Las fuerzas de seguridad siguen en alerta y podrían retomar las protestas

Los gendarmes y los prefectos advierten que la tensión continúa, ya que el Gobierno no volvió a hablar de actualizar los sueldos; Puricelli avivó el malestar
Mariano Obarrio
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13 de octubre de 2012  

Pese a las promesas de los últimos días, que permitieron levantar las protestas, el gobierno de Cristina Kirchner no cumplió hasta ayer con las mejoras salariales para Prefectura Naval y Gendarmería Nacional. El malestar reapareció así en algunas filas de suboficiales de ambas fuerzas, en alerta por estas indefiniciones pese a haber regresado a sus puestos de trabajo. No descartan reanudar el conflicto si a fin de mes no hay recomposiciones en sus recibos de sueldo.

Ese clima denso se agravó en las últimas horas. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, canceló reuniones que había programado desde el martes pasado con la Prefectura y no avanzó en un aumento de los ingresos para las categorías más bajas que había prometido, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales.

Para completar el cuadro de descontento, el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, dijo ayer que "los salarios de las Fuerzas Armadas y de Seguridad son razonables y adecuados a nuestra realidad económica". Eso cayó muy mal en las filas uniformadas.

"Hubo gente que se ha manifestado por cuestiones salariales y hubo otra que ha tenido otros objetivos", dijo Puricelli a Radio Mitre de Córdoba. En las fuerzas lo interpretaron como una señal de que el Gobierno no tiene voluntad de mejorar los haberes. El vocero de los gendarmes rebeldes, Raúl Maza, dijo a LA NACION que "es una falta de respeto". Y agregó: "Manifestamos por un sueldo digno. Es un falso. Yo le preguntaría si es un sueldo acorde a lo que él necesita para vivir. Me imagino que no".

Por otra parte, 40 familiares de gendarmes que mantenían la protesta en el Edificio Centinela fueron reprimidos anteayer por un escuadrón de la propia Gendarmería. Cuatro efectivos desacataron la orden de reprimir a las familias de sus pares. Pero un oficial tomó por el brazo y echó por la fuerza a la esposa de un gendarme, que cargaba un bebe.

Otros voceros de la Gendarmería adelantaron que "si no mejoran los sueldos, el conflicto se va a reavivar y hasta puede empeorar".

Sus pares de la Prefectura confiaron: "Todos esperan los nuevos recibos de sueldos a fin de mes y si no hay nada, no sabemos qué pasará".

El conflicto comenzó con el decreto 1307, que recortó suplementos no remunerativos y determinó quitas en haberes de los suboficiales. Cuando se pagaron los sueldos recortados en la Prefectura, el martes 2 de octubre, se desató una fuerte protesta.

El Gobierno anunció el miércoles 3 que devolvería el recorte. Pero los sublevados elevaron a Berni un petitorio, cuyo reclamo principal era un piso salarial de 7000 pesos para las categorías más bajas y en blanco. Las fuerzas de seguridad nunca recibieron el aumento del 21% prometido en julio por la Presidenta. Berni prometió responder el martes 9.

Pero ese día el jefe del Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, ratificaron el decreto 1307 y anunciaron que el Gobierno no pagaría un sueldo básico de 7000 pesos.

Eso cayó mal en las fuerzas. Pero esa noche un emisario de Berni, el subsecretario de Asuntos Jurídicos de Seguridad, Esteban Rosa Alvez, prometió a los altos mandos de la Prefectura flexibilizar el decreto para garantizar ingresos mínimos de 7000 pesos para categorías más bajas, pero sólo a través de suplementos no remunerativos, en negro.

Tras una semana de desgastante protesta en las calles, la salida fue aceptada y comunicada de boca en boca a los prefectos de rangos bajos. "La gente está creída de que le van a dar el aumento. Por eso levantó la protesta", dijo ayer un oficial a LA NACION.

En la Gendarmería, esa promesa oficial nunca fue escuchada. Pero las subas iban a beneficiar a ambas fuerzas. Implicaban un impacto fiscal de 75 millones de pesos por mes.

El miércoles, luego de publicada la renuncia de Raúl Garré, ex jefe de gabinete de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que había redactado el decreto, Berni acordó una reunión en el Edificio Guardacostas con la Prefectura. A última hora la canceló y la reprogramó para anteayer. Pero nunca más llamó ni dio señales de vida.

En la noche de anteayer, Berni se reunió con el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, en la Casa Rosada, y ambos le llevaron una carpeta blanca a la Presidenta. Berni volvió ayer al despacho de Zannini.

Los gendarmes levantaron la protesta porque –tras la remoción su cúpula y la de Prefectura– sus nuevos jefes pasaron a disponibilidad a 20 suboficiales y ordenaron regresar a todos a sus puestos bajo la advertencia de sanciones durísimas. Un escuadrón de la Base Ezeiza de Gendarmería reprimió anteayer a familiares de otros gendarmes que seguían en el Centinela. Tenían la consigna de "cuidar el edificio". A último momento, les llegó la orden de actuar. Una efectiva y tres gendarmes se negaron a cumplir el mandato de desalojarlos. Los desplazados eran mayormente mujeres de sus camaradas.

En la Prefectura se aplicó la persuasión sobre la base de promesas, que aún no se cumplieron.

Ministra bajo fuego

Nilda Garré

El miércoles, en el último acto público del que participó, a la ministra de Seguridad se la vio seria y se retiró rápido, mientras su segundo, Sergio Berni, se ufanaba de haber solucionado la crisis

DEL EDITOR: qué significa. El Gobierno apela al látigo: repartió sanciones, descartó dar aumentos y se permite decir que los $ 2500 que gana un gendarme son "un sueldo razonable".

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