López Murphy y Carrió actuarán rápido y con acento en lo social

Los candidatos por el Movimiento Federal Recrear (MFR), Ricardo López Murphy, y por Afirmación para una República Igualitaria (ARI), Elisa Carrió, son conscientes de que tienen que actuar con rapidez y que los primeros cien días de gestión serán cruciales para la imposición de nuevas reglas de convivencia política y de programas para atender la crisis social.

El porcentaje de votos por el cual accedan a la Casa de Gobierno será central a la hora de debatir con el Congreso, cuyas cámaras, al menos hasta diciembre próximo, no le darán fácilmente quórum para tratar sus proyectos más urgentes.

Prácticamente desde que lanzó su candidatura, López Murphy ha anunciado en sus discursos de campaña que apenas asuma su cargo sobrevendrá "una madrugada estremecedora", durante la cual se terminarán de redactar los proyectos de ley con los que procurará "cambiar el país".

Persuadido de querer "construir una gigantesca clase media", López Murphy ha insistido en que trabajará para mejorar el sistema educativo.

Según sus palabras, la atención de los menores desprotegidos será central en su gestión. Para ello, modificará el actual sistema de planes sociales de los jefes y jefas de hogar para que sean los niños los que los reciban.

"Así, los padres podrán conseguir trabajo y no perderán el subsidio", dice López Murphy, al aclarar que "los chicos, para percibir ese beneficio, deberán concurrir a la escuela, tener documentos, vacunarse y desarrollar actividad deportiva".

"Hay que igualar para arriba", advierte este economista nacido y criado en el seno de la UCR, que después de no haber contado con el respaldo del presidente Fernando de la Rúa, que lo había designado ministro de Economía y lo apoyó por apenas 15 días, decidió romper lazos con su origen político y fundar su propio movimiento.

Como economista, tiene claro el panorama de endeudamiento externo y de desfase interno con que se topará si accede al sillón de Rivadavia, pero en su estrategia de gestión privilegia "recuperar la cultura del trabajo y respetar el derecho de propiedad y de los contratos".

Su idea -"mi sueño", como gusta decir en los actos proselitistas al recordar que proviene de familia de inmigrantes- "es que el país vuelva a ser próspero", y para eso "el progreso es vital".

Mucho se ha dicho y se dirá sobre la simpatía del establishment hacia su figura. "No sé si me quieren, pero debo ser el candidato del establishment pobre porque no han puesto un centavo en mi campaña", suele decir.

Pero, con sus antecedentes como economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y su programa de ajuste presupuestario en su paso por el Ministerio de Economía, en marzo de 2001, se sabe que contará con el respaldo de los empresarios. Por añadidura, se espera que cuente con el respaldo de quienes reconocen en él a un ministro que habló sin ocultamientos sobre al situación real del país nueve meses antes de que todo se desplomara.

Delicada, en cambio, será la relación con las asociaciones gremiales si se tienen en cuenta apenas dos aspectos: impulsará una renovación democrática de esas estructuras y, entre sus colaboradores en esa área contará con la experiencia de la ex ministra de Trabajo y actual candidata a jefa de gobierno porteño, Patricia Bullrich, que durante su gestión aliancista impulsó algunas medidas de transparencia gremial que no pudo concretar.

Sus viajes por el exterior en tiempos de campaña -fue recibido por Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil; por el jefe del gobierno español, José María Aznar, y por el mandatario de Chile, Ricardo Lagos- le han permitido medir su figura en relación con sus rivales.

Pero, más allá de todo lo que tenga para ofrecer, López Murphy tiene menos de una semana para convencer a los ciudadanos argentinos para que le confíen el más preciado bien secreto que sólo develarán las urnas el 27 de abril, después de las 18: el voto que le permita acceder a la presidencia.

Prioridades

Para cumplir con sus promesas de campaña, Carrió promete actuar rápido. El llamado a consulta popular sobre cinco o seis temas centrales será la primera medida de su eventual gestión presidencial, y condición indispensable para compensar la falta de apoyo parlamentario, y las ríspidas relaciones que sostiene con el Poder Judicial y el empresariado.

