La Justicia le prohibió a un intendente de Pro disponer de fondos para planes asistenciales

La jueza Servini de Cubría dispuso la medida ante la sospecha de que se podría estar haciendo un uso clientelar con dinero de la comuna que encabeza Nicolás Ducoté
La jueza Servini de Cubría dispuso la medida ante la sospecha de que se podría estar haciendo un uso clientelar con dinero de la comuna que encabeza Nicolás Ducoté Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk
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10 de octubre de 2019  • 12:07

La jueza electoral María Romilda Servini le ordenó al intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, de Juntos por el Cambio, que se abstuviera "de disponer de fondos de la tesorería" del municipio para programas asistenciales que estaban previstos, ante la sospecha de que se podría estar haciendo un uso clientelar del dinero de la comuna.

La decisión de Servini fue una medida cautelar, que hizo lugar a lo planteado por Guido Bordachar, apoderado del Frente de Todos de Pilar, que había denunciado un supuesto manejo irregular de subsidios destinados a las zonas del municipio donde Ducoté, que perdió en las PASO, habría recibido el menor caudal de votos.

"Nos encontramos ante una inminente elección de las máximas autoridades comunales y de ser como se planteara en esta denuncia, podría haber condicionamientos a los votantes del distrito, a través de estos programas [asistenciales]", afirmó la jueza.

Servini no es la jueza competente para intervenir en este caso. Así lo reconoció la propia magistrada en este expediente y, por eso, envió el caso a la justicia federal de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, antes de desprenderse de la causa, firmó esta cautelar.

Lo hizo "preventivamente" -afirmó- "a los efectos de garantizar una mayor certidumbre a la totalidad de las agrupaciones que compitan en las elecciones" de Pilar y "con el fin de evitar cualquier situación que pudiera atentar contra el derecho a elegir libremente".

La medida no alcanza solo a Ducoté; también a su jefe de gabinete, Juan Pablo Martignone.

Apelación

"Esto es parte de una campaña de desprestigio", dijo Martignone a LA NACION. "Iniciamos hace unos dos meses un proceso para poner en marcha programas para asistir a las familias más vulnerables, sacamos una serie de decretos y veníamos avanzando. Hay una política pública y queremos ejecutarla más allá de lo que pase con las elecciones", declaró.

Martignone destacó que todo el Consejo Deliberante de Pilar había declarado la emergencia alimentaria y social, y dijo que ayer recibieron la notificación con el fallo de Servini y en los próximos días lo apelarán.

Según la denuncia, citada por la jueza en su fallo, Ducoté habría implementado un sistema para poder distribuir una gran cantidad de subsidios a través de una serie de programas municipales (de "asistencia directa a estudiantes", de "fomento del trabajo", "para discapacitados", "para el adulto mayor" y "para niños escolarizados"). De acuerdo con este plan -citó la jueza-, entre tres y cuatro veces al año se podría solicitar un subsidio de entre 3000 y 4000 pesos. Según la denuncia, se distribuían entre los habitantes de Pilar de bajos recursos a cambio de que votaran a Ducoté. Servini no dijo que esto estuviera acreditado sino que existía "una posibilidad razonable" de que lo denunciado fuera cierto y con ese argumento dictó la medida cautelar.

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