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Las retenciones al campo vuelven a tensionar la agenda de gobernadores con Javier Milei
Los de la Región Central están alineados con los productores y al resto lo incomoda la discusión. En el 2024 el conjunto de provincias logró superávit primario
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- En la agenda de los gobernadores con Nación en los últimos días dos temas encendieron alertas: la administración central necesita un ajuste fiscal más pronunciado para alcanzar el superávit primario de 1,6% del PBI y regresó el debate por las retenciones (DEX) al campo no solo porque Javier Milei advirtió que subirán después de la baja temporal, sino que los presionó para que liquiden. La baja de impuestos provinciales y los cambios en la coparticipación que figuran en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) son enunciados generales y sin plazos perentorios.
Las retenciones ya tensionaron el vínculo entre los mandatarios de la Región Centro -Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio- cuando el ministro Luis Caputo intentó subirlas en la primera edición de la Ley Bases. El round fue para los gobernadores que se pusieron del lado del campo, no solo clave en la estructura productiva de sus provincias sino electorado compartido con el libertario. Desde entonces, siguen insistiendo en la necesidad de bajar progresivamente esa carga.
El apriete que el Presidente hizo para que se apuren las liquidaciones -aun cuando ya vendieron 34% más que en el mismo período del 2024- provocó la reacción de las entidades rurales que, entre varias respuestas, le plantearon que el sector invierte cada año más que los US$20.000 millones del crédito del FMI.
En ese contexto, el tema llegó al Congreso, donde la oposición buscará conseguir antes del 30 de junio una ley para impedir la suba de los DEX en julio. Los autores del proyecto son los cordobeses schiarettistas Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez, quienes obviamente tienen el aval de Llaryora. No hay certezas de que la iniciativa prospere, pero pone en un aprieto a aliados de los libertarios del PRO y la UCR.
El triunfo de Pullaro en las elecciones de convencionales constituyentes oxigenó el ánimo de los mandatarios “dialoguistas” con la Rosada pero que muestran matices. “Maxi no va siempre al pie; fija límites”, definió uno de ellos como para adelantar por dónde podría ir la conducta de un grupo. Dar, pero también defender más los propios intereses.
Los recortes hechos por los gobernadores determinaron que, en su conjunto, las provincias pasaran de un déficit fiscal de 0,3% del PBI en 2023 a un superávit fiscal de 0,1% del PBI en 2024, según datos del Iaraf que conduce Nadín Argañaraz.
Más ajuste nacional
Los márgenes de ajuste, sostienen los mandatarios, se achicaron y la urgencia es retomar la obra pública. Ven alejarse las promesas de algunos aportes nacionales con la nueva meta fiscal y, además, crece la presión de los sectores productivos que reclaman desde mantenimiento de infraestructura a la ejecución de la que impacta en la competitividad.
La foto de las cuentas provinciales revela que el año pasado en el conjunto de 22 provincias -La Pampa y Santiago del Estero no integran el análisis por no haber completado las presentaciones de ejecuciones- los ingresos corrientes cayeron 11,3% real interanual y los de capital, 77%. Así, los totales bajaron 12,7%.
El gasto público total descendió 14,8% real interanual (corrientes 12,8% y 33% los de capital). De las 22 jurisdicciones analizadas por el Iaraf, solo tres registraron déficit primario: Buenos Aires, Catamarca y Chaco, aunque en el resultado fiscal global, el número de distrito con déficit se eleva a seis ya que se agregan Tierra del Fuego, Río Negro y Entre Ríos.
El canje de algunos apoyos en el Congreso por promesas nacionales de obras y/o licitaciones todavía no tiene todavía el efecto real previsto. Esta semana sí Economía en lanzar la licitación pública para finalizar el Segundo Acueducto del Interior en Chaco, que se venía negociando hace un año; los sobres se abrirán el 10 de junio.
II.BB y coparticipación
Si bien en el acuerdo del Gobierno con el FMI aparecen la necesidad de eliminar impuestos distorsivos como Ingresos Brutos (II.BB) provinciales y modificar el régimen de coparticipación, están enunciados pero en el cronograma de presentaciones que debe realizar Economía asumen un carácter más general, sin compromisos concretos.
En materia de reforma impositiva el cronograma prevé que en diciembre el Gobierno “desarrolle y comparta con el personal del FMI” una “propuesta” para mejorar la eficiencia y simplicidad del sistema tributario.
Puede que sigan los contactos entre Economía y provincias, pero no se esperan reformas significativas. La mayor expectativa es que, al menos, se alivianen el Sircreb y los otros regímenes de pago adelantado que hay en la actualidad.
En la apertura de sesiones del Congreso, Milei anunció que “el Estado nacional establecerá un piso mínimo para cada impuesto, sustancialmente inferior al total actual. Luego, las provincias podrán elevarlo a su criterio, lo que indudablemente generará una competencia fiscal entre las provincias, que dinamizará así sus economías”.
Los libertarios interpretan que es la clave para cambiar la coparticipación y que podría hacerse en el Congreso, sin que las legislaturas provinciales lo refrenden. Ese punto de partida ya genera una división de aguas, porque quiebra el esquema dispuesto por la Constitución para la reforma de la ley.
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