Las pensiones graciables, bajo la lupa del gobierno bonaerense

LA PLATA.- El gobierno de la provincia de Buenos Aires comenzará a fiscalizar las 48.600 pensiones graciables ante la sospecha de que existen irregularidades a partir de la distorsión en los padrones de beneficiarios.

Así lo señaló a LA NACION el titular del Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense, Ricardo Buiraz, que diseñó un mecanismo de reempadronamiento mediante declaraciones juradas que se empezará a aplicar en los próximos días.

En total, el Estado provincial destina unos 72.500.000 pesos al año para solventar estos beneficios sociales otorgados por motivos como vejez, invalidez, discapacidad o maternidad en soltería, tal como indican las leyes provinciales 10.205 y 11.698. Las fondos surgen de una partida especial de rentas generales y no integran el presupuesto del IPS.

Desde hace unos meses, el organismo conducido por Buiraz viene realizando una serie de operativos de cruce de información con otros organismos oficiales de los que surgieron la desactualización y distorsión de la situación de los padrones de beneficiarios.

Por caso, en uno de los últimos operativos se detectó que 202 personas que recibían el subsidio oficial figuraban como activas en la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). En tanto, 1204 pensionados habían fallecido y otros 863 percibían un doble beneficio. Un reciente informe de la Secretaría de Modernización provincial también descubrió que unos 150 agentes activos de la administración bonaerense cobraban pensiones.

"A raíz de esos estudios es que decidimos hacer el reempadronamiento integral para sanear los listados de quienes reciben ayuda del Estado", indicó el funcionario, que puso como ejemplo el caso de chicos con labio leporino que "de pequeños necesitan tratamiento, pero cuando se transforman en adultos ya no es imprescindible", o el de "las madres solteras que en algún momento pueden haber rehecho su vida".

Para actualizar la información, el IPS dispuso que cuando en los próximos días los beneficiarios vayan a cobrar la ayuda correspondiente al último mes se encontrarán en la sede bancaria con una mesa en la que recibirán una planilla de declaración jurada que deberán responder en un plazo no mayor a los 30 días.

Los que no concurran al banco a cobrar tendrán que dirigirse a las delegaciones previsionales que funcionan en cada municipio. Además será una obligación presentar un certificado de "supervivencia" otorgado por la comisaría más cercana al domicilio de los pensionados.

En diálogo con LA NACION, Buiraz aseguró no haber otorgado ningún beneficio nuevo desde marzo último, ya que la partida para las pensiones sociales se redujo en unos 4.000.000 de pesos respecto de la de 2001.

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