Lanzarán una tarjeta social de débito

El Gobierno se hizo eco de los acuerdos alcanzados por la mesa de Diálogo Argentino e instrumentaría en lo inmediato una "tarjeta social" de débito con la que se ejecutarían los programas de asistencia para unos dos millones y medio de desocupados.

De esta manera, los beneficiarios de los planes del salario de inclusión social podrían hacer uso de la tarjeta de débito para comprar alimentos, medicamentos o, eventualmente, retirar de los cajeros automáticos dinero en efectivo hasta el tope de los 150 pesos mensuales que se estableció para los planes asistenciales universalizados.

"La intención del Gobierno de lanzar la tarjeta social es aplicar un sistema de subsidios más transparente y efectivo que el actual mecanismo de distribución", expresó a LA NACION el vicejefe de Gabinete, Juan Pablo Cafiero, que forma parte de la mesa de Diálogo Argentino conformada por representantes de la Iglesia y de las Naciones Unidas.

En rigor, la necesidad de instrumentar la denominada tarjeta social surgió a raíz de las históricas quejas y denuncias por irregularidades en la distribución y en el manejo político de los planes sociales que en varias oportunidades se escucharon en la mesa de Diálogo Argentino.

Si bien la distribución y ejecución de los programas de salario de inclusión social seguirán a cargo del Gobierno por medio de un trabajo de coordinación entre el Ministerio de Trabajo, el de Desarrollo Social, Salud y Educación, se crearán paralelamente consejos administrativos para lograr un control externo en la distribución de los programas.

Coordinación

Estos órganos externos estarán coordinados por representantes de la Iglesia, las Naciones Unidas, sectores sindicales, empresarios del ámbito petrolero, agrario e industrial (éstos son los sectores que deberán pagar las retenciones a las exportaciones para sostener el plan asistencial) y organizaciones no gubernamentales.

Los consejos administrativos estarán abocados a controlar el empadronamiento de los beneficiarios, la entrega de los planes y el correcto funcionamiento de la tarjeta social.

Según supo LA NACION, los organizadores de la mesa de Diálogo Argentino acordaron con la Asociación Argentina de Bancos y con la Asociación de Bancos Privados de la Argentina el desarrollo e instrumentación de la tarjeta.

La elaboración de esta carta de débito tendría un costo cero para el Estado, ya que con el 1,5 por ciento promedio que se le cobrará a los comerciantes por cada transacción se sustentaría el sistema. Los banqueros están dispuestos a desarrollar este sistema en todo el país sin cobrarle al Estado por ello.

La tarjeta social sería de un color y una forma similar al resto de las tarjetas de débito "para no hacer discriminaciones con el resto de la gente y para que un desocupado no se sienta disminuido frente a otra persona", remarcó Cafiero.

El vicejefe de Gabinete adelantó que en los próximos días se hará una prueba piloto con la tarjeta social. Así, se instrumentará este mecanismo en una zona aún no determinada del país y por ahora sólo alcanzaría a no más de 10.000 beneficiarios de los planes de asistencia. El resto de las personas irían recibiendo sus respectivas tarjetas una vez que el mecanismo funcione sin problemas.

"No queremos lanzarnos con todo el sistema a la calle y luego tener problemas con la gente por la utilización de la tarjeta porque ello originaría un profundo malestar", explicó a LA NACION el ministro de Trabajo, Alfredo Atanasof.

De esta manera, el funcionario dejó entrever la visión un tanto pesimista que algunos funcionarios de la Casa Rosada tienen respecto de la aplicación de la tarjeta social. Sucede que una cifra no definida de los eventuales beneficiarios hoy no cuenta con DNI u otro documento de identidad personal y otra porción de destinatarios sería analfabeta, con lo que se dificultaría la aplicación del nuevo mecanismo.

Por ello, fuentes de la Casa Rosada afirmaron que la aplicación de la tarjeta social no originaría problemas en la Capital ni en el primer cordón del Gran Buenos Aires, aunque podría haber inconvenientes al aplicarse en el resto del conurbano bonaerense y en el interior del país.

Hilda de Duhalde encabezará hoy una reunión en el CFI con algunos gobernadores y los representantes del Diálogo Argentino para acordar detalles del uso de la tarjeta.

Por otra parte, la intención del Gobierno es alcanzar acuerdos con el sector privado y con el estatal para que los programas de asistencia a los jefes y jefas de hogar sin trabajo se correspondan con trabajo. Para esto, se evalúa la posibilidad de que el Estado pague los 150 pesos mensuales del plan y los aportes corran por cuenta del empleador. El Gobierno no quiere que el salario de inclusión social se transforme en un subsidio.

Por Martín Dinatale

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