La oposición advierte sobre las consecuencias de no ejecutar la ley de discapacidad y apunta a Francos
La norma que actualiza aranceles y sostiene las pensiones quedó vigente, aunque la Casa Rosada evalúa frenarla; en Diputados amenazan con citar al jefe de Gabinete si no reasigna partidas a la Andis
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Mientras el Gobierno define si reglamentar, suspender o llevar a la Justicia la ley de emergencia en discapacidad —vetada por Javier Milei pero ratificada por el Congreso—, la oposición en la Cámara de Diputados eleva la presión. Advierte sobre las consecuencias de no aplicarla y endurece el tono frente al Poder Ejecutivo: se barajan interpelaciones y hasta la posibilidad de impulsar una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
La norma, sancionada en julio, actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las pensiones por invalidez laboral pasan automáticamente a ese esquema, con acceso garantizado al programa médico Incluir Salud. Además, ordena saldar deudas del sistema de salud con los prestadores.
La ley entró en vigor el 4 de septiembre, cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel notificó al Poder Ejecutivo la insistencia del Congreso. En esa comunicación, la titular del Senado —distanciada de Milei— citó el artículo 83 de la Constitución, que faculta al Parlamento a rechazar un veto presidencial. No demoró ni un día en firmarlo, como un gesto tan institucional como político.
Pero el Poder Ejecutivo no dio pasos concretos: ni reglamentó la norma, ni reasignó partidas a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), encargada de implementarla. El organismo, además, está atravesado por el escándalo de los audios de su exinterventor, Diego Spagnuolo, en los que describe un presunto circuito de coimas. En esas grabaciones se menciona a Karina Milei, secretaria General y hermana del Presidente, como supuesta beneficiaria central de la red.
El actual interventor de Andis, Alejandro Vilches, se reunió el miércoles con representantes del Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis). En esa cumbre aseguró que el Gobierno trabaja en la reglamentación, pero no descartó la judicialización. Su margen de maniobra es acotado: sin reasignación de partidas desde la Jefatura de Gabinete, no puede actualizar aranceles de prestaciones de Incluir Salud, como terapias, transporte, talleres o centros educativos y terapéuticos.
“El jefe de Gabinete tiene la obligación de reasignar las partidas conforme a la ley. Si no lo hace, el Congreso puede interpelarlo o incluso aplicar la moción de censura del artículo 101 de la Constitución. Confío en que cumplirá la ley, más allá del fogoneo comunicacional del Gobierno”, señaló Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal).
La moción de censura habilita a que el jefe de Gabinete sea removido por mayoría absoluta en las dos cámaras. Es un umbral mucho más bajo que los dos tercios que la oposición ya consiguió para insistir con la ley. Nadie descarta ese escenario, aunque la oposición espera primero un movimiento del Ejecutivo.
En la Casa Rosada se discuten alternativas. Una opción es reglamentar la norma, pero acompañarla de un decreto que suspenda su entrada en vigencia. Sería un atajo intermedio, con el que el oficialismo busca ganar tiempo en la Justicia. Mientras tanto, las organizaciones de discapacidad ya preparan demandas colectivas para obligar su cumplimiento.
“No vamos a dejar que el Congreso haga desastres para tener un voto más”, lanzó el vocero presidencial, Manuel Adorni. Sobre la norma, ratificó que el Gobierno “no se va a correr del equilibrio fiscal” y que analiza “de dónde sacar” los US$5000 millones que costaría aplicarla. “Una ley que no estima el recurso o no explica de dónde sale la partida es inviable”, argumentó.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), sin cambios en movilidad ni bonos, el impacto fiscal de la norma sería de 0,26% del PBI en 2025 y 0,46% en 2026. En términos absolutos: $3,9 billones si las altas de pensiones se dan todas a la vez, similar al número de Adorni en dólares.
Pero las organizaciones que reúnen a las instituciones que asisten a las personas con discapacidad argumentan que ese monto será la mitad en el corto plazo: las nuevas altas se irán sumando con el tiempo. Lo dice también la OPC: “No implica que esa cantidad de personas -casi un millón más de potenciales beneficiarios- vaya a presentar su solicitud ni a incorporarse al régimen en su totalidad durante un único ejercicio fiscal”.
El oficialismo se ampara en el artículo 38 de la ley de administración financiera, que exige que toda ley de gastos especifique su fuente de financiamiento. Sería un camino espinoso: la Andis está bajo sospecha por corrupción que alcanzan a Karina Milei y a referentes cercanos de la hermana del Presidente, como Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem. “Cuando me pregunten de dónde sale la plata para financiar esta ley, voy a responder que sale del sobreprecio y la coima. Así que no insistan”, retrucó en el recinto la senadora larretista Guadalupe Tagliaferri.
Desde el kirchnerismo, Daniel Arroyo (UP), presidente de la Comisión de Discapacidad en Diputados y uno de los autores de la ley, sostuvo a LA NACION: “No creo que el Gobierno judicialice la norma. Creo que la va a reglamentar, porque es el único camino razonable que tiene”.
En tanto, el frente judicial ya complica al Presidente. Los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta) presentaron amparos contra la suspensión de pensiones por discapacidad en sus provincias, al denunciar irregularidades en la auditoría de la Andis y exigir la restitución de beneficios. Esta semana se sumó Ricardo Quintela (La Rioja), quien lo anunció por redes sociales.
La puja por la ley de discapacidad golpea al oficialismo en un momento crítico: tras la dura derrota en los comicios bonaerenses y a solo siete semanas de las elecciones nacionales, Milei habló de “una profunda autocrítica” en su discurso poselectoral. Sin embargo, ese viraje todavía no se tradujo ni en un cambio de tono ni en una recalibración de la estrategia de campaña. Lejos de acusar recibo del mensaje de las urnas, la Casa Rosada se aferra a la confrontación y mantiene inalterable su libreto fiscalista.
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