La Justicia, al servicio de la persecución

Mauricio Macri es el líder político del sector más antikirchnerista de la sociedad. Es la evidencia de las encuestas que se conocen. Resulta imposible pronosticar hoy si con ese caudal le alcanzará para regresar al centro de la política o si será en adelante solo una referencia insoslayable de la vida pública.

Macri nació en una familia rica. Esa extracción social lo ayudó y lo perjudicó al mismo tiempo. Lo favoreció porque no necesitó nunca hacerse conocer. Era conocido desde antes de lanzarse a la política. El conocimiento público es un capital político importante. Lo afectó, en cambio, porque lo rodea el prejuicio social casi congénito para los que pertenecen al sector más alto de la sociedad. Con tales características, Macri es el enemigo ideal para el cristinismo gobernante. Pudiente, defensor de un proyecto político absolutamente opuesto al del peronismo que gobierna y, encima, presidente de la Nación durante un período en el que los más empinados dirigentes del kirchnerismo debieron enfrentar numerosos juicios por presuntos hechos de corrupción.

La descripción del personaje es imprescindible para entender qué es lo que está pasando con una causa emblemática contra el expresidente: la que hurga en las deudas de la empresa propietaria del Correo. La jueza Marta Cirulli acaba de decretar la quiebra de la empresa, a pesar de que sus propietarios ofrecieron pagar el 100 por ciento de la deuda más los intereses. La adquisición de la histórica compañía postal del país fue, desde ya, un error político y comercial del padre del expresidente, Franco Macri. La compra sucedió durante el gobierno de Carlos Menem, luego del vendaval político que provocó el ocaso de Alfredo Yabrán, el empresario suicidado que era dueño de la competencia privada del Correo Argentino, la empresa OCA. ¿Fue un favor político de Franco Macri a Menem, seriamente comprometido por su relación con Yabrán? Es probable. La aparición del patriarca de los Macri en el negocio postal tuvo siempre más preguntas que respuestas.

En 2003, el gobierno de Néstor Kirchner estatizó los activos de la empresa (bienes inmuebles, maquinarias, cuentas bancarias, entre otras propiedades) y dejó los pasivos (las deudas) en manos de sus dueños. Contabilizó una deuda de casi 300 millones de dólares de la época de la convertibilidad, de cuando un peso valía un dólar. Ninguna deuda argentina se valuó en dólares después de la crisis de 2001/2002, cuando se pesificaron todas las transacciones comerciales y bancarias. Era una deuda por la mora en el pago del canon de parte de Franco Macri acordado con el gobierno de Menem. La estatización de Kirchner fue una decisión destinada más a perjudicar a Franco Macri que a Mauricio, aunque este ya era entonces un popular presidente de Boca, lugar que lo lanzó a la fama nacional. Luego, desde 2005, cuando Mauricio Macri fue elegido diputado nacional, el objetivo de los Kirchner cambió: debía combatirse a Mauricio más que a Franco. Néstor Kirchner no se equivocó en la elección del enemigo. Dos años más tarde, en 2007, Mauricio Macri le arrebató al kirchnerismo el control político de la estratégica Capital Federal. Los seguidores de Néstor Kirchner no recuperaron nunca el distrito federal, que es también la principal vidriera política del país.

La decisión sobre el Correo sucede después de que se implicó personalmente en el caso el procurador del Tesoro (jefe de todos los abogados del Gobierno), Carlos Zannini. Zannini estuvo preso en la época de Macri. Fue una decisión del entonces juez Claudio Bonadio en el marco de la causa por el memorándum con Irán. Seguramente fue una decisión innecesaria, porque Zannini no había tenido una participación formal directa (sí influyó) en la elaboración de ese acuerdo. La propia causa del memorándum está sometida a la interpretación judicial de si fue una decisión política justiciable –o no–. Hay pésimas decisiones políticas, como fue acordar con los autores del mayor atentado que sufrió el país (el de la AMIA), pero que corresponden exclusivamente al Poder Ejecutivo.

Zannini es un hombre ideologizado, rencoroso y, muchas veces, resentido. Tanto él como Cristina Kirchner decidieron al principio de todo, cuando Macri llegó al poder, que eran víctimas de una persecución política ordenada por el entonces presidente. La mayoría de las causas judiciales, ya sea por corrupción o por decisiones políticas, fueron iniciadas cuando la presidenta era Cristina Kirchner. Lo que hizo el gobierno de Macri (o sus distintos organismos) fue aportar información a la Justicia que esta había reclamado a la administración nacional y que Cristina le negaba. Nunca hubo ninguna prueba de la implicación personal del expresidente en las causas contra los dirigentes cristinistas, pero estos convirtieron esa estrategia de victimización en una verdad. Y ellos fueron los primeros en creerla.

