1
López, De Sousa y De Vido buscan el beneficio de la prisión domiciliaria
La Justicia debe resolver recursos de exfuncionarios detenidos, en un nuevo contexto político
1 minuto de lectura'
LA NACIONCandela Ini
Ante una percepción generalizada de que la Justicia Federal se está "kirchnerizando", la atención en los tribunales se asentó en un grupo de definiciones pendientes que pueden transformarse en señales con significado político.
Algunas de estas decisiones pueden incidir en causas de alto impacto en los últimos años y en las condiciones de exfuncionarios que se encuentran detenidos con prisión preventiva y sin condena. Alberto Fernández dijo la semana pasada -una vez más- que los presos están presos arbitrariamente y que los procesos deben sustanciarse en libertad. Y agregó: "Si la Justicia quiere volver a ser justicia, tal vez cambie". Esas palabras resuenan en los pasillos judiciales.
López y De Sousa
Los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, están presos en el penal de Ezeiza desde finales de 2017 por una orden del juez Julián Ercolini, por el caso en el que se investiga la adjudicación irregular de planes de pago a la petrolera Oil Combustibles, que entonces pertenecía al Grupo Indalo. En estos casi dos años, sus abogados presentaron varios pedidos de excarcelación que les fueron denegados en distintas instancias. Hay, sin embargo, dos caminos que podrían conducir a su liberación o a una modificación en sus condiciones de detención, como, por ejemplo, una prisión domiciliaria. El Tribunal Oral Nº 3 -que lleva adelante el juicio en su contra- rechazó la excarcelación de ambos, y sus abogados defensores apelaron ese rechazo ante la Cámara de Casación. El abogado de De Sousa, Carlos Beraldi, argumenta que ya no hay riesgo procesal de fuga ni de entorpecer la investigación. La Casación rechazó -con los votos de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y la disidencia de Ana María Figueroa- esas excarcelaciones, pero anuló un punto de la decisión del TOF 3 y ordenó que se pronuncie nuevamente sobre las condiciones de la prisión preventiva.
Beraldi pidió una medida alternativa para De Sousa. Por ejemplo, que pueda regresar a su domicilio y se lo vigile con una tobillera electrónica. El tribunal deberá dictar una nueva resolución sobre ese pedido, la que podría firmarse esta semana, según dijeron fuentes judiciales a LA NACION.
Pero la situación de De Sousa y López también podría verse modificada por otro movimiento. Cuando Ercolini ordenó su detención, aludió a que ambos empresarios habían tenido acciones "dirigidas a obstruir la labora de la Justicia", y detalló que se intentó vender las acciones del Grupo Indalo mientras regía una inhibición de bienes. Esos presuntos movimientos entre los empresarios e Ignacio Rosner, el dueño de la firma OP Investments, se investigan en el Juzgado Federal Nº 5, ahora a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. En el entorno de los empresarios detenidos siguen de cerca ese expediente, que, ante un eventual sobreseimiento o procesamiento de los imputados, podría ratificar o derrumbar la hipótesis del riesgo procesal.
La semana pasada, una declaración llamó la atención. El jurista Ricardo Gil Lavedra, que representó a la AFIP durante la instrucción de esa causa, dijo en comunicación con El Destape Radio que no está de acuerdo con que De Sousa y López estén detenidos durante el proceso. Como abogado del ente recaudador había sido muy crítico del fallo de Cámara que en marzo del año pasado modificó la carátula y provocó su excarcelación.
De Vido
También hay miradas fijas sobre una eventual resolución a favor de Julio De Vido, el exministro de Planificación kirchnerista, que está detenido en el penal de Marcos Paz y lleva casi dos años preso. Su abogado, Maximiliano Rusconi, pidió la domiciliaria para De Vido por razones de salud y porque está cerca de cumplir 70 años, edad en la que la ley permite conceder ese beneficio los detenidos. Rusconi pidió la excarcelación de De Vido, pero Bonadio la rechazó sin ordenar un peritaje médico. Esa decisión fue apelada y ahora debe ser resuelta en la Sala I de la Cámara Federal, que interviene en los dos expedientes por los cuales Bonadio ordenó la detención de De Vido: la causa de los cuadernos y la del gas licuado.
La causa del gas licuado también tiene una definición pendiente en la cámara. Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi deben confirmar o revocar los procesamientos que dictó Bonadio contra Cristina Kirchner, De Vido, Roberto Baratta y demás exfuncionarios de la cartera de Planificación en esa causa. Ese expediente es el que mantuvo por conexidad a Bonadio al frente de la causa de los cuadernos de las coimas. Baratta y De Vido habían recibido la falta de mérito por una decisión de la cámara, al encontrar inconsistencias en el peritaje que el juez había utilizado como prueba para procesarlos y detenerlos.
De Vido, además, está detenido por la causa de Río Turbio. El juez Luis Rodríguez, a cargo de ese expediente, ordenó su detención y desafuero en 2017 por la destrucción de pruebas, y la cámara confirmó esa medida al considerar que, como titular al frente de la Comisión de Energía, De Vido tenía poder para entorpecer la investigación. La condición de De Vido cambió: desaforado y fuera de su banca, ya no preside esa comisión en el Congreso y espera una decisión judicial que lo favorezca con la prisión domiciliaria.
"Todo lo que hagamos de ahora en más va a ser ultrainterpretado", dijo un juez federal a LA NACION. Parece estar en lo cierto. La semana pasada, en Comodoro Py se firmaron fallos que fueron interpretados según el resultado electoral de las PASO, en las que un aluvión de votos posicionó al kirchnerismo sobre el macrismo con 15 puntos de diferencia. La Cámara Federal anuló los procesamientos que había dictado el juez Marcelo Martínez de Giorgi en uno de los casos de corrupción de Odebrecht por las coimas para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Allí se anularon la falta de mérito que había recibido el primo del Presidente, Ángelo Calcaterra, y los procesamientos de De Vido, Baratta y José López, entre otros.
Pero hay otro fallo pendiente sobre el caso Odebrecht, y es el de los procesamientos que dictó el juez Sebastián Casanello a De Vido, Jorge "Corcho" Rodríguez, Aldo Roggio y Carlos Wagner, entre otros, por irregularidades en dos plantas potabilizadoras de AySA.
En tanto, al presidente Mauricio Macri y su entorno de funcionarios les sonaron las alarmas esta semana: la Cámara Federal avaló la investigación del juez Ariel Lijo por la causa del Correo Argentino, al rechazar planteos de nulidades de las defensas de Oscar Aguad y de los directivos de la firma, y el juez Bonadio pidió informes sobre las licitaciones para la construcción del Paseo del Bajo.
