Las demandas del 18-F se abren paso en la marcha del 1-M

María Esperanza Casullo
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1 de marzo de 2015  

La marcha del 18-F por Alberto Nisman continuó una larga tradición de la cultura política nacional: en la Argentina, quien percibe que ha sido víctima de un daño con causas públicas se moviliza para reclamar a los responsables y construir solidaridad social para con su causa. La ocupación de la plaza como espacio material y simbólico de denuncia, de reclamo y de catarsis es más antigua que la República.

La eficacia de las marchas y las protestas en el imaginario quedó reforzada luego de 2001. Las concentraciones fueron claves en la construcción de coaliciones opositoras al Gobierno: en 2004 lo hicieron las marchas convocadas por Juan Carlos Blumberg; en 2008, las manifestaciones en contra de la resolución 125; en 2012, los cacerolazos; en 2013, la marcha por las muertes en Once, y el mes pasado, la marcha del 18-F. Hoy el Gobierno disputará el espacio público con la movilización del 1-M.

Aunque tuvieron características similares, aquellas marchas mostraron diferentes conformaciones e impactos. Todas abrevaron mayoritariamente del aporte de los sectores urbanos de clase media, que se conectan con la política mediante las esferas públicas de la prensa y no directamente a través de partidos. En todas se verificó una notable dinámica: los referentes de los partidos políticos marcharon detrás de las víctimas o referentes sociales: los candidatos no fueron convocantes ni oradores, sino acompañantes.

Sin embargo, existieron importantes diferencias. Un primer dato es que la masividad de las marchas no está correlacionada con su impacto político y electoral. Parecen tener mayor posibilidad de éxito aquellas movilizaciones que presentan a la sociedad una demanda institucional concreta. Blumberg demandaba cambios en el Código Penal y los obtuvo; la Mesa de Enlace quería impedir el cambio en el régimen de retenciones y lo obtuvo. Sin embargo, nunca quedó muy claro qué querían los cacerolazos y eso ayudó a su dilución.

El perfil social de los que participaron en el 18-F fue muy similar a las marchas anteriores. Sin embargo, hay rasgos novedosos. Esta marcha marcó la acción directa y pública de un actor nuevo: una parte de los fiscales y jueces federales. No existió una demanda, sino varias: la resolución judicial del caso Nisman, el apoyo a miembros del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo, la expresión de una identidad opositora al Gobierno, la solidaridad con las hijas y la familia de Nisman. A diferencia de Blumberg o de los familiares de las víctimas de la tragedia de Once, ellos forman parte del Estado y tienen una cuota de poder institucional. Encabezar esta marcha es un gesto legítimo y democrático, pero que conlleva cierto riesgo político: pasar de ocupar la posición de un funcionario cuyas palabras están amparadas en la autoridad que emana de su cargo a personas con discursos públicos, con las cuales otros pueden discrepar de manera igualmente legítima.

Seguramente la marcha de hoy será grande. Tal vez la Presidenta elija esta oportunidad para recoger y responder las demandas del 18-F -como lo hizo el kirchnerismo con las demandas de Blumberg- o tal vez opte por polarizar aún más. Es probable que sea esto último: mientras más cerca estén las elecciones de octubre, mayor será la tendencia a polarizar. La mayor diferencia será que la marcha kirchnerista estará destinada a escuchar el mensaje de un liderazgo único y centralizado, algo que del lado de la oposición aún está en construcción.

La autora es politóloga y docente

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