La lucha armada que nunca se reivindicó

Al final volvimos al principio. Al culminar el acto con motivo de un nuevo aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976 se leyó un extenso documento, redactado por los organismos convocantes. En su séptimo párrafo, sus redactores produjeron un hecho inesperado. Allí, en el marco de un listado detallado de luchas sociales, se reivindicó "la militancia en las organizaciones del Peronismo Revolucionario: UES, Montoneros, FAP, Sacerdotes por el Tercer Mundo y FAL; la tradición guevarista del PRT, Ejército Revolucionario del Pueblo", entre otros grupos que actuaron en los trágicos años 70.

Con esta reivindicación comenzó el fin de un extenso ciclo de nuestra historia. Sólo los militares y sus propagandistas eran capaces de afirmar una herejía semejante: la valoración positiva por parte de las organizaciones defensoras de los derechos humanos de los grupos que practicaron y promovieron la lucha armada como un camino para la toma del poder.

Desde el inicio, la militancia de los miles de desaparecidos fue un tema que estuvo fuera de la discusión pública en la búsqueda de justicia por los crímenes del terrorismo de Estado. Era el reclamo legítimo de madres buscando a sus hijos. Ese desgarro conmovió los corazones de millones de hombres y mujeres, de jóvenes y viejos, en la Argentina y en el mundo. No hay, no existe, no es imaginable maldad superior que la de aquel que roba un hijo a su madre.

Lo que provocó la solidaridad con la lucha de los organismos de derechos humanos fue la empatía con el dolor ante el crimen, la tremenda injusticia, la terrible soledad que implicaba ser despojado de los más elementales derechos inherentes a la condición humana. No fue jamás la militancia. La militancia era un dato irrelevante, menor, colateral e innecesario. La militancia nunca explicaba ni justificaba nada.

Lo que nadie imaginó es que décadas más tarde escucharíamos a los organismos que nos enseñaron a defender los derechos humanos hacer una reivindicación explícita de la lucha armada como si se tratara de una herramienta legítima de acción política. Estaba en el reino de lo no dicho. Casi de lo indecible. Porque sabemos, está documentado por ellas mismas, por sus textos y sus acciones, que las organizaciones armadas de los años setenta eran profundamente antidemocráticas. Sabemos que unos pasaron a la clandestinidad y otros jamás dejaron ese estado para continuar el combate por un socialismo más o menos nacional según el caso. Que actuaron en contra y no a favor del gobierno constitucional de entonces. Que provocaron atentados, copamientos de cuarteles, focos guerrilleros e innumerables secuestros y asesinatos en pos de sus objetivos. Esto es lo que ha sido reivindicado el último 24 de marzo. Nunca se había dicho. Nunca de esa manera. No es algo menor y no debería pasar desapercibido.

El 13 de diciembre de 1983, dos decretos del presidente Raúl Alfonsín sentaron las bases de lo que quedaría fuera del juego democrático recién fundado. Los decretos son el 157, "contra los máximos responsables de la instauración de formas violentas de acción política, cuya presencia perturbó la vida argentina, con particular referencia al período posterior al 25 de mayo de 1973", y el 158, "contra los responsables de aprobar y supervisar operaciones cuya ejecución necesariamente había de resultar violatoria de bienes fundamentales de la persona humana tutelados por el derecho criminal".

Todas las expresiones que apelaron a la violencia política quedaron sepultadas definitivamente bajo la nueva fe democrática de los argentinos. Esto fue válido tanto para quienes actuaron en los años 70 como para los integrantes del Movimiento Todos por la Patria, que intentaron en 1989 el copamiento a sangre y fuego de los cuarteles del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, y para aquellos que se levantaron contra la democracia desde las Fuerzas Armadas en 1987, 1988 y 1990.

Al reivindicar a los que plantearon la violencia política como camino, los organismos decidieron abrir una posibilidad. Mientras algunas voces señalan livianamente que el gobierno elegido por el voto popular en elecciones libres y sin proscripciones representa una "dictadura", otras podrían soñar con la reedición de las aventuras político-militares que acaban de ser reivindicadas con irresponsabilidad histórica por los organismos de derechos humanos. Desconozco cuál fue la finalidad detrás de la reivindicación. Pero no desconozcamos sus posibles efectos. Ya lo sabemos: la realidad empieza siempre en las palabras.

El autor es ministro de Cultura

Por Pablo Avelluto

• Derechos Humanos

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