La intervención judicial pagará las deudas fiscales de Máximo Kirchner por más de cuatro millones de pesos

EL CALAFATE.– La justicia federal ordenó que la intervención judicial que tiene a su cargo la administración de parte de las propiedades de Máximo y Florencia Kirchner pague los impuestos adeudados del actual diputado nacional, que ascienden a más de cuatro millones de pesos.

Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal Nº5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Horacio Obligado y Adrián Federico Grünberg. Las deudas que ahora se abonarán son en concepto de los impuestos a los bienes personales y a las ganancias de los últimos cuatro años. El hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner se acogió a un plan de pagos de la AFIP.

Máximo y Florencia Kirchner conformaron el "Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner" con 18 inmuebles heredados de su padre, Néstor Kirchner, y la parte que les cedió su madre. Tras la salida del contador Víctor Manzanares de la administración, el condominio quedó bajo administración judicial.

Las deudas que ahora deberá abonar la intervención judicial no son del condominio en sí –que, según pudo cotejar LA NACION, está al día con sus obligaciones–, sino de los integrantes del condominio. Todos los meses, la administradora judicial paga el IVA e Ingresos Brutos a nombre del "Condominio de Máximo y Florencia Kirchner".

Las deudas impagas son las acumuladas por cada condómino en concepto del impuesto sobre bienes personales (inmuebles, cuentas bancarias, efectivo) y el impuesto a las ganancias (sobres las utilidades que se generan anualmente). En el caso del condómino Máximo Kirchner, los montos adeudados corresponden a los años 2016, 2017, 2018 y 2019, además de sus intereses resarcitorios.

La deuda impaga del actual jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos es una carrera de largo aliento que se disputa en los tribunales desde hace varios años. La defensa de Máximo Kirchner consideró que fue desapoderado de sus bienes y que no podía pagar con su dieta los impuestos por una actividad comercial que no le redundaba ningún rédito, dado que están bajo administración judicial.

Ya en febrero de 2018 la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal había ordenado que los impuestos correspondientes a Florencia Kirchner se abonaran con fondos que administra la intervención judicial del condominio en cuestión, ya que no contaba con otros ingresos. Pero no resolvió lo mismo para su hermano.

¿Qué cambió ahora para que la Justicia falle a favor de Máximo Kirchner? La defensa del diputado indicó que a comienzos de año se dictó la resolución general de la AFIP 4667/2020, que permite regularizar deudas en concepto de impuesto a las ganancias y a los bienes personales, entre otros tributos. La medida permitió al diputado acogerse a una moratoria de carácter general, siendo un derecho que le asiste a todos los contribuyentes, y reclamar que el pago se haga con los fondos del condominio que está bajo administración judicial.

Según detalla la resolución del tribunal, la deuda de Máximo Kirchner en concepto de bienes personales es de $3.031.079,22. Por ganancias suma $1.046.520,88.

El fiscal Diego Velasco dictaminó de manera favorable a la petición efectuada por la defensa. Expresó que si bien Máximo Kirchner cuenta con ingresos por su cargo legislativo, no puede afirmarse que, restando lo necesario para vivir, esos fondos sean suficientes como para hacer frente a las cuotas de los planes de pago de la moratoria.

El fiscal también consideró que la falta de cancelación de las deudas reclamadas no solo puede traer aparejado la subasta de los bienes del condominio, sino que además genera un innecesario aumento del pasivo correspondiente a intereses, gastos, multas, honorarios y costas.

Los jueces coincidieron con el fiscal tanto en aceptar el pago para preservar los bienes, como en que no se podía obligar a una persona a pagar impuestos por el alquiler de una propiedad que no recibió por encontrarse intervenido.

El tribunal no resolvió sobre los repetidos reclamos de la titular de la intervención para que se paguen sus honorarios adeudados hace cuatro años.