La negociación de leyes le requirió al Gobierno unos $ 72.000 millones

En las postrimerías del primer año parlamentario de la presidencia de Mauricio Macri , el balance se anticipa positivo: el Congreso aprobó la mayoría de las leyes que el Poder Ejecutivo consideraba más relevantes para arrancar la gestión, sobre todo las económicas. Obligado por su condición de minoría en ambas cámaras, el Gobierno se vio forzado a negociar con la oposición y a abrir el bolsillo de las arcas fiscales para conseguir los ansiados votos. Con todo, estas negociaciones le insumieron, este año, unos 72.000 millones de pesos, una cifra que parece elevada, pero que en realidad representa sólo el 3,6% del total de gastos previstos en el presupuesto 2017.

La ley de reparación histórica a los jubilados y blanqueo de capitales; la de fomento a las pymes y la de presupuesto 2017 son las tres normas económicas que, fruto de la negociación con los bloques opositores, debieron tener un costo fiscal mayor al previsto originalmente ya que el Gobierno se vio obligado a ceder recursos. Las tres insumen un costo extra de alrededor de 25.000 millones de pesos, estimó el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Luciano Laspina (Pro-Cambiemos), principal espada negociadora del oficialismo con sus pares de la oposición en las leyes económicas.

"Las negociaciones han sido exitosas porque, a pesar de que somos minoría en ambas cámaras, pudimos aprobar todas las leyes que requería el Gobierno sin incrementar demasiado el gasto público. Ese es un mérito compartido con la oposición, que mantuvo una actitud racional y madura, atenta a la gobernabilidad en este primer año de gestión Además, con el aporte de los distintos bloques, hemos mejorado muchas de las leyes que vinieron del Poder Ejecutivo", destacó Laspina.

El diputado Marco Lavagna, del Frente Renovador, coincidió. Lavagna, uno de los hombres de mayor confianza de Sergio Massa, es uno de los interlocutores clave del oficialismo a la hora de negociar las leyes económicas, junto a los diputados Diego Bossio, Oscar Romero, Pablo Kosiner y Sergio Zillioto, del Bloque Justicialista. "Es verdad, las negociaciones han sido muy productivas y no demandaron un costo elevado al Estado. Actuamos con responsabilidad, porque si bien somos oposición, no queremos causarle daño al Estado", enfatizó Lavagna.

A estas tres leyes negociadas en el Congreso se suman dos acuerdos clave que el Gobierno consensuó, por su parte, con gobernadores y organizaciones sociales, los cuales permitieron destrabar conflictos con la oposición y facilitar la sanción de distintas normas.

Uno de ellos es el de emergencia social, que demandará un desembolso del Estado de $ 30.000 millones en los próximos tres años. Este acuerdo, que tendrá media sanción este martes en la Cámara baja (y será ley antes de fin de año), fue una cesión del Gobierno ante la fuerte presión de organizaciones sociales y piqueteras, que habían logrado que la oposición en el Senado aprobara una iniciativa todavía más gravosa para las arcas del Estado. Para evitar que ésta se convirtiera en ley, los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social llegaron a un acuerdo con las organizaciones, por el cual éstas resignaron la obligación del Estado de crear un millón de puestos de trabajo y el Gobierno, por su parte, aceptó financiar el salario social complementario y la creación del registro de trabajadores de le economía informal como una nueva institución.

El segundo acuerdo es el que selló el Poder Ejecutivo con los gobernadores para la devolución escalonada del 15% en materia de coparticipación federal. Según lo pactado, este año el Gobierno debió girar a las provincias $12.386 millones de pesos (3% de la devolución de la coparticipación) a los que se suman $24.771 millones del préstamo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (6 % de adelanto). En total serán 37.157 millones de pesos.

En 2017, el Estado nacional girará $28.340 millones (6% de devolución de fondos coparticipables), más $14.170 millones del préstamo (3% de adelanto), lo que resulta en $42.510 millones en total. En 2018, la devolución alcanzará $46.799 millones; en 2019, el giro será de $ 65.518 millones y en 2020, de $ 62.222 millones.

Este acuerdo fue incluido en la recientemente sancionada ley de presupuesto 2017 para facilitar su aprobación. En dicha iniciativa, el oficialismo también debió acceder a distintos reclamos de las provincias: una suma adicional de $ 5.000 millones en el Fondo Sojero que se distribuirá de acuerdo a los índices de coparticipación; $ 8000 millones -de un monto total de $ 14.000- para distribuir en forma automática a las provincias que conservan en su poder las cajas previsionales para cubrir su déficit y un refuerzo de $ 4500 millones para el Ministerio del Interior para realizar acueductos y obras hídricas solicitadas por las provincias.

Otra de las leyes que podría insumir un mayor gasto para el Estado es la reforma del impuesto a las ganancias. La iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo, que establece un 15% de suba del mínimo no imponible del tributo y profundos cambios en las escalas, tiene un costo fiscal previsto en el presupuesto de $ 27.000 millones. La oposición pretende elevar ese costo para que el piso mínimo sea más elevado y, así, menos contribuyentes paguen el impuesto. Para compensar ese gasto, propone eliminar varias exenciones y crear un impuesto al juego. El Gobierno, si bien aceptó algunas sugerencias de la oposición, no quiere agudizar todavía más el rojo fiscal. El final de la historia se conocerá este martes, en el recinto.