencia Carlos Menem, y su ministro Néstor Rapanelli anunció el 17 de julio que se congelaban durante 90 días los precios de 300 empresas líderes, y se publicaba una lista orientativa de precios máximos de 30 productos. El año siguiente volvió la zozobra en materia de inflación, hasta que se liberó el control con la llegada de la convertibilidad, en 1991.