El Ingreso Ciudadano para niños y mayores de 65 años; los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros; una reforma judicial que incluya el juicio político y la remoción de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia; una política exterior que se acerque a Brasil y se aleje de EE.UU.; una política económica basada en el crédito a las pequeñas y medianas empresas; defensa irrestricta de la banca pública. Estos serían los principales temas que la diputada chaqueña pondría a consideración de la ciudadanía durante los primeros treinta días de gobierno, a fin de comenzar su gestión con un amplio respaldo popular.

Si ese apoyo se consigue, según la candidata, el Congreso le daría un voto de confianza. "Hay muchos diputados que quisieran votar en favor del pueblo, pero las oligarquías partidarias no los dejan", explicó Carrió a los miembros de la mesa del Diálogo Argentino, el miércoles último. "Los votos me darán la legitimidad, y los otros poderes deberán plegarse a él", dijo.

Descabezar a la Corte sería otro de sus objetivos. "Siguen siendo el reaseguro de la impunidad del pasado", repite la chaqueña cada vez que le preguntan sobre el tema. Carrió, que ya intentó destituir a los ministros del alto tribunal como parte de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados a principios de 2002, no dejaría esta vez pasar la oportunidad de remover a funcionarios que considera " dependientes del poder menemista".

Su triunfo impondría también una nueva relación con el empresariado. "Hay muchos empresarios decentes, tanto grandes como pequeños", debió explicar la líder de ARI, que no suele reunirse con los hombres de empresas, y ha delegado toda gestión en su compañero de fórmula, el diputado mendocino Gustavo Gutiérrez.

Ese culto a la transparencia tiene como objetivo un gobierno sin condicionamientos. "No le debemos nada a nadie. Por eso, no tendremos problema en llamar a los mejores de cada área", deslizan muy cerca suyo, aclarando que la campaña proselitista insumió menos de cien mil pesos de gastos, y que los fondos provinieron de particulares que realizaron donaciones a través de una línea telefónica.

Carrió instrumentaría, además, una profunda reestructuración del sistema impositivo. Con esos ingresos extras, asegura la candidata, se llegaría a los casi diez mil millones de pesos anuales, necesarios para concretar el ingreso ciudadano.

Cuando un representante del Diálogo le consultó que pasaría si la reforma impositiva no tiene éxito y los fondos escasean, la diputada no dudó. "No dudaría en emitir Lecop, si fuera necesario. Ese ingreso es la prioridad y el motor de todos los demás cambios", destacó.

Lo Vuolo es número puesto

Aunque la candidata de ARI y su entorno guardan absoluto silencio cuando se les piden nombres de posibles ministros, Elisa Carrió confía en la capacidad de algunos dirigentes de su confianza, que sin duda tendrían algún asiento disponible en las reuniones de gabinete.

Rubén Lo Vuolo, el economista que diseñó el ingreso ciudadano para la niñez y la propuesta económica de ARI, sería el candidato número uno para ocupar el Ministerio de Economía. Alberto Barbeito y su equipo de economistas del Centro de Investigación en Políticas Públicas (CIEPP) sería la base logística de su gestión.

En materia de política exterior asesoran a Carrió el embajador Miguel Angel Espeche Gil y el diputado Carlos Raimundi.

La cartera de Salud estaría a cargo de la diputada Alicia Gutiérrez, en tanto que el nombre del diputado Eduardo Macaluse se menciona para hacerse cargo del área educativa.

La diputada Marcela Gutiérrez, ex titular de la Dirección Nacional de la Mujer en el partido de Vicente López, es la experta en el área de Justicia, mientras que Alberto Binder se encargaría del área de seguridad.

Nadie duda de que los diputados Graciela Ocaña y Rafael Romá formarían parte de un eventual gobierno de ARI. Carrió expresó más de una vez que le gustaría ver a Ocaña como eventual jefa de Gabinete de su gobierno y, aunque nada se dijo sobre Romá, no sería extraño que ocupara la cartera de Interior o la Secretaría General de la Presidencia.

Por Jaime Rosemberg

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