La Justicia validó el cambio de domicilio de la AFA y anuló la designación de veedores que había dispuesto el Gobierno
Un fallo de la Cámara Nacional en lo Civil avaló la mudanza de la sede social de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, a Pilar, como había solicitado Chiqui Tapia; se desactiva la intervención que había dispuesto el Gobierno por 180 días
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LA NACION
La Cámara Nacional en lo Civil avaló hoy el cambio de domicilio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de la ciudad a la provincia de Buenos Aires y anuló una resolución del Ministerio de Justicia que designó veedores en la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, quien está actualmente en Estados Unidos por el Mundial de fútbol con una autorización judicial.
En 2024, mediante una asamblea de representantes, la AFA trasladó su sede social a Pilar y la inscribió en esa jurisdicción pese a que allí existe hoy solo un terreno.
“Quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad”, resolvieron los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, de acuerdo al fallo al que accedió LA NACION.
La Cámara decidió “admitir” las quejas presentadas por la asociación deportiva y “declarar la nulidad de la Resolución Particular 140/26 emitida por el Sr. Inspector General de Justicia el 18 de febrero de 2026. Así, se dio por cancelada la inscripción de la Asociación Civil – Asociación del Fútbol Argentino” del Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia”.
Además, declaró la nulidad de la RESOL-2026-128-APN-MJ dictada en fecha 16 de marzo de 2026 por el Sr. Ministro de Justicia de la Nación”, Juan Bautista Mahiques, que designó veedores por 180 días hábiles tras un informe de la IGJ que detectó irregularidades en el funcionamiento institucional de la entidad.
En el fallo, la Cámara argumentó que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, mediante la resolución 9000/2024 autorizó la inscripción del cambio de jurisdicción. Además, advirtieron que la IGJ no tiene competencia para realizar inspecciones, ni cuestionar los cambios de sede social habilitados por esta entidad.
Según los magistrados, una vez que el organismo provincial aceptó la radicación de la AFA en territorio bonaerense, la fiscalización y el control de legalidad de la entidad quedaron bajo la órbita de la Provincia de Buenos Aires. En ese contexto, sostuvieron que la IGJ carecía de competencia para cuestionar el nuevo domicilio o realizar inspecciones destinadas a verificar la sede declarada.
“La IGJ se erigió por encima de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas desatendiendo no sólo un acto administrativo válido (...) sino, a su vez, llevando a cabo facultades revisoras y/o fiscalizadoras sobre su par”, expresaron los magistrados en el escrito.
Los jueces remarcaron además que admitir la postura de la IGJ implicaría someter a una misma entidad al control simultáneo de dos organismos estatales distintos, una situación que calificaron como incompatible con el sistema federal y con los principios básicos del derecho administrativo.
“No resulta posible someter la decisión social de modificar el estatuto de la sociedad trasladando su domicilio a otra jurisdicción a un doble control de legalidad como lo pretende la Inspección General de Justicia”, señala el escrito judicial.
Respecto de la resolución firmada por el Ministerio de Justicia en marzo de 2026, que había dispuesto una intervención informativa en grado de veeduría sobre la AFA, la Cámara concluyó que también era inválida porque se apoyaba en la resolución previa de la IGJ, cuya nulidad fue declarada en el mismo fallo.
Intervención con veedores
El 17 de marzo el Gobierno había dispuesto una “intervención en grado de veeduría” en la AFA por 180 días, con el objetivo de investigar las cuentas de la entidad deportiva, sus transferencias y el rol de la frustrada universidad que no llegó a ver la luz.
La resolución disponía la veeduría a partir de una solicitud formulada por la IGJ. La medida se fundamentó en una serie de irregularidades detectadas en el funcionamiento institucional y registral de la entidad, dice la resolución ministerial.
Estas irregularidades motivaron la apertura de actuaciones administrativas y la necesidad de reforzar el control de legalidad previsto por la normativa vigente. El ministro Mahiques designó como veedores al contador público Rubén Miguel Pappacena y al abogado Agustín Ortíz de Marco, según la resolución.
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