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La matriz de la corrupción en la era K
Frente al escándalo desatado por la denuncia sobre supuestas coimas que empresas argentinas debían pagar a otras compañías intermediarias para exportar maquinaria agrícola a Venezuela, el gobierno kirchnerista ha intentado dar por terminada la discusión señalando que no hubo coimas, sino simples comisiones por servicios de intermediación, perfectamente registradas a través de facturas en blanco.
Pero cuando un intercambio comercial entre dos países es el fruto de un acuerdo entre los gobiernos de ambas naciones, cuando son esos gobiernos los que les indican a los exportadores a cuáles empresas intermediarias deben recurrir para aceitar las operaciones, cuando no está claro el tipo de prestaciones que ofrecen estos intermediarios y cuando el costo por esa intermediación suena desproporcionado, hay mucho que sospechar.
En las últimas horas, salió a luz otro posible escándalo, derivado de la transferencia por parte de la empresa petrolera Enarsa de su participación en una represa hidroeléctrica ubicada en Ecuador al Estado de este país, a un precio aparentemente irrisorio.
Probablemente esto no hubiese ocurrido si Enarsa fuese, como debió haber sido desde su origen, una sociedad del Estado y no una sociedad anónima controlada por el Estado argentino. Pero el gobierno de Néstor Kirchner, al impulsar la creación de Enarsa, impuso ese estatus jurídico. ¿Para qué? Para que el patrimonio público pudiera manejarse con menos restricciones y con menores controles de los propios organismos estatales.
Será la Justicia la que determinará si hubo delitos en los dos casos mencionados. Pero habría que recordar que, muchas veces, la corrupción no supone necesariamente la existencia de un delito. Y no por eso la corrupción estará ausente.
Una clásica fórmula de Robert Klitgaard, catedrático de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, define a la corrupción como igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia (C = M + D -T).
Tanto en las denuncias sobre las comisiones que debían pagar quienes pretendían exportar desde la Argentina a Venezuela como en los extraños negocios de Enarsa en Ecuador, podría decirse que sobró discrecionalidad y faltó transparencia.
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