Las elecciones de 2017 no pueden encontrarnos en la misma situación
Desde la reforma electoral de 2009 tenemos un sistema de financiamiento de la política que en la ley se basa principalmente en aportes públicos. Los recursos de origen privado que los partidos pueden recibir y gastar en las campañas están limitados por monto y sólo pueden provenir de individuos.
Además, la reforma aumentó el compromiso del Estado con el financiamiento de la actividad proselitista: a los subsidios directos para las campañas y la impresión de boletas, se sumaron otros indirectos, como espacios de publicidad en medios audiovisuales.
Después de tres elecciones nacionales bajo el nuevo sistema, el balance es pobre. Por un lado, los subsidios funcionan sin problemas y permiten que todos los competidores accedan a la publicidad en los medios audiovisuales.
Pero por otro, hay fuertes indicios de que en la práctica la mayor parte del financiamiento de los partidos y las campañas circula por canales informales.
Este nivel de informalidad es ineficiente y peligroso porque impide a los ciudadanos conocer los apoyos de cada candidato, ampara a quienes buscan influencia a través del dinero, y expone a los partidos a la captura y la penetración de dinero de origen ilícito.
Para avanzar hacia un financiamiento más transparente y eficiente no hace falta replantear todo el sistema. Se puede construir sobre lo que sí funciona y corregir los incentivos a partir de la experiencia. Repasemos qué es lo que no está funcionando y qué proponen Cippec y Argentina Elige para mejorarlo.
Sólo efectivo.El 99% de los aportes declarados por los partidos en la campaña electoral de 2015 fueron informados como aportes en efectivo. Esto es peligroso, porque facilita el anonimato del donante, la captura de la política pública por intereses particulares, y abre la puerta al ingreso de dinero de origen ilícito.
Para mitigar estos riesgos, debe exigirse la bancarización de los aportes, como hacen Estados Unidos, México, Chile, Austria, Bulgaria, Alemania, e Italia, y permitir el efectivo sólo para los pequeños montos.
Se declaran los aportes públicos. En 2015, los aportes privados declarados representaron apenas el 40% de los aportes informados en la PASO y el 50% de la general. Si miramos las elecciones legislativas, el aporte público explica entre el 90% y el 100% de los gastos declarados.
Sería más eficiente reconocer que la política cuesta dinero y que en Argentina hay actores dispuestos a pagar por ella, como por ejemplo las empresas y los sindicatos, que son aportantes habituales según los informes de auditoría.
Permitir que aporten, aunque fijando topes para poder garantizar una base de donantes diversificada, alentaría la formalización de estos recursos y aumentaría la información a disposición de los votantes. Por algo en el mundo son pocos los países que prohíben estos aportes.
Controles laxos. Como el control se hace una vez que pasaron las elecciones, no genera ningún costo electoral. Y si bien hay multas para los partidos no hay sanciones que afecten las carreras de los candidatos. Exigir la rendición inmediata de ingresos y gastos a través de un sistema de carga on line podría mitigar este problema, al facilitar el control público y social en el transcurso mismo de la campaña.
El énfasis en la publicidad y accesibilidad de la información más que en los límites y prohibiciones es el camino elegido por los Estados Unidos y Australia.
Vacío en las provincias. Como en la gran mayoría de las provincias no hay ley de financiamiento, la ley nacional puede ser evadida esgrimiendo que los recursos son de la campaña provincial. Por eso, buscar el compromiso de las provincias con reglas claras para el financiamiento de la política es crucial. En otros países federales como México, Brasil, Estados Unidos, Canadá o Alemania, este vacío no existe.
El régimen que tenemos hoy incentiva estas situaciones que son peligrosas para los partidos y malas para el derecho a elegir. Por eso el financiamiento tiene que ser una prioridad en la agenda electoral: 2017 no puede encontrarnos igual.
Coordinadoras del Programa de Instituciones Políticas de Cippec
Josefina Mignone y María Page
Más leídas de Política
1Abogados objetan la ley de reforma laboral porque afecta su patrimonio y sus honorarios
2Adorni convoca a la mesa política y al Gabinete para definir las prioridades legislativas tras la reforma laboral
3El momento en que la diputada Carignano desenchufa micrófonos para interrumpir la sesión
4Convocan a una audiencia para definir el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner
