La Procuración advirtió al Gobierno sobre graves falencias ante la inminencia del nuevo sistema acusatorio
Casal alertó a Cúneo Libarona que en Comodoro Py hay problemas de personal y de infraestructura edilicia y tecnológica
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LA NACION
A menos de 40 días para la entrada en vigencia del nuevo sistema acusatorio en la justicia federal de Comodoro Py 2002 y en la Cámara Penal Económica, el procurador general interino, Eduardo Casal, le reiteró en una nota al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, un preocupante panorama de insuficiencias y obstáculos que, de no atenderse, podría comprometer la eficacia del sistema.
El documento, que amplía un diagnóstico previo de mayo, subraya que las condiciones actuales del Ministerio Público Fiscal (MPF) resultan insuficientes para el normal desempeño bajo el nuevo modelo procesal.
La preocupación se centra en varias áreas críticas. Por ejemplo, no se actualizaron los créditos presupuestarios, y por el contrario, la Secretaría de Hacienda pidió reducir un 2,5% los fondos ya otorgados.
Asimismo, se mencionaron falencias de personal por la asimetría entre la cantidad de jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación en comparación con los de las fiscalías. En las jurisdicciones federales de la Capital Federal, el Poder Judicial cuenta con 71 jueces, frente a 40 fiscales, y 1532 funcionarios y empleados, contra 569 del Ministerio Público.
Por eso, Casal reclamó la incorporación de personal, con el agravante de que el proceso de traspaso del Poder Judicial al Ministerio Público Fiscal requiere más tiempo que el que demanda la puesta en marcha del nuevo código, el 11 de agosto.
A estos problemas se suman las dificultades que originan la falta de jueces (33% de los juzgados sin cubrir), ya que la falta de integración de tribunales y la necesidad de un cuarto juez para juicios prolongados dificulta la programación de audiencias.
También hay problemas con los edificios actuales, que no son apropiados. Casal remarcó que con el nuevo sistema acusatorio “se agravará esta situación, ya que se necesitan nuevos espacios esenciales como salas de audiencias, áreas de atención a víctimas, alojamiento transitorio de detenidos, cámaras Gesell y depósitos para evidencias".
El Ministerio de Justicia cedió un edificio en el predio de la ex-ESMA, pero el proceso de traspaso y adecuación no se completó. Además, existen pendientes adecuaciones en Rosario y Mendoza.
Casal dijo que hay retrasos en capacitación y formación y carencias tecnológicas. Y reclamó sin éxito computadoras potenciadas y licencias de software específicas.
Con el nuevo Código, los fiscales asumen la investigación y requieren cuerpos periciales propios, por lo que pidieron traspasar los del Poder Judicial.
Casal insistió en la necesidad de trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía y el Poder Judicial.
De no atenderse estas carencias y no garantizarse las condiciones, la aplicación del nuevo sistema el 11 de agosto podría “resultar un obstáculo tanto para el adecuado desarrollo de las investigaciones ya en trámite, como para las que se inicien a partir de esa fecha”, advirtió el procurador.
Por eso, Casal le pidió a Cúneo Libarona “un cuadro de situación y análisis en virtud de las obligaciones que se desprenden de las funciones” que asumió el Gobierno al lanzar el nuevo Código, que “permita despejar o tener garantizado que, pese a las carencias apuntadas en las distintas notas y diagnósticos, estarán dadas las condiciones para poder comenzar la aplicación del nuevo sistema procesal el 11 de agosto”.
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