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Los empresarios acusados ofrecieron desde un departamento en Miami, hasta un barco o dinero para cerrar el juicio
Las cifras oscilan entre el millón y medio de dólares y el millón de pesos; los abogados defensores reforzaron el ofrecimiento señalando las dificultades que conlleva realizar un juicio tan grande
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Casi 50 empresarios de primera línea, la mayoría del rubro de la construcción, ratificaron sus pedidos ante el Tribunal Oral 7 para, a cambio de una suma de dinero, extinguir la acción penal en su contra en el marco de la causa por los Cuadernos de las Coimas y evitar así ser juzgado en el debate oral que comienza en noviembre.
Cada uno a su turno, fueron convalidando a través de sus abogados cifras que oscilaron entre el millón y medio de dólares y el millón de pesos.
Todos están procesados en la causa por el pago de sobornos y la gran mayoría de los montos ofrecidos son nuevas expresiones de los embargos que pesan sobre ellos, actualizados por la tasa activa del Banco Nación.
La gran mayoría se limitó a ratificar los escritos ya presentados ante el Tribunal, evitando referirse al monto ofrecido. Otros, en cambio, lo explicitaron.
La defensa de Ernesto Clarens, por caso, ofreció un departamento en Miami y una embarcación, cuyo valor, sostuvo su abogado defensor, ronda el millón y medio de dólares.
Una de las cifras más impactantes llegó con el empresario Miguel Marcelino Aznar. Su abogado dio a conocer una “oferta” -tal como se dijo en diversos tramos de la audiencia- de más de 1.100 millones de pesos.
Propuestas por entre 300 y 800 millones de pesos presentaron los empresarios Gabriel Pedro Losi, Miguel Ángel Marconi y Fabián Ezequiel García Ramón.
También Mario Rovella, que ofreció 732 millones de pesos y el empresario José Paolini, que ofertó 826 millones de pesos. “Un claro gesto de interés por reparar el supuesto perjuicio”, dijo su abogado, José María Salinas.
El empresario Alberto Ángel Padoán, por su parte, ofreció una propuesta de 100 mil dólares. Cifras por debajo de los 5 millones de pesos fueron ofrecidas por Luis Armani, Carlos Eduardo Arroyo, Carlos Daniel Román y Sergio Taselli, que también optó por ofrecer una suma en dólares: 10 mil.
Algunas de las ofertas son a modo de reparación y otras como un mecanismo de conciliación.
Por parte de los letrados hubo numerosas referencias a que existe una “errónea interpretación” sobre el mecanismo; y que “no se paga para zafar” del juicio oral, como señaló el letrado Aldredo Huber, defensor de Walter Fagyas, extitular de ENARSA.
Otros abogados buscaron reforzar sus propuestas señalando la gran cantidad de dificultades que conlleva poner en marcha un juicio de esta magnitud, en el que hay más de 600 testigos citados a declarar.
Luciano Marcelo Pauls, abogado del empresario de la construcción Adrián Pascucci, afirmó directamente que el debate oral de noviembre “no puede llevarse a cabo”.
Enumeró varios motivos -replicados luego por algunos de sus pares- por los que el abogado afirmó que el juicio “no es sostenible en el tiempo”. Calculó, por ejemplo, que serán necesarias entre 500 y 1.000 audiencias y que su desarrollo se daría a lo largo de por lo menos 10 años. “Probablemente yo no esté”, afirmó.
Agregó también que el desarrollo del juicio impactará de lleno en toda la dinámica del sistema de judicial, porque muchos de los abogados defensores trabajan en otros procesos judiciales, también extensos y complejos. Fue respaldado por muchos de sus colegas, algunos de los cuales repararon en la avanzada edad de sus clientes.
Contra esta idea y el mecanismo en general, se expresó la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante en el expediente. El titular del área de litigios, Mariano Galpern, objetó sin miramientos al planteo de los empresarios.
“Que un juicio sea complejo o extenso no justifica extinguir la acción, exige más compromiso institucional”, contrapuso, y se preguntó con ironía: “¿Cuanto más complejo es el caso más fácil la salida?“.
Permitir esta maniobra, dijo Galpern, sería “mercantilizar la corrupción” y “banalizar delitos de enorme gravedad institucional”.
“El dinero nunca compensa el deterioro institucional, la pérdida de confianza en el sistema democrático, [ni] el descrédito en la administración pública”, argumentó.
Las ofertas serán evaluadas por los jueces del tribunal, Enrique Mendez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. De aceptarlas, los empresarios evitarán formar parte del juicio oral y público, cuyo inicio está previsto para noviembre de este año.
En casos previos, la fiscal Fabiana León ya había marcado su rechazo sobre la reparación integral, pero hubo gran expectativa entre los empresarios para conocer su opinión en este caso puntual.
Muchos de ellos pidieron que la fiscal se expresara primero, al comienzo de la audiencia, para conocer al menos en términos conceptuales su postura respecto al mecanismo del que echaron mano, pese a que opinión, dijeron varios de ellos, no es vinculante.
“Entendemos que la opinión de la doctora León es muy importante; si accediera al instituto, […] terminaría sobre el estado de incertidumbre que pesa sobre el resto de los imputados”, afirmó Ricardo Saint Jean, el abogado que representa a Roberto Juan Orazi y abrió la audiencia.
Muchos de sus colegas replicaron este pedido, pero el titular del TOF 7, Mendez Sigorni, ratificó la dinámica prevista para la audiencia y dejó la exposición de la fiscal León para el final.
Para ese entonces, gran parte de los empresarios había abandonado la audiencia por “compromisos ineludibles” o cuestiones de salud, según expresaron sus abogados oportunamente, y no alcanzaron a escuchar de primera mano la exposición de la fiscal León, que se opuso con dureza.
Por el lado de los funcionarios implicados en la trama, estuvo presente hasta pasado el mediodía el exministro de Planificación, Julio De Vido, que también se retiró, y Gabriel Presa, abogado del ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
También la abogada del exfuncionario del Ministerio de Planificación, Hernán Camilo Gómez. “Solamente cumplía órdenes” y “no tenía capacidad de comprometer al Estado o al ministerio”, afirmó su defensa.
Por parte del empresariado, participaron de la audiencia de manera directa o a través de sus representantes legales, Armando Roberto Loson; Hugo Alberto Dragonetti; Angelo Calcaterra; Aldo Benito Roggio; Enrique Menotti Pescarmona; Carlos Eduardo Arroyo y Carlos Daniel Román; Ernesto Clarens; Osvaldo Manuel De Sousa; Cristóbal López; Juan Manuel Collazo; Mario Rovella; Marcelo Marcuzzi; Mario José Maxit, César Arturo De Goycoechea; Roberto Armando Loson; Patricio Gerbi; Pablo José Gutiérrez; entre otros.
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