La nueva SIDE: 23 organizaciones le reclaman al Congreso que rechace el DNU de Milei por “manifiestamente inconstitucional”
Amnistía Internacional, la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano y el CELS, entre otros, advierten que la norma “pone en riesgo garantías constitucionales”
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LA NACION
Organizaciones civiles ligadas al derecho, a la lucha por los derechos humanos, al medio ambiente y a la salud, entre otras, firmaron una declaración conjunta para advertir sobre los riesgos del DNU 941/25, que amplió las competencias de la SIDE, y para exigir al Congreso que lo rechace.
El comunicado reúne a 23 organizaciones que concluyen que el decreto firmado por Javier Milei el último día del año es “manifiestamente inconstitucional”, “rompe consensos básicos”, “amplía el margen de discrecionalidad estatal”, “debilita los controles” y posibilita prácticas que se creían superadas.
Esta manifestación pública se suma a los diferentes amparos presentados en la Justicia para suspender la aplicación del DNU. Este viernes, además, vence el plazo para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remita el decreto al Congreso, tal como fija la ley de DNU. Desde ese momento, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tendrá diez días hábiles para dictaminar. Cumplido ese lapso, cualquiera de las dos cámaras -Senado o Diputados- quedará habilitada para llevar el decreto al recinto y votarlo. Para rechazarlo se requiere mayoría absoluta: 37 senadores o 129 diputados.
La declaración conjunta advierte que esta norma facilita la “vigilancia masiva”, otorga facultades de detención a agentes de inteligencia y reintroduce el concepto del “enemigo interno” al involucrar a los militares en tareas de seguridad interior.
El comunicado se enfoca en la vulneración de la privacidad y la autonomía individual. Destaca que el decreto obliga a más de 15 organismos públicos a transferir datos personales a la SIDE “sin establecer procedimientos claros ni mecanismos de control”, lo que convierte a esta herramienta -dicen- en un motor de “vigilancia masiva”. Considera que esta acumulación de información es especialmente peligrosa dada la falta de políticas adecuadas de seguridad informática del Estado y la posibilidad de que la SIDE comparta dicha información con agencias extranjeras sin necesidad de una autorización judicial previa. “Y todo bajo absoluto secreto. Nadie sabrá qué hacen con tu información ni a quién se la dan”, sentencia. “Nadie controla a los que controlan”.
Asimismo, la declaración alerta sobre la concentración de poder y la militarización de la inteligencia. “Por primera vez en democracia, los agentes de inteligencia tienen poder para detenerte”, señala. Explica que se faculta a los agentes de inteligencia a realizar “aprehensiones” de personas sin criterios claros ni garantías judiciales, lo que abre la puerta a “detenciones arbitrarias” e “intimidación”.
Destaca que el decreto habilita a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de inteligencia sobre “organizaciones no estatales”. Y considera: “Es un retroceso histórico peligroso”.
Finalmente, las organizaciones firmantes expresan su profunda preocupación por la expansión del concepto de contrainteligencia. Según su criterio, esta modificación permite que las agencias de inteligencia intervengan en la vida política, social y económica bajo la excusa de prevenir “interferencias externas”. Esto, advierten, anula las prohibiciones vigentes contra el espionaje político. Consideran, además, que la “vaguedad de ciertos términos” pone en “grave riesgo” la libertad de expresión y de asociación.
Por todo ello, las instituciones demandan que el Congreso de la Nación rechace el decreto. Argumentan, además, que no existen las “circunstancias excepcionales” que exige la Constitución para que se justifique eludir el debate legislativo en una reforma “tan trascendente”.
Las organizaciones firmantes son: Amnistía Internacional Argentina, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (CAJE), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Democracia en Red, Fundación SES, Fundación Vía Libre, Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Fundación para el Desarrollo Humano Integral, Fundación Protestante Hora de Obrar, Xumek- Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Fundación Cambio Democrático, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Consciente Colectivo, Fundación Huésped, Greenpeace y Federación Ecuménica de Cuyo (FEC).
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