En tal contexto, es inexplicable que el Estado no acepte una oferta de la familia Macri para pagar el total de la deuda más los intereses. La oferta fue aceptada por todos los acreedores privados, menos por el Estado. La jueza Cirulli se quedó con la opinión del Estado (es decir, de Zannini y de Cristina) y ordenó la quiebra. Una información no menor es que las acciones del Correo no están a nombre de Mauricio Macri, sino de los hijos de este, por una vieja donación del padre. Si todo concluyera en la culpabilidad de los hijos de Macri, estos tendrán dificultad para salir del país o para ser titulares de cuentas bancarias. La revancha debe ser, según parece, íntegra. Los hijos de Macri deben pagar como pagaron en su momento los hijos de Cristina, Máximo y Florencia. La diferencia es que Macri donó lo que heredó de su padre, mientras los hijos de Cristina se hacían de una enorme fortuna que no se puede adquirir desde la función pública.

Néstor y Cristina Kirchner fueron funcionarios públicos desde 1987. Los padres de Máximo y Florencia Kirchner incorporaron a sus hijos no solo al paquete accionario de sus empresas, sino también a los directorios. Si esas personas están comprometidas en causas judiciales, ¿es culpa de los jueces que investigaron la fortuna de los Kirchner o de los padres de los hijos investigados? Es imposible formular esa pregunta ante personas convencidas de que la verdad consiste en que fueron perseguidas y ahora les toca a ellas perseguir.

De la jueza Cirulli nadie sabe nada. Cultora de un bajo perfil absoluto, algunos que la frecuentaron señalan que es una “expresión cabal de la burocracia judicial”. Esto es: sabe con exactitud hacía dónde sopla el viento. Punto. Nada más. Otra cosa sucede con las juezas de la Cámara Nacional en lo Comercial, María Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, a quienes se considera en tribunales alejadas de intereses políticos o ideológicos. “Podrán sentir temor, pero no simpatía hacia el Gobierno”, dice otra jueza que las conoce. Esa cámara es la instancia de apelaciones de la jueza Cirulli en la caso del Correo. Las dos camaristas acaban de rechazar un pedido del Superior Tribunal de Justicia de la Capital para que el expediente del Correo sea examinado por la jurisdicción capitalina. Ahora, es la Corte Suprema de Justicia la que deberá decidir cuál es la jurisdicción que le corresponde al caso, si la nacional o la capitalina. En un asunto donde se sospecha persecución política, el máximo tribunal de Justicia del país no debería postergar durante mucho tiempo su decisión. De hecho, Zannini dio este martes nuevas pruebas de ensañamiento cuando adelantó que pedirá también la quiebra de Socma, la casa matriz de la familia Macri. No hay ninguna prueba de transferencias de dinero entre el Correo y Socma; se trata solo de simples inferencias que el procurador del Tesoro convierte en pruebas imbatibles.

La figura de la persecución cobra más nitidez cuando se compara el caso del Correo con el de la empresa Indalo, propiedad de Cristóbal López y de Fabián de Sousa, amigos de Cristina Kirchner y del propio Alberto Fernández. López y De Sousa cometieron un delito mucho más grave que la evasión fiscal; se quedaron directamente con el dinero que retenían en nombre del Estado cuando vendían naftas. Esa causa les significó la cárcel a los dos, pero ahora, con el cristinismo en pleno auge, no solo recuperaron la libertad; también les permitieron pagar aquella enorme deuda con la AFIP en cómodas cuotas. La habilitación para que ellos pudieran pagar en cuotas fue escrita en el propio presupuesto de la Nación de 2021 y aprobada por el Congreso. ¿Puede haber mayor asimetría en el trato del Estado con unos y otros?

El problema no es, como se ve, solo la revancha de una facción política. También es un problema la Justicia, dispuesta a oscilar según el péndulo y el dinamismo propios de la política. Los cristinistas iban presos, con razón o sin ella, en tiempos de Macri. Un expresidente y su familia son perseguidos por la misma Justicia cuando Cristina Kirchner se hace con la suma del poder público. El mayor drama de un país no es tener a una lideresa vengativa y autorreferencial; el drama más grande consiste en una nación con jueces volátiles y contradictorios.

Por Joaquín Morales Solá

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Tipo de trabajo:análisis