La Justicia investiga la red de llamados de los espías y cita a agentes del Ejército

A 11 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por un presunto pacto con Irán, la Justicia busca hacerse camino por el laberinto que se abrió detrás de la pista de los “espías”, nacida de la activa red de comunicaciones entre agentes de inteligencia detectada aquel fin de semana, en las horas previas a la tragedia.

En el equipo de investigadores que lidera el fiscal federal Eduardo Taiano consideran casi finalizada la primera parte de este trayecto, aunque todavía vislumbran un largo camino por delante.

Destacan haber concluido con la declaración de un grupo de 80 agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –hoy SIDE– y que, sobre la base del cruce de esos testimonios, se solicitó la “desclasificación” de información de inteligencia al Poder Ejecutivo. Una parte fue habilitada y otra no, dijo una fuente del caso.

Está previsto continuar con la declaración del personal de inteligencia, pero del Ejército argentino. Son un total de 400 personas, que ya comenzaron a ser citadas. No son testimoniales “comunes” y suelen durar, en promedio, unas seis horas, dijo uno de los investigadores.

La hipótesis que empuja este grupo de medidas es que la muerte del entonces fiscal de la causa AMIA puede estar relacionada con una guerra interna de los servicios de inteligencia.

Una de las principales pruebas en ese sentido es la gran cantidad de comunicaciones entre agentes detectadas por la Justicia aquel fin de semana, que aumentaron de forma exponencial el domingo 18 por la mañana, en las horas previas a que la madre del fiscal, su custodia y un cerrajero consiguieran franquear la puerta de servicio y entrar al departamento de Nisman, en Puerto Madero.

La fiscalía, el juez Ercolini y la Cámara Federal dieron por acreditado que su muerte fue producto de un homicidio. La prueba central es el peritaje realizado por Gendarmería, en 2017, que sostuvo que al menos dos personas entraron al departamento del fiscal en las Torres Le Parc, lo redujeron, lo pusieron de rodillas y con la intención de simular un suicidio, le dispararon en la cabeza.

Sin embargo, a más de una década del hecho, no hay indicios claros de quiénes fueron los autores materiales o intelectuales del homicidio.

En este tramo principal del caso, hay cinco procesamientos confirmados: los cuatro custodios que debieron proteger a Nisman durante esas horas y no lo hicieron, porque no estaban; y Diego Lagomarsino, el informático que lo asistía en la investigación por fuera de la estructura de la fiscalía.

Fue quien, en las horas previas a su muerte, le llevó el arma a Nisman (según la versión de Lagomarsino, a pedido del fiscal). Fue vinculado a los servicios de inteligencia por distintos testimonios y está imputado como partícipe necesario.

La otra pata de la investigación

La fiscalía identificó y denunció en un informe del año pasado, en ocasión de los 10 años de la muerte del fiscal, un procedimiento inicial sembrado por una gran cantidad de irregularidades. Esto es objeto de investigación en una causa conexa, y apunta, fundamentalmente, contra el accionar de la propia Justicia en horas decisivas.

La tardía intervención del juzgado de turno, la gran cantidad de gente que se presentó y se desplazó por el departamento -algunos de ellos altos funcionarios, como Sergio Berni-, la incorrecta delimitación de la escena, circunscripta solo al baño, y otras desprolijidades, como la falta de un termómetro para medir la temperatura tanto del cuerpo como del lugar, claves para determinar la hora de muerte, son algunas de las irregularidades apuntadas en el informe. Muchas de ellas quedaron capturadas en el registro fotográfico y fílmico que acompañó el procedimiento.

Aquel informe añade que, pese a la gran cantidad de personas que desfilaron por el departamento —cerca de 80, dice la fiscalía—, durante ese primer procedimiento pasó inadvertida la existencia de una puerta de metal en la cocina que daba acceso a un espacio compartido con el departamento lindante, de piso enrejado, donde se encontraban instalados los aires acondicionados de ambos departamentos.

En esta causa conexa están imputados el entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni; el exjefe de la Policía Federal Argentina, Román Di Santo; el exprefecto general de la Prefectura Naval Argentina, Luis Alberto Heiler; el exsecretario de Cooperación con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad, Darío Ruiz; y la fiscal del caso antes de que pasara a la justicia federal, Viviana Fein, máxima autoridad en la escena. Fein fue llamada a indagatoria a fines del año pasado, pero su declaración se pospuso para la última semana de febrero.

Memorándum con Irán

Al costado de las causas que investigan lo ocurrido aquel 18 de enero, marcha la denuncia de Nisman, que consiguió avanzar a los tropezones en estos 11 años y hoy está a la puerta de un juicio oral.

En su presentación del 14 de enero de 2015, por la que decidió interrumpir intempestivamente un viaje en Europa, Nisman denunció la existencia de un pacto espurio entre el Gobierno de Cristina Kirchner e Irán. Ese acuerdo, según la acusación, les daría impunidad a los iraníes sospechados de volar la AMIA a cambio de beneficios comerciales para el país y se instrumentalizaría a través de una comisión de investigación.

La denuncia fue desestimada rápidamente por el juez Daniel Rafecas por falta de pruebas, decisión que fue luego confirmada por la Cámara Federal, en un fallo dividido.

Como uno de los elementos centrales de la denuncia figuran las escuchas a referentes de la comunidad islámica, como “Yussuf” Khalil, y dirigentes sociales ligados al kirchnerismo, como Luis D’Elía. Habrían constituido un canal extraoficial entre ambos países para establecer el pacto de encubrimiento.

Para desestimar la acusación, Rafecas sostuvo que el acuerdo entre países no entró en vigencia, porque Irán nunca ratificó internamente el acuerdo, que sí había sido aprobado por el Congreso argentino. Sostuvo también que en las conversaciones interceptadas había elementos que contradecían la acusación, como menciones a que el canciller de entonces Héctor Timerman era “inflexible” respecto al pedido para hacer caer las alertas que pesaban sobre los iraníes.

La Casación desanduvo ese camino. En un fallo sin disidencias, la Sala I sostuvo que, por tratarse de una denuncia con un trasfondo de lesa humanidad, existían compromisos especiales de investigación y que la decisión de Rafecas había sido “prematura”. Los autores del fallo, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, resaltaron también que el pacto fue declarado “inconstitucional”.

El juicio oral por el memorándum no tiene aún fecha de inicio y atraviesa un proceso de instrucción complementaria. Una de las cuestiones todavía abiertas es si el exjefe de Interpol, Ronald Noble, declarará como testigo en el debate. Su testimonio es relevante porque corre en contramano a la acusación: Noble aseguró en el pasado que el acuerdo nunca haría caer los pedidos de captura que pesaban sobre los iraníes sospechados de volar la AMIA.

Por Federico González del Solar

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