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La Justicia le ordenó a Adorni que garantice el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos
El juez Alejo Ramos Padilla le exigió a la Jefatura de Gabinete que disponga de manera inmediata todas las medidas posibles para sostener al organismo; el reclamo fue de un grupo de fiscales especializados
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LA NACION
El juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar para garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo público que realiza análisis genéticos para identificar personas y que atraviesa una crisis que -advirtió el fallo del magistrado- pone en peligro su continuidad.
La medida fue en respuesta a un reclamo coral de fiscales especializados en violaciones a los derechos humanos, los cuales advirtieron que el BNDG atraviesa una situación crítica presupuestaria y operativa que podría afectar su capacidad de hacer pericias genéticas y preservar muestras biológicas.
“Ordenar como medida cautelar interina que al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, Lic. Manuel Adorni [...], disponga de manera inmediata todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, incluyendo la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos”, dice la resolución, a la que tuvo acceso LA NACION.
La medida se enmarca en una investigación por posible “supresión de identidad” de una persona durante la última dictadura. Ramos Padilla sostuvo que el BNDG es un organismo “esencial” para ese tipo de investigaciones porque actúa como perito oficial exclusivo en causas de búsqueda e identificación de hijos de desaparecidos y de restos de víctimas.
Según fuentes del sector, el BNDG atraviesa una situación crítica luego de que una empresa encargada del mantenimiento y la limpieza del edificio retiró el servicio ante la falta de pago. Así se pusieron en riesgo -advierten- la preservación de muestras biológicas, documentación y datos genéticos acumulados durante casi 40 años.
El juez pidió informes en un plazo de cinco días a la Jefatura de Gabinete, al propio BNDG, y al Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahíques, por la eventual responsabilidad del Estado ante una afectación del servicio de justicia.
El BNDG es un organismo clave en materia de derechos humanos. Fue creado en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, para trabajar en la tarea de búsqueda de niños nacidos en cautiverio y apropiados durante la última dictadura militar. Pero además colaboró para determinar filiaciones en otros casos -ajenos a los vinculados a crímenes de lesa humanidad- cuando no estaba desarrollada la investigación genética como lo está hoy.
LA NACION
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