La Justicia frenó los despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Tras los reclamos de ATE, se dio marcha atrás a la Resolución 42/26, publicada por el Gobierno en abril, que disponía la cesación de la prestación de servicios
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LA NACION
La Justicia falló a favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en su pedido de dar marcha atrás a la Resolución 42/26 del gobierno nacional, que disponía la cesación de la prestación de más de 900 servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Tras la medida publicada en abril, los empleados estatales habían denunciado un intento de “desmantelamiento” del organismo para justificar más de 700 despidos.
Este martes, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de San Martín acató la medida cautelar que presentó el gremio, en la que exigía que las autoridades del INTI se abstengan de aplicar la resolución. “La Justicia falla a favor de ATE y frena los despidos masivos en el INTI. También impide el desmantelamiento del organismo. Es un triunfo para los estatales”, celebró en sus redes sociales Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
“La Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”, explicó y definió a la cautelar como un “avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”.
En tanto, apuntó contra el Gobierno: “Lo dijimos mil veces: no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional. Se están debilitando, la tortilla se empezó a dar vuelta y vamos por más”.
A mediados de abril, el Gobierno dio de baja más de 900 servicios que el INTI prestaba y aclaró que se trataba de una medida en consecuencia de la “baja demanda”. La resolución, además, fue impulsada en el marco de los recortes que el Ejecutivo establece sobre el organismo desde 2024.
Tal como informó LA NACION, los casi 1000 servicios que fueron suprimidos tenían que ver, entre otros, con ensayos microbiológicos clave en alimentos (detección de Salmonella, E. coli, Listeria) y control de contaminantes como micotoxinas; análisis de calidad de agua y efluentes (potabilidad, metales, compuestos orgánicos); servicios de metrología y calibración de instrumentos (termómetros, prensas, equipos electrónicos); ensayos para la industria como materiales de construcción, seguridad eléctrica/electrónica y control de combustibles (naftas, gasoil) y para componentes de seguridad en transporte (ascensores, automotriz).
“Se verificó que una gran cantidad de servicios desarrollados no tuvieron demanda efectiva, o poseen oferta privada. Dicha situación implica un uso subóptimo de los recursos estatales, en tanto y en cuanto se dedican recursos a ofrecer servicios que no son demandados o que son ofrecidos por empresas privadas que operan en condiciones de mercado", detallaron en la publicación en el Boletín Oficial.
La medida causó la reacción de empleados del INTI y de ATE quienes tildaron a la resolución como un intento de “desmantelar” el organismo y justificar los 700 despidos. En ese contexto, a principios de mayo se convocó a un paro de 24 horas y Aguiar declaró que la normativa podría ocasionar la pérdida de “personal altamente calificado como profesionales y técnicos de una enorme trayectoria”.
Desde el sindicato denunciaron además que el INTI brindaba un total de 3000 servicios, con lo cual la eliminación de casi 1000 de ellas significa una reducción del 30% de la institución.
“No aceptamos la amenaza de despedir masivamente trabajadores y desarticular numerosas líneas de trabajo. Están poniendo en riesgo a toda la población. El Gobierno no puede usar el argumento de que se trata de un organismo deficitario, ya que los servicios que realiza el INTI son pagados por las empresas. No solo no tiene pérdidas, sino que además es superavitario”, manifestó el secretario general de ATE.
LA NACION
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