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La Justicia investiga a Moyano por un negocio en el puerto
Lo denunció la fiscalía anticorrupción por cómo le cedieron la potestad de controlar containers
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LA NACIONHernán Cappiello
La situación de Hugo Moyano en la Justicia parece complicarse al mismo ritmo que su distanciamiento del Gobierno. La Justicia investiga una denuncia contra la Administración General de Puertos (AGP) y la Federación de Camioneros por la supuesta irregularidad en la entrega al gremio de Moyano de un negocio que mueve 4 millones de dólares mensuales.
Se trata de la cesión por diez años, sin licitación, de dos predios en el puerto de Buenos Aires y la facultad de cobrar 14 dólares por cada contenedor que se mueve allí, para certificar su integridad y la aptitud del transportista. La presentación del certificado es obligatoria. Camioneros le cedió los terrenos y la tarea de certificación al Instituto Verificador del Transporte (Ivetra), una empresa privada dirigida por moyanistas.
Además, Ivetra comercializa un seguro especial sobre el contenedor, denominado Transporte Argentino Protegido (TAP), de 67 dólares más IVA por container. No es obligatorio, pero uno no entra ni sale del puerto sin este seguro.
La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA), a cargo de Guillermo Noailles, presentó el 19 de marzo una denuncia en la que identifica como imputados a Hugo Moyano, como secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros; a Jorge Cholvis, como gerente general de la AGP, y a Sergio Sander, como gerente de la asesoría jurídica de la AGP.
El director de Ivetra es Daniel Llermanos, abogado de Moyano, y el presidente es Gustavo Elías, hombre de confianza del camionero. La causa quedó radicada en el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral, que delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita.
Llermanos negó en diálogo con LA NACION que la Federación de Camioneros estuviera relacionada con la empresa y que "es una casualidad" que sus directivos sean amigos del sindicalista. Explicó que se trata de una firma que presta servicios a importantes multinacionales y que el predio del puerto -por el que pagan un alquiler de 120.000 dólares anuales, dijo- era un pantano que ellos convirtieron casi en un camping con pileta de natación.
La idea de Ivetra es levantar una playa de estacionamiento para 400 camiones junto al río, darles un quincho, una arboleda, un buffet y un vestuario. Pero no está terminado.
Mientras tanto, pidieron otro predio lindero. El proclamado objetivo de las obras es sacar los camiones de las calles aledañas al puerto, cuestión que no ocurre.
Según la denuncia, la investigación se inició en la FIA en 2009 cuando el desaparecido diario Crítica publicó una nota en la que revelaba que se le adjudicaba a Moyano el millonario negocio. La investigación de Noailles mencionaba sólo el cargo de 14 dólares más IVA, al que luego se agregó el cobro del seguro.
La versión de Llermanos
Llermanos negó el vínculo con el camionero, dijo que la Federación apareció en los acuerdos originales "porque intervino la mutual de camioneros" y explicó que la verificación del contenedor está a cargo de Bureau Veritas. Afirmó que la cesión del predio no es ilegal y la comparó con el uso del espacio que hacen los restaurantes de Puerto Madero. Aseguró que desde que Ivetra controla los contenedores no se producen accidentes mortales.
Sin embargo, en la denuncia de Noailles se menciona que el primer antecedente de la cesión del predio es una acuerdo firmado entre la AGP y la Federación Nacional de Camioneros en 2005 y que en 2008 apareció Ivetra, junto con las firmas Buenos Aires Container Terminal Services SA (Bactssa) y Terminales Río de la Plata, firmando un convenio para acondicionar el predio, conocido como El Relleno. En posteriores resoluciones, la AGP renuncia a intervenir en fijar la tarifa por el servicio.
Y en ese preacuerdo de 2008, la Federación de Camioneros "se adjudica la potestad de designar a un tercero, Ivetra, a la que le otorga mandato para desarrollar el proyecto". La FIA señala: "Se desnaturaliza la propuesta inicial, pues el proyecto queda en manos privadas por completo. Entonces ¿no debió acaso este emprendimiento llevarse adelante bajo la modalidad de licitación pública?".
Dijo la FIA que en ese preacuerdo se estableció que era obligatorio presentar el certificado de verificación técnica y documental que debe extender Ivetra. Llermanos dijo que otra firma brinda el mismo servicio.
"No existe explicación, justificación ni análisis económico financiero que aporte algún elemento que respalde el monto estipulado para la obtención del certificado, que pasó a tener un carácter necesario para ser presentado por todo transporte automotor de cargo previo al ingreso de los camiones en las terminales portuarias", dice la denuncia.
Agrega que el certificado puede comprarse en las oficinas de Ivetra, sin necesidad de control sobre el contenedor ni sobre la situación registral del camionero y la transportista.
En 2008, las empresas le pidieron a la AGP que, además del relleno de 16 hectáreas, le concedieran otro aledaño hasta que terminaran las obras. El uso de este predio lindero fue prorrogado en 2010 por un período indeterminado, dice la denuncia. Se pregunta la FIA qué destino se les dieron a los 14 dólares por contenedor que cobra Ivetra desde 2009 si en 2010 aún no había cumplido con las obras esenciales en El Relleno.
"ESTÁ INSPIRADO EN EL PROYECTO DE NÉSTOR KIRCHNER"
El abogado de Hugo Moyano, Daniel Llermanos, director de Ivetra, aseguró que la empresa "está inspirada en el proyecto de Néstor Kirchner". Dijo que la firma ahora denunciada por la FIA "proyecta una inversión superior a los $ 100.000.000, de los cuales se han aportado ya -aproximadamente- un 20%". Y aseguró que "todas estas inversiones son provenientes del sector privado y se encuentran en el predio llamado Relleno, por el que se paga un alquiler anual de unos 120.000 dólares". Dijo que la obra realizada quedará para el Estado cuando termine la concesión.
Por Hernán Cappiello
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