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La Pampa apeló a la Corte Suprema por un decreto de Milei que le recorta fondos
El Presidente ordenó que las regalías de Los Nihuiles vayan solo a Mendoza, donde gobierna un aliado a La Libertad Avanza
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- La pelea por el río Atuel sumó un nuevo capítulo en la disputa entre La Pampa y Mendoza y llegó nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El gobernador pampeano Sergio Ziliotto presentó una medida cautelar autónoma contra el Estado Nacional en busca de suspender los efectos del Decreto 982/2026, firmado por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que eliminó el régimen de distribución de regalías hidroeléctricas vigente desde 1973 y estableció que la totalidad de los recursos generados por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles sean para Mendoza.
La presentación judicial busca que se mantenga provisoriamente el esquema anterior hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Para La Pampa, la decisión del Poder Ejecutivo no solo representa una “pérdida de recursos para las arcas provinciales, sino que modifica unilateralmente derechos” que, según sostiene, tienen un “respaldo jurídico” que excede al decreto que acaba de ser derogado.
El argumento central de la provincia es que el derecho a percibir regalías también surge de un convenio celebrado en 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa y homologado por la propia Corte Suprema.
La Pampa sostiene que ese antecedente resulta determinante porque se trata de un acuerdo celebrado entre distintas jurisdicciones, en el que las partes asumieron obligaciones concretas respecto del pago de regalías hidroeléctricas a favor de la provincia.
Desde esa perspectiva, ninguna de las partes podría modificar de manera unilateral los compromisos asumidos. Y el Estado Nacional, remarca la presentación, participó de aquel convenio como una de las partes y no como una autoridad superior a las provincias.
El reclamo de Ziliotto pone así el conflicto en un terreno que excede la discusión sobre quién debe cobrar los recursos producidos por el complejo hidroeléctrico.
La Pampa denuncia un “avasallamiento de las autonomías provinciales” y señala que el decreto vulnera principios de buena fe, seguridad jurídica y federalismo de concertación. También advierte que la decisión produce un “perjuicio patrimonial” directo sobre la provincia al eliminar un ingreso que, bajo el régimen anterior, percibió durante décadas.
Ziliotto cuestionó públicamente la decisión del Gobierno nacional. “Río Atuel. No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. No nos quedaremos quietos, el Río Atuel también es pampeano”, escribió en X.
De larga data
La disputa por el uso y aprovechamiento de ese río atraviesa desde hace décadas la relación entre Mendoza y La Pampa y generó sucesivos litigios ante la Justicia. Ahora, la discusión por las regalías de Los Nihuiles vuelve a quedar directamente vinculada con aquella controversia.
El decreto 982/2026, publicado el viernes pasado, dejó sin efecto el 1560/73 y dispuso que la totalidad de las regalías hidroeléctricas generadas por Los Nihuiles correspondan a Mendoza. El fundamento de la medida es que la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada se encuentra íntegramente dentro del territorio mendocino.
La decisión, sin embargo, se produjo mientras existe otro expediente relacionado con la misma cuestión en trámite ante la Corte Suprema. La validez del régimen establecido en 1973 está siendo discutida en la causa “Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional s/ nulidad de acto administrativo - daños y perjuicios”, iniciada por Mendoza contra el Estado Nacional.
En ese proceso ocurrió que el propio Estado Nacional fue el que pidió que La Pampa fuera citada en la causa por considerar que se encontraba directamente alcanzada por la controversia. La Corte Suprema aceptó esa participación el 27 de agosto.
Catorce días después, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 982/2026 y modificó hacia el futuro el régimen de regalías cuya validez se encuentra, precisamente, en discusión ante el máximo tribunal.
La Pampa utiliza esa circunstancia como uno de los argumentos para reclamar una protección judicial inmediata. La cautelar pretende evitar que el nuevo esquema comience a producir consecuencias que luego sean difíciles de revertir, particularmente cuando se avance con las futuras concesiones del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles.
